El último Consejo de Ministros del año lanza un decreto ley con un nuevo plan anticrisis -el tercero, desde el inicio de la pandemia y posterior ola inflacionaria- que tendrá un coste de 10.000 millones de euros, y que buscará -en palabras del ejecutivo- «proteger a los sectores más vulnerables de la elevada inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania», poniendo un especial foco en el coste de los alimentos, en limitar las subidas del alquiler, o en ayudas directas a familias desfavorecidas o a sectores productivos golpeados por la subida de los precios.

¿Cuáles son esas medidas?

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Alimentación

• Se elimina el IVA (pasa del actual 4% al 0%) para los alimentos de primera necesidad hasta final de junio. Esto incluye pan, harinas panificables, leche de cualquier especie animal, queso y huevos. También las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Sin embargo, no se incluye a la carne ni el pescado.
• Además, se reduce a la mitad el IVA (del actual 10% al 5%) para los aceites (incluye el de oliva) y la pasta alimenticia.

Vivienda

• Se prorrogan durante seis meses las condiciones de los contratos de vivienda en alquiler en su renovación, para evitar subidas abusivas.
• Más allá de esos seis meses, se extiende hasta final de año el límite del 2% a la actualización anual del alquiler a los contratos que expiren antes del 30 de junio.
• Además, se prorroga seis meses más la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, y se prohíbe para todo 2023 el corte de suministros esenciales y la extensión del bono social.

Ayudas a los más vulnerables

• Se crea una ayuda de 200 euros para 4,2 millones de familias, con rentas anuales de hasta 27.000 euros. Se trata de un pago único que se hará por transferencia bancaria, y previamente hay que solicitarlo en la Agencia Tributaria.
• Se mantiene el incremento del 15 % del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas.
• Se ratifica la revalorización del 8,5 % de las pensiones en el 2023, de acuerdo con el incremento de la inflación, garantizando este año el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados.

Transporte

• Los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalíes y Media Distancia seguirán siendo gratuitos durante 2023.
• Se prorroga el descuento del 30% del transporte público urbano e interurbano, pero solo en los territorios donde el Gobierno autonómico y municipal lo complementen hasta el 50% (en aquellos lugares donde CCAA o ayuntamientos no aporten esos otros 20 puntos, el Gobierno tampoco sufragará su parte).

Energía y combustibles

• Se prorroga el descuento de 20 céntimos por litro de carburante, pero sólo para el transporte profesional por carretera, agricultores, navieras y pescadores. Se suprime la ayuda general para los particulares. Esto tiene un coste de 240 millones de euros.
• Cambia la forma de la bonificación: no se reducirá el importe cada vez que se reposte, sino que se abonará a los transportistas al final de cada mes junto con las liquidaciones mensuales del denominado gasóleo profesional.
• Los agricultores también recibirán en los combustibles otra ayuda, de hasta 20 céntimos por litro, mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos.
• Prórroga durante seis meses de la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas.
• Se congela el precio máximo de la bombona de butano.

Agricultores y pescadores

• Además de la ayuda en el combustible, se crean ayudas directas a los agricultores de 300 millones, para compensar el aumento de los costes por el encarecimiento de los fertilizantes.
• El Ejecutivo vigilará que esas ayudas se trasladen correctamente al precio de los alimentos, impidiendo que los distribuidores se queden con un mayor margen manteniendo los precios de productos que, en teoría, deberían abaratarse.
• Ayudas directas para los pescadores, valoradas en 120 millones.

Políticas de empleo

• Se mantiene la prohibición del despido en las empresas adscritas al programa de ayudas por el aumento de los costes energéticos derivados de la guerra de Ucrania.
• Se prorroga el contrato de relevo y la jubilación parcial hasta 2024 para impulsar el reemplazo generacional y la creación de empleo, especialmente en la industria.

Otras medidas anticrisis

• Apoyo a la industria gasintensiva con una nueva línea de liquidez del ICO de 500 millones de euros y 450 millones de euros en ayudas para el sector de la cerámica y otros subsectores altamente dependientes del gas.
• Se mantiene en el 0,5% el impuesto especial sobre electricidad para la industria electrointensiva
• Se da luz verde a la jubilación activa mejorada, que va a permitir que profesionales sanitarios de atención primaria, médicos de familia y pediatras en edad de jubilación puedan continuar durante los próximos 3 años compatibilizando el 75 % de su pensión con el servicio activo a tiempo completo o a media jornada. Se busca así ganar tiempo mientras se fortalece una plantilla escasa y envejecida en estas especialidades, con oposiciones y mejorando las condiciones para hacerlas atractivas.

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Medidas positivas, medidas bienvenidas

El decreto ley anticrisis que lanza el gobierno y que entra en vigor con el inicio del año incluye por una parte la prórroga de algunas de las medidas actualmente en vigor y que expiraban el 31 de diciembre, y por otra parte lanza nuevas medidas nuevas relacionadas, principalmente, con la cesta de la compra y la vivienda.

Se trata del tercer plan anticrisis que el gobierno de coalición PSOE – Unidas Podemos ha lanzado desde 2020. Desde entonces, el ejecutivo ha movilizado recursos por valor de 45.000 millones de euros destinados en gran parte a proteger de las peores consecuencias de la crisis a las clases medias y trabajadoras y a los sectores más vulnerables, duramente golpeadas por un brutal aumento del coste de la vida que devora sus rentas.

Todas las medidas que ayuden -aunque sea parcialmente, aunque sea durante un tiempo limitado, aunque sean mejorables o ampliables- a las clases populares y especialmente a los sectores más desprotegidos, a resistir los peores efectos del alza de los precios, son positivas y son bienvenidas.

Y son reconocidas y apoyadas por una abrumadora mayoría de españoles, como mostró una reciente encuesta (octubre) de del instituto demoscópico de 40dB para El País. Un 82% apoyaba la reducción del precio del transporte público; en torno a un 75% aplaudía la bonificación de 20 cts por litro de carburante, el tope al precio del gas, la bajada del IVA de la luz, las ayudas económicas a las rentas más bajas, la supresión de los desahucios a las personas vulnerables; y hasta un 66% respaldaba el impuesto a la banca y las eléctricas.