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Por una parte, porque el dinero de los recortes que se destinaba a mantener abiertos ambulatorios y quirófanos, a los salarios de enfermeras y médicos o a las prestaciones sanitarias, ahora se lo embolsa la gran banca nacional y extranjera en forma de intereses de la deuda pública, que ya es la mayor partida de los Presupuestos Generales del Estado.
Por el otro, porque está poniendo la sanidad pública en manos de grandes empresas sanitarias privadas –dominadas por los fondos de inversión anglosajones– que se hacen con su control con el único objetivo de obtener los mayores beneficios posibles.
«Mientras se da el dinero de la sanidad pública a la banca, se pone nuestra salud en manos de los fondos de capital riesgo» En las última semanas, el grupo Capio –el mayor grupo sanitario de España, propiedad del fondo de capital-riesgo anglosajón CVC Partners Capital, íntimamente ligado al banco norteamericano Citigroup– se hacía con el control de Ribera Salud. Y a través de él gestionará la atención pública integral (es decir, desde los ambulatorios hasta los hospitales) de un 20% de la población de la Comunidad Valenciana, más de un millón de usuarios.
Paralelamente, el 74% del segundo grupo sanitario español, USP Hospitales, caía en manos del fondo de inversión anglo-norteamericano Doughty Hanson.
La estrategia de estos fondos de capital riesgo es bien conocida. Comprar en momentos de dificultad una empresa a precio barato, reflotarla reduciendo costes (despidos masivos, rebaja de salarios, venta del patrimonio,…) y revenderla al poco tiempo por un precio al menos 3,5 veces superior al que la compraron.
Al mismo tiempo que el dinero de la sanidad pública está siendo entregado a la gran banca, se pone nuestra salud en manos de esta gente. Una política que medida en sus justos términos, es decir en cuánta salud y cuánta vida se está robando a cuánta gente para que unos pocos se beneficien, es literalmente de juzgado de guardia. Quizá por eso tanto empeño en que no haya jueces como Garzón.