¡No queremos pagar su deuda!

Sólo el pago de los intereses de la deuda nos obliga a pagar -principalmente al gran capital extranjero- casi 75.000 millones de euros anuales. Con ese dinero estarí­amos cerca de poder duplicar las pensiones de casi 9 millones de jubilados. ¡Basta ya! El salvaje incremento de los intereses de la deuda es un atraco planificado de las grandes potencias que pagamos el 90% de la población. Hay que exigir una auditorí­a independiente sobre la deuda pública del Estado. Declarar como «deuda odiosa» toda aquella que haya servido para financiar a bancos, monopolios y multinacionales o haya sido concedida en términos leoninos y usurarios para la nación. Y negociar su recompra por un máximo de un 30% de su valor teórico inicial, amenazando con no pagarla en caso contrario. Otros paí­ses lo han hecho, y han conseguido liberar miles de millones para su desarrollo, que antes se los llevaba el gran capital extranjero.

No es deuda, es saqueo El último editorial del sulemento de negocios de El País reconoce que “a partir de 30 puntos básicos en la prima de riesgo [el diferencial de riesgo medido respecto al bono alemán, y que determina el montante de los intereses a pagar por la deuda- se produce una transferencia de riqueza a otras economías” -eufemismo para denominar el saqueo financiero del capital extranjero- . Pues bien, la prima de riesgo española ha llegado a estar… ¡en 385 puntos! Lo que significa que nos han saqueado, con las cuentas que ofrece El País, hasta 13 veces. España tiene una deuda pública que supone el 60,1% del PIB. La media de deuda pública de la zona euro es del 85,1%, y se porcentaje asciende en Francia al 81,7%, en Alemania al 83,2%, en Japón al 220%… ¡y en EEUU al 689,6%! Sin embargo, contra la lógica de estos números, los intereses que no paran de subir no son los de la deuda norteamericana, japonesa o alemana… sino los de la española. La realidad es que los intereses de la deuda no están fijados por “las leyes del mercado” o por “las debilidades económicas internas” de cada país, sino por el poder político de las grandes potencias, con EEUU a la cabeza, y su control sobre el sistema financiero. El “riesgo país” -el indicador del “riesgo” de invertir en un país, y que condiciona los intereses que los grandes fondos exigen- está determinado por el EMBI, un indicador económico calculado por el J.P Morgan Chase, el principal banco norteamericano. La “prima de riesgo” depende en buena parte de las calificaciones otorgadas por las agencias de rating, un oligopolio en manos de EEUU -Moody´s y Standard&Poor´s, vinculadas al corazón de Wall Street y que controlan el 80% del mercado-. El gran capital norteamericano monopoliza el 90% del mercado de CDS -los seguros frente al impago de la deuda-. Pueden elevar el precio de estos seguros, que se refleja inmediatamente como un incremento de la “prima de riesgo”. A través de estos mecanismos nos imponen un gigantesco atraco al conjunto de la población. Según los cálculos presentados por Francisco González, presidente del BBVA, por cada cien puntos básicos que sube la prima de riesgo española, se dejan de crear 160.000 puestos de trabajo y el Estado tiene que pagar intereses adicionales por valor de 12.400 millones de euros al año.Los 385 puntos que ha alcanzado suponen 616.000 puestos de trabajo destruidos, y 47.740 millones de euros extras para los grandes bancos propietarios de los títulos de deuda española. Es una suma equivalente al total de pensiones abonadas -47.792,66 millones de euros- a los 8,8 millones de pensionistas. Mayor que el presupuesto de todas las prestaciones por desempleo pagadas en 2010 -30.612 millones de euros- a cinco millones de parados, . Y 36 veces superior a los 1.351 millones que se se reparten en míseras pensiones 2,3 millones de viudas. Este es sólo el “gasto extra”, el tributo extraordinario que el incremento de los intereses supone. El montante total de los intereses que España tiene que pagar por el conjunto de la deuda asciende a 74.482 millones de euros anuales. Es una factura de 4.655 euros anuales por familia. La deuda es una factura que no deja de subir. Para saldar la deuda actual contraída con el capital extranjero, será necesario pagar, sólo en concepto de intereses, alrededor de un billón de euros, prácticamente el PIB de un año completo. ¿Quien ha dicho que no se puede dejar de pagar la deuda? Ya en 1.924, el economista Alexander Sack formuló el concepto de “deuda odiosa”, aquellas “ contraídas en contra de los intereses de la población de un país, sin su consentimiento y con pleno conocimiento por parte de los acreedores”. Señalando que “ estas deudas no pueden hacerse valer contra un estado deudor”. En 1869, el presidente norteamericano A. Johnson aconsejaba al Congreso “repudiar la deuda pública nacional”. EEUU se aplicó esta doctrina a sí mismo, pero ahora nos exige a nosotros el religioso pago de una deuda que es un atraco planificado. Nos chantajean con predicciones apocalípticas, según las cuales estamos obligados a pagar la deuda -aunque los intereses sean draconianos y artificiales- porque, en caso contrario los capitales huirían del país, las instituciones internacionales nos repudiarían… No es verdad, y varios ejemplos así lo demuestran. Los países que han tenido la voluntad política de enfrentar el saqueo de la deuda han ganado en crecimiento lo que han perdido en saqueo exterior. Al estallar la crisis, los bancos extranjeros exigieron a Islandia el religioso pago de una deuda que triplicaba su PIB. Abonar sólo los intereses suponía aplicar un draconiano plan de recortes sociales y rebaja salarial. La movilización popular obligó a convocar un referéndum, donde -por dos veces y con un porcentaje abrumador- los islandeses se han negado a pagar con dinero público las deudas contraídas por los bancos nacionales con el capital extranjero. El resultado es que el gran capital extranjero se ha visto obligado a renegociar el pago de la deuda, en unas condiciones infinitamente más favorables para Islandia. Han debido aceptar una “quita” del 70% en el pago de la deuda. Lo que significa que Islandia sólo pagará el 30% del montante. A rebajar los intereses a la mitad -del 6% al 3%- y a ampliar el periodo de pago hasta 30 años. Una vez que Islandia se ha liberado, en parte, de este sangrante saqueo, el país ha comenzado a crecer y a salir de la crisis. Otro tanto ha pasado en Ecuador. El gobierno presidido por Rafael Correa declaró que la deuda contraída por Ecuador era ilegítima, odiosa e inconstitucional que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos del estado a pagar los intereses. Expulsó a los enviados del FMI del Banco Central de Ecuador, y creó una Comité de Auditora que concluyó que una gran parte de la deuda de gobiernos anteriores era ilegitima. Declaró el cese de pagos del 70% de la deuda nacional, y consiguió una reducción del montante a pagar de 7.000 millones de dólares. ¿Quien ha dicho que esto no puede hacerse en España? Dos países tan diferentes con Islandia y Ecuador lo han conseguido. Y han reducido en dos terceras partes el dinero que antes se veían obligados a pagar al capital extranjero, dinero que ahora puede emplearse a crear riqueza y empleo y a elevar el nivel de vida de la población. Pagar un 70% menos -sólo en intereses de la deuda- liberaría en el caso de España 52.417 millones de euros anuales, con los que podrían crearse 1,8 millones de nuevos puestos de trabajo cada año. En poco más de dos años y medio se acabarían con el paro, que supera los cinco millones.