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El caso de Felipe Rivas, vecino de Tarragona de 64 años, es la última punta de iceberg de la criminal política doble, que viene ya de lejos, de recortar la asistencia, legalizar la denegación de auxilio y convertir a los médicos en sus «grises funcionarios».
A la angustia por padecer un infarto, a Felipe Rivas se le añadió, el pasado 19 de diciembre, la angustia de no llegar a tiempo para ser tratado. No porque su ambulancia llegara tarde, sino porque llegó al Joan XIII de Tarragona media hora antes de que la Unidad de Hemodinámica cerrara. O sea, que como “no daba tiempo” a operarle, en lugar de ser atendido fue trasladado por los servicios del Sistema de Emergencias Médica (SEM) a Bellvitge, provincia de Barcelona, a más de 100 kilómetros, donde fue tratado dos horas después. Felipe necesitaba una angioplastia primaria de forma urgente, que consiste en eliminar la obstrucción de la arteria coronaria afectada antes de 120 minutos, un tratamiento que precisa una unidad especializada, parecida a un quirófano. Cuanto más se tarda en intervenir más riesgo hay que alguna de las partes del corazón se pare. El motivo de tan surrealista decisión es, dicho en plata, que ya no se pagan las horas extras del personal. La versión del hospital es, como siempre, que “siguió los protocolos previstos”. O sea, que mientras algunos centros cuentan con unidades de hemodinàmica que funcionan las 24 horas del día, otros tienen un horario reducido dictado por el CatSalut. En el Joan XXIII es de ocho de la mañana a cinco de la tarde sólo los días laborables. Pero, atención al dato, «mientras se atienden unos 80 infartos cada año, otros 200 (¡¡casi el triple!!) tienen que ser trasladados hasta Barcelona». Eso sí, si no le gusta páguese una mutua privada en la provincia. Cada día es más urgente expropiar la sanidad de manos de esta gente.