SELECCIÓN DE PRENSA NACIONAL

No sé quién manda en Cataluña

No lo digo yo, lo acaba de declarar el presidente del Consejo de Ministros el día de la Fiesta Nacional. Es la confesión de adónde nos ha conducido la falta de responsabilidad de quienes tienen en sus manos el gobierno de la nación y de las restantes instituciones del Estado, porque el señor Rajoy no habla de países lejanos o exóticos, sino de una de las regiones más importantes de España que, en su opinión, está sumida en el desgobierno y que, por tanto, parece a merced del primero que intente ocupar su declarado vacío de poder. Con tales afirmaciones se culminó una semana verdaderamente dramática para los españoles y sus intereses individuales y colectivos. La pregunta que se ha hecho mucha gente, ¿quién manda aquí?, ha tenido respuesta al más alto nivel, ya que lo expresado sobre Cataluña se puede aplicar, con todos los matices que se quiera, al conjunto de España. A partir de ahí, los esfuerzos de las organizaciones políticas y de eso que se llama la sociedad civil deberían centrarse en preparar el aterrizaje suave de la alternativa a lo existente, sin perder más tiempo en las interioridades prosaicas del establishment.

El Gobierno central prefiere a Más como mal menor

Lo hemos dicho muchas veces, en Cataluña, desde hace dos años, se ha iniciado un camino, sin aparente retorno, hacia la independencia, dirigido, con algunas asistencias externas, por los catalanistas burgueses de CiU que conviene recordar han sido los soportes de la Constitución del 78 allí. Por tanto, no hablamos de unos marcianos que han aterrizado en la política catalana en el otoño de 2012, sino de unos integrantes del régimen que, por diferentes razones, han llegado a la conclusión de que ese papel ya no les interesa. A sus colegas de Madrid, fundamentalmente populares y socialistas, los quieren abandonar en medio de la crisis española que ellos pretenden eludir con el expediente de la independencia. De repente, la modorra acomodaticia de la ciudad alegre y confiada del poder se ha visto alterada por semejante decisión y cuando se han buscado los instrumentos para impedirla, se ha constatado con asombro que no existían. Con mayorías silenciosas o sin ellas, el hecho cierto es que el Estado español en Cataluña es un ilustre desaparecido: ni institucional ni políticamente tiene relevancia allí.

Ante tal situación fáctica, que no se puede cambiar en un santiamén, se han desempolvado los preceptos constitucionales y los reglamentos, tan largamente ignorados o incumplidos, para frenar el asunto. Pero, a pesar del pleito, se permite que una de las partes, los colegas de Barcelona, CiU, sigan ostentando el poder al servicio de sus objetivos, confiando en que terminen entrando en razón y “pelillos a la mar” para recuperar la entente tradicional. Lo que pasa es que es tarde para eso, primero, porque los nacionalistas burgueses de CiU van adelgazando electoralmente a marchas forzadas y segundo, porque la crisis económica y social, que está en el epicentro de lo que ocurre en Cataluña, no remite con la prontitud deseada. Las hojas del calendario van cayendo y el tiempo devora las expectativas de mejora, que son poco fundadas o voluntaristas.

Lo que desde las entrañas del establishment se considera el mal menor, es decir, que CiU siga gobernando en Cataluña es coherente con la máxima de ganar tiempo que utilizan abundantemente nuestros gobernantes cuando no saben qué hacer. Piensan que es mejor dejar a Mas y a los suyos al cargo que intervenir la Generalidad o precipitar la llegada al Parlamento catalán de otras mayorías distintas tanto social como políticamente. Y no me refiero a que gane ERC, sino a la irrupción de fuerzas más radicales, centradas en los desgarros sociales de la crisis, que no llevarán en el frontispicio de sus programas el tema de la independencia, convirtiendo al Parlamento de Cataluña en el anticipo de lo que sean las próximas Cortes Generales. Es posible que la temida ERC, que es un partido socialdemócrata catalanista y europeísta, aparezca como la fuerza más templada del futuro Parlamento catalán, aunque sin mayoría decisiva. Por ello, se puede especular con otra hipótesis que pasaría por aguardar a la demolición de CiU en las elecciones catalanas y plantear entonces la intervención del Poder Central en Barcelona.

Sin Cataluña el cambio será más doloroso

La declaración del jefe del Ejecutivo se presta a toda clase de elucubraciones, pero hay una realidad que no se puede soslayar, que es la de constatar que el melón de la crisis constitucional abierto hace dos años en Cataluña irá alimentando escenarios de inestabilidad y de desasosiego, muy difíciles de manejar por los que vienen acreditando una gestión deficiente tanto en Madrid como en Barcelona. El festival anunciado por Mas para el 9 de noviembre, acusando al Estado, no al gobierno del PP, de ser el adversario de las libertades catalanas, indica que siguen erre que erre. Ante eso, la apelación a la legalidad resulta un magro consuelo para una nación, la española, que está sufriendo en sus carnes las consecuencias de políticas dañinas en el orden social y el oprobio de las conductas de determinados responsables públicos, demasiados.

Lo que hace diferente a Cataluña es que allí la irritación social se ha pretendido conducir por el camino de la independencia por parte del nacionalismo burgués de CiU que ya se encuentra desbordado y en las últimas. Todos debemos lamentarnos de ello, porque si las energías dedicadas a ese objetivo se volcaran en pro del cambio del estado de cosas de España, éste estaría más cercano y, probablemente, sería menos doloroso de lo que va a ser sin contar con el concurso de los catalanes. Cuando salgamos del desgobierno, algunos en Madrid y en Barcelona deberán responder del inmenso daño causado por el mal uso del poder público, pero esa es otra historia.

A pesar del desánimo y de la irritación, y a fuer de voluntaristas, debemos dar la bienvenida a los ecos constructivos que procedan de los segmentos de población interesados en el cambio social y político que, a estas alturas, parece condición sine qua non para lograr la democracia y garantizar la estabilidad económica de España. Eso es lo que debe preocupar y no seguir prestando oídos a quienes tienen todavía el poder, pero que ya no son opción de futuro y esperanza de nada.

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