Tres vectores desestabilizadores convergen sobre Venezuela, y todos con el mismo punto de origen: Washington. Primero, el triunfo del impeachment en Brasil, apartando del cargo a Dilma Rousseff, que vaticinan un mayor impulso a la estrategia de ‘golpes blandos’ contra el resto de los gobiernos antihegemonistas del continente. Segundo, las declaraciones del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe desde Miami, pidiendo abiertamente la intervención militar de EEUU contra el gobierno de Maduro. Tercero, las graves dificultades económicas del país -provocadas por una ‘guerra económica’ de desabastecimiento, acaparamiento y boicot empresarial diseñada desde Washington- ante las que el gobierno bolivariano ha decretado la prórroga (por 60 días más) del Estado de Emergencia Económica que propulgó en enero.
“Los tiempos de los golpes de Estado han vuelto, en tiempo de golpe de Estado, más Revolución”, ha dicho Nicolás Maduro, refiriéndose al conjunto de América Latina y a la situación de su propio país. “Ya hemos visto la imagen de Brasil, con la oligarquía firmando y quitándole el poder al pueblo”, dijo señalando explícitamente la responsabilidad de EEUU en el impeachment contra Rousseff. “Tienen el gran objetivo de derrotar los logros de nuestra América» y detener el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)”, señaló el presidente venezolano. «Uribe, conocido por sus vínculos con los paramilitares y por su total alineamiento con la línea dura de Bush, pidió desde Miami que Washington repitiera la exitosa experiencia del impeachment brasileño contra Maduro»
Y efectivamente, las turbulencias desestabilizadoras contra Venezuela se intensifican. A la ofensiva lanzada desde la derecha de promover un referéndum revocatorio contra Maduro antes de que haya cumplido la mitad del mandato, se unen las declaraciones de Alvaro Uribe, que fuera presidente de Colombia. Uribe, conocido por sus vínculos con los paramilitares y por su total alineamiento con la línea dura de Bush, pidió desde Miami que Washington repitiera la exitosa experiencia del impeachment brasileño contra Maduro, y que “algún país debe proteger a la oposición venezolana con sus fuerzas armadas”.
Ante estas amenazas golpistas -blandas y duras- el gobierno de Venezuela ha respondido renovando el decreto de estado de excepción y de emergencia económica (por los otros 60 días que le permite la Constitución) para enfrentar la “embestida de la oligarquía y la guerra financiera internacional”.
El estado de emergencia económica da poderes extraordinarios al ejecutivo para que el Estado pueda garantizar la distribución de alimentos y medicinas, y otros bienes de primera necesidad, y fortalece a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción para que estós puedan gestionar la distribución directa de insumos básicos entre la población. Además permite combatir con medidas drásticas las prácticas desestabilizadoras de acaparamiento de mercancías o huelgas patronales, prácticas ilegales que el sector más vendepatrias de la oligarquía venezolana promueve para agravar la crisis y generar descontento popular. “Planta parada, planta entregada al pueblo, estoy listo para hacerlo y radicalizar la Revolución», ha dicho Maduro. El estado de emergencia le da más facilidades para poner las plantas productivas paradas por boicot patronal, a funcionar bajo el control de los trabajadores.
La puesta en marcha del plan llamado “Motor de Economía Comunal”, busca no sólo superar la grave coyuntura de ‘guerra económica’ que sufre el país, sino crear las bases de una economía diversificada que sea capaz de superar la hiperdependencia del “monocultivo” de la industria del petróleo, una de las grandes debilidades de Venezuela, sobre las que actúa la intervención de Washington.
El Motor Comunal se apoya en las masas trabajadoras venezolanas, impulsando la producción de alimentos y bienes básicos, así como su distribución. Incluye la inversón de hasta 7000 millones de dólares en siete grandes proyectos agrícolas, en manos de los propios trabajadores, así como fortalecer su capacidad logística con la compra de vehículos de carga, como los casi 300 camiones entregados a las comunas populares para que distribuyan los alimentos que producen. Otras experiencias semejantes están siendo abordadas en sectores estratégicos como el farmacéutico, industria pesada, hidrocarburos, petroquímica, minería, turismo, construcción, telecomunicaciones e informática, creando industrias básicas, estratégicas y socialistas.