¡No son suicidios! ¡Son asesinatos!

Durante 40 años, los españoles que vivimos bajo el franquismo aprendimos una verdad incontestable: las dictaduras matan. Estos dí­as estamos comprobando cómo la dictadura financiera del capital monopolista bancario sobre la mayorí­a de la población también mata y provoca dolor e infinitos padecimientos para el pueblo. El suicidio el pasado dí­a 9 de Amaya Egaña, justo en el momento en que iba a ser desahuciada de su vivienda, ha vuelto a poner nombre y rostro a la tragedia que viven cientos de miles de familias, desatando una oleada de indignación y rabia popular que exige poner fin a esta auténtica sangrí­a.

Oleada cuyo estallido ha hecho posible la persistente lucha que desde hace años han levantado las plataformas contra los desahucios en toda España, alertado y creando conciencia del drama social que se estaba gestando. Hasta el punto de que hasta altos cargos del Estado como los jueces decanos se han visto obligados levantar su voz para denunciar la despiadada parcialidad de la actual ley hipotecaria hacia los intereses de los bancos. «Si bancos y constructoras se han hinchado a beneficios especulando con la burbuja inmobiliaria, ahora que arreen ellos, y no nosotros, con las consecuencias»

Es precisamente este aumento de la presión social, y el peligro de su desbordamiento, el que ha movido a PP y PSOE a reunirse de urgencia para, según dicen, “buscar una solución de urgencia a los desahucios”.

¿Qué Rajoy y Rubalcaba van a solucionar el problema? Pero si son el PP y el PSOE, uno aprobando la Ley del Suelo y el otro dándola por buena durante sus 7 años de gobierno los que han hinchado la burbuja inmobiliaria para que la banca se forrara a nuestra costa. ¿Qué van a tomar medidas contra los abusos de los bancos? Pero si ellos son los que han pactado todos los rescates bancarios para sacar a los banqueros de sus apuros a costa de nuestro dinero. ¿Quién los puede creer?

Más allá de los maquillajes y parches que uno y otro se vean obligados a poner ante la presión de la lucha popular, el Santander de Botín ya les fijó hace unos días los límites estrictos que de ninguna manera pueden rebasar. Con su advertencia de que hay que ser cuidadosos con la modificación de la ley hipotecaria, porque muchas de las hipotecas concedidas por la banca española están empaquetadas y convertidas en derivados financieros en poder de la banca extranjera, Botín ha puesto el foco sobre el verdadero problema de fondo.

Aunque nominalmente usted debe la hipoteca a su banco o caja de ahorro, en realidad sus verdaderos propietarios son los bancos alemanes, franceses o norteamericanos. Las hipotecas de millones de familias españolas se han convertido en el aval de más de 600.000 millones de euros prestados por la banca extranjera al sistema financiero español. Cada pago mensual que usted cree hacer a su banco o caja, va directamente a parar al Deutsche Bank, al Paribas o a la JP Morgan de los Rockefeller. Cada hora de su trabajo y su vida, cada gota de sudor y de sangre derramadas alimenta a los vampiros financieros de Francfort, París o Wall Street. Esta es la verdad que permanece oculta detrás de cada desahucio, de cada familia sin techo, de cada suicidio. Poner fin a este sangrante saqueo exterior sobre el 90% de la población se ha convertido en una cuestión vital para todos nosotros.

Que se apruebe una ley justa de dación en pago como reclaman las plataformas contra los desahucios se ha convertido en un clamor unánime de la sociedad española. No arregla el problema de fondo, ya que las familias han de entregar las llaves de su vivienda al banco cuando ya llevan pagados miles y miles de euros, pero al menos aliviaría la situación de muchas de ellas que de lo contrario deberán arrastrar una deuda de por vida. Y por ello supondría una conquista frente a la extorsión y la usura bancaria.

Sin embargo, hemos llegado a una situación en que esto, con ser necesario, ya no es suficiente. Hay que pasar a exigir que se apruebe una ley que imponga obligatoriamente a los bancos una moratoria en el pago de las hipotecas, tanto del principal como de los intereses, de todas aquellas familias que no dispongan de ingresos de al menos la cuantía mensual de la hipoteca más 1.000 euros para poder vivir dignamente.

¿Acaso el Estado con dinero público, es decir, dinero de todos, no ha dado cientos de miles de millones a los bancos, alargando los plazos de devolución –si es que alguna vez los devuelven– hasta que estén saneados y vuelvan a obtener beneficios?

Pues exactamente lo mismo, pero al revés, proponemos que se haga con las familias amenazadas de desahucio.

Si bancos y constructoras se han hinchado a beneficios especulando con la burbuja inmobiliaria, ahora que arreen ellos, y no nosotros, con las consecuencias.

Si Botín lanza la voz de alerta, si Rajoy y Rubalcaba se ven obligados a reaccionar es porque un grupo de personas, uniéndose y organizándose en torno a las plataformas contra los desahucios, han luchado con determinación por una causa justa. Es el mejor ejemplo de cómo la unidad y la lucha organizada, removiendo la conciencia de la población, les hace daño y les obliga a retroceder. Persistir en este camino es la mayor enseñanza y el mejor homenaje que podemos rendir a la memoria de Amaya Egaña.