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Si no lo remediamos, vamos a soportar una oleada de recortes sociales como consecuencia de la aplicación del «ajuste duro», para que la banca española pueda pagar sus deudas sin recortar sus beneficios. Y volveremos a escuchar con más fuerza el sonsonete de la privatización de los servicios públicos. Nos equivocaríamos si lo relacionamos con una disputa entre lo público y lo privado. Se trata de nuevos recortes sociales, aprobados por los «poderes públicos» y ejecutados por la empresa privada.
El caso de Madrid es aradigmático de lo que se avecina. Servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales están privatizados en un grado cada vez mayor, con el único objetivo de ahorrar costes, echando las consecuencias negativas sobre las espaldas de la población.Ocho de los 32 hospitales “públicos” madrileños son de gestión privada. Los ocho nuevos hospitales construidos en los últimos años por iniciativa pública están en manos de aseguradoras médicas.La titularidad es pública, pero la asistencia será lo único público. El resto -médicos, enfermeras, técnicos, limpiadoras, cocineros…- dependen de empresas privadas que, en régimen de concesión administrativa.¿El balance de las privatizaciones? El gobierno madrileño se niega a publicar cualquier resultado, pero la única encuesta que ha vista a la luz desvela que los usuarios sólo sitúan a dos de los hospitales privados entre los diez mejores de la región.Si son las aseguradoras médicas quienes prestan servicio, ¿qué creen ustedes que prima… la salud del paciente o el beneficio del propietario?Por eso la Organización Mundial de la Salud, después de estudiar decenas de experiencias privatizadoras concluyó ya en 2006 que el desarrollo de estos modelos de gestión privada “se logra en la mayoría de las veces a expensas de la calidad en la asistencia”.La sanidad no es el único terreno donde se han acelerado las privatizaciones. Las plazas públicas en residencias para ancianos se han estancado durante los últimos diez años. Lo que más crece es la concertación con residencias privadas, que ya no son gratuitas, la administración paga un porecentaje del precio y el usuario otro. Una modalidad que ya han pretendido introducir en la sanidad, generando un escándalo público.Las denuncias por falta de personal, la mala calidad de los alimentos, las irregularidades en la dispensación de la medicación y la falta de material, como pañales, son más numerosas en las concertadas y privadas que en las públicas.Lo que esconde la privatización es una política de recortes sociales, donde los perjudicados somos los ciudadanos, y los beneficiados las grandes empresas que se llevan ganancias que deberían estar dedicadas a mejorar nuestras condiciones de vida.