Cargando...La deuda pública española se encaramó el pasado junio al 90,3% del PIB, lo que significa que las Administraciones deben una cuantía casi equivalente a la producción global de la economía en un año. Este desbordamiento del 90% es especialmente significativo por dos motivos. Primero, porque supone que España supera por vez primera la media de la deuda de los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE), cuando hace seis años, en 2007, lucía uno de los mejores guarismos, al superar apenas el 36%. Y segundo, porque el 90% se ha venido considerando por algunas escuelas de economistas y políticos como una frontera peligrosa, a partir de la cual el crecimiento económico tendería a caer en picado. Es cierto que el debate académico ha ido matizando severamente la proposición inicial de quienes la formularon, pero el 90% no deja de constituir una cierta barrera psicológica, que nos recuerda que el tamaño del endeudamiento ni puede (porque los mercados no lo permiten) ni debe (porque su coste resulta exponencial) ser ilimitado: la factura de los intereses de la deuda superará largamente este año el coste de la financiación del desempleo.
Resulta oportuno matizar. No es lo mismo que la deuda pública esté mayormente en manos de los residentes (como sucede en Japón, que duplica largamente el nivel español, y en menor medida en Italia) que en el exterior (caso de España), porque en esta última tesitura los bonos y otros instrumentos públicos son más vulnerables a los temores y/o caprichos de los mercados internacionales, y de sus agentes menos bondadosos. Ni tampoco es lo mismo que la deuda se genere para financiar un gran programa de inversiones, cuyos resultados se supone que contribuirán a su pago, que se origine porque no hay más remedio. Este es el caso español, tributario de una crisis feroz, que ha generado unos déficits públicos demasiado cuantiosos, casi automáticamente convertidos en deuda. Va a ser difícil que el Gobierno cumpla sus propias previsiones de situar la deuda en el 91,4% a fin de año, dado que la Administración central ya ha consumido en el primer semestre todo su margen de déficit para el ejercicio.
De modo que lo más probable es un acelerón adicional del endeudamiento en los próximos meses. No estamos aún en un punto de gravedad extrema, ni en una situación de no retorno. La deuda es un mecanismo para periodificar las situaciones adversas, y que por suerte el coste de las emisiones va descendiendo al compás de la reducción de la prima de riesgo. Esa mejora no debería dilapidarse por la incapacidad de sujetar las cuentas públicas. Esta es la alarma que conviene encender: conviene no endeudarse más a consecuencia de una dejación en el control del gasto y de un abandonismo en la persecución de un mayor ingreso, sobre todo mediante la lucha contra el fraude fiscal. Ojalá pudiera decirse que la deuda aumenta porque ha aumentado la inversión pública, sobre todo la más productiva, y por tanto hay que financiarla. Pero, a todas luces, no es eso lo que hay.