Cargando...El «rechazo de todo tipo de violencia, incluida y particularmente la de ETA» expresado por los promotores de «Sortu», la marca política heredera de la ilegalizada Batasuna, ha abierto el debate sobre su posible legalización. ¿Es suficiente ese rechazo a la violencia, con una mención expresa a ETA, para permitir su presencia en las próximas elecciones municipales, o se trata de una operación de maquillaje, obligada por la presión social y policial? La presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazartundua, ha dejado claro que con Sortu, «Batasuna desea una legalización muy barata. Me parece que falta mucho por hacer».
El informe olicial presentado a la fiscalía y a la Abogacía del Estado es contundente al afirmar que “el partido político Sortu es una iniciativa que tiene vinculación con lo planteado por ETA y su posterior desarrollo por la estructura dirigente de Batasuna, y que ha sido ejecutada bajo su control directo”. Documentos incautados a ETA desde 2008 declaran su intención de “crear un referente político como instrumento de sucesión de Batasuna”. Y el germen de Sortu esta en Bateragune, ilegalizada por Garzón tras demostrar que fue fundada por ETA “con la misión de armonizar la acción de todas las organizaciones del frente institucional de la banda declaradas ilegales -Batasuna, Ekin, Askatasuna, PCTV, Gestoras pro Amnistía y Segi-”. El paso dado por el entorno de ETA, condenando por primera vez, aunque sea sólo formalmente, la violencia terrorista, es producto de la firmeza democrática y la presión social, que los ha conducido a su máxima cota de debilidad. La expulsión del gobierno vasco de los sectores más reccionarios del PNV que, encabezados por Ibarretxe, les amparaban y daban cobijo, ha sido también un importante golpe al entorno de ETA. En estas condiciones, la presión de las bases abertzales, cada vez más distanciadas y enfrentadas a ETA, ha podido dejarse sentir con mayor fuerza. Obligados por las circunstancias, la dirección de Batasuna dice aceptar formalmente las normas democráticas para poder presentarse a las elecciones -y adquirir palancas de control politico y mucho dinero en subvenciones-, pero los hechos demuestran su vinculación directa con ETA. Como no podía ser de otra manera, los cabecillas del nacionalismo étnico, desalojados de Ajuría Enea, pretenden aprovechar la ocasión para “pescar en río revuelto”. Arzallus ha salido de su exilio político para apoyar un respaldar un manifiesto en apoyo a la legalización de Sortu. Y Joseba Eguibar, portavoz del PNV en el parlamento vasco pretende crear una “mesa de diálogo”, en la que se incluya a Sortu, para “avanzar hacia la paz y la normalización política”. No podemos permitir que nos engañen ni nos confundan. Como se desarrolla en los artículos de la siguiente página, la sociedad española demostró ser capaz de actuar con generosidad en el proceso de disolución de ETA político-militar, a condición de que el abandono de las armas fuera real. Pero también fuimos “estafados” al aceptar la presencia legal de Euskal Herritarrok que, en los momentos más sangrientos de la ofensiva del nazifascismo de los Arzallus e Ibarretxe, se convirtió en plataforma política para la actividad criminal de ETA. No es el momento de dar al entorno de ETA -a cambio de casi nada- el oxígeno político que les supondría poder presentarse a las municipales. Si algo hemos avanzado no ha sido precisamente por la vía de las concesiones, sino por la de redoblar la firmeza democrática. Los precedentes La disolución de ETA p-m ¡Que se disuelva ETA y hablamos! Nadie duda que si ETA abandonara la violencia, basada en el arrepentimiento y la reparación a las víctimas, se puede abrir un proceso de negociación, con el único fin de pactar la rendición de los pistoleros, y sin entregar contrapartida política alguna, que una vez culminado permitiera su participación legal en la política vasca. El precedente de ETA político-militar así lo demuestra. El 30 de septiembre de 1982, una decena de dirigentes de ETA político-militar VII Asamblea anunciaban en el frontón Euskal-Jai de Biarritz la disolución de esta rama de la organización. El anuncio del Euskal Jai fue la culminación de una negociación encabezada por el miembro de Euskadiko Ezkerra, Juan Mari Bandrés, y Mario Onaindia, dirigente de Eusko Iraultzarako Alderdia. Las claves de aquella apuesta, a diferencia de contactos posteriores con ETA militar, fue que la negociación política quedaba al margen del proceso. Hubo una rendición incondicional, una entrega efectiva de las armas y una disolución completa de la banda terrorista. Sobre esa base, pudo negociarse, con evidente generosidad por parte de la España democrática, la reinserción de los miembros de ETA p-m sin delitos de sangre, que estuvieran presos o huídos. Muchos de ellos se integraron en la política vasca a través de Euzkadiko Ezkerra, ahora integrada en el PSE-EE. La sinceridad del cambio lo demuestra que algunos de los antiguos miembros de ETA p-m, como el mismo Onaindía, se convirtieron después en activos luchadores por la libertad, enfrentándose a ETA y al fascismo étnico. Otros, como Yoyes, fueron asesinados por ETA, pagando con su vida el rechazo al terrorismo. No parece ser este el caso de Sortu. En su única comparecencia pública, el portavoz de Sortu eludió hasta en cinco ocasiones, a preguntas de los medios, pedir el fin de ETA. Tampoco, a pesar de la insistencia, quiso condenar los más de 800 asesinatos perpetrados por los terroristas. No basta con palabras de rechazo a la violencia. Que ETA se disuelva -no aceptamos una tregua, sólo su disolución y la entrega de las armas- y entonces podremos hablar de reinserción y legalización. La formación de EH No nos engañarán otra vez En 1998, la tregua decretada por ETA abrió una vía de esperanza para acabar con la lacra del terrorismo. A caballo de la tregua, Herri Batasuna levantó Euskal Herritarrok (EH), una coalición que, aprovechando la ausencia de violencia, consiguió unir a sectores independentistas opuestos a ETA. Algunos creyeron que “esta vez iba en serio”. Los dirigentes de EH repetían un discurso muy parecido al que hoy escuchamos en Sortu. Pero la realidad se encargó de dinamitar las esperanzas. El pacto de Estella fue el inicio de una brutal ofensiva de los sectores del fascismo étnico, encabezados por Ibarretxe y con la “colaboración” de una escalada criminal de ETA. EH -una de cuyas caras públicas era Josu Ternera, que más tarde huiría de la justicia para integrarse en la dirección de ETA- se convirtió en la plataforma política del terror. Amparada en la tregua, consiguió excelentes resultados en las autonómicas de 1999, superando el número de votos de Herri Batasuna. Pero la ruptura de la tregua y el retorno de los asesinatos de ETA provocó la deserción de buena parte de su electorado. En los siguientes comicios, EH perdió la mitad de sus votos, expresión del amplio rechazo, también en las bases abertzales, a ETA. Sectores independentistas como Zutik o Batzarre abandonaron EH ante su negativa a condenar los atentados. EH se transformó en Batasuna, que pronto fue ilegalizada ante su evidente conexión con ETA. Pero otro histórico sector del mundo abertzale, encabezado por Patxi Zabaleta, se negó a integrarse en la nueva Batasuna, formando Aralar, absolutamente desvinculado de la banda terrorista y al que nadie discute su legalidad.