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Desde el inicio de la crisis, España ha sufrido un dramático hachazo en la inversión pública en I+D+i: un tijeretazo presupuestario del 35% (unos 20.000 millones de euros).
El recorte también se ha dejado sentir en la pérdida de personal, provocando un auténtico éxodo de talento científico hacia el extranjero y el envejecimiento de las plantillas investigadoras. Las kafkianas trabas burocráticas y la intervención del Ministerio de Hacienda en los organismos investigadores hacen que los científicos tengan que dedicar la mitad de su tiempo asfixiados en papeleo. Las sociedades científicas advierten que, de no remediarlo, la ciencia puede llegar a colapsar en España.
El informe del proyecto DECIDES (Debate sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social) publicado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) tiene tono de alarma roja. La COSCE -con conocimiento de causa y rigor- advierte que la falta de financiación y las deficientes políticas públicas sobre I+D+i pueden llevar a la Ciencia española al colapso. Los científicos claman urgentemente por que una comisión parlamentaria asesorada por expertos establezca y desarrolle «elementos básicos» para dotar al país de una política de I+D+i estable, comprometida y transformadora que acabe con el agostamiento de la Ciencia.
El texto de la COSCE -coordinado por la matemática y economista Aurelia Modrego- analiza cuatro problemas críticos de la ciencia en nuestro país: la financiación y los presupuestos, el Plan Estatal de I+D, el cumplimiento de los pactos de investidura del Gobierno y la actividad de la recientemente puesta en marcha Agencia Estatal de Investigación (AEI), un largamente reclamado organismo por parte de los científicos españoles, pero que funciona a medio gas.
Hablar de financiación científica en España es un triste asunto. El propio presidente de la COSCE, el químico Nazario Martín, revela que la inversión en I+D+i ha descendido un 35% desde 2009, lo que se traduce en 20.000 millones de euros menos, y reclama un incremento del 4% anual en los presupuestos destinados a la Ciencia de los próximos años.
Es una cuestión de voluntad política. En medio de la crisis financiera, los países de nuestro entorno respondieron reforzando la financiación de la ciencia. Alemania aumentando un 37% su apuesta por el I+D desde 2009. Reino Unido un 39%. Incluso Italia, con un impacto de la crisis similar al nuestro, incrementó la financiación científica en un 12%.
No son solo euros, es una cantidad intangible de talento investigador la que se ha perdido estos años. No hay datos oficiales, pero se sabe que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor centro público de investigación en España, tiene 1.800 empleados menos que en 2011. El éxodo de cerebros al extranjero es mucho más difícil de cuantificar, pero según los datos de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, hay entre 15.000 y 20.000 investigadores españoles en el exterior, un 15% de la comunidad científica nacional. Según una encuesta de la Red, el 60% de ellos no tiene intención de volver por las nefastas espectativas de estabilidad laboral en nuestro país.
Los investigadores españoles -sobre todo los de menor edad o trayectoria- sufren una lacerante precariedad, concatenando contratos temporales ligados a proyectos de investigación con fecha de caducidad, intercalados con periodos de paro en los que no dejan de trabajar «gratis» para que su labor investigadora no se eche a perder.
El éxodo de talento, la precariedad y los obstáculos en la contratación han llevado a un notable envejecimiento de las plantillas. La edad media de los investigadores del CSIC es hoy superior a los 53 años, bastante más alta que hace 30 años. Esto generará en el futuro una brecha generacional muy problemática.
La extrema burocratización del trabajo científico ha hecho que los investigadores españoles dediquen al menos la mitad de jornada laboral al papeleo, en vez de a la Ciencia. Renovar contratos de investigación, fichar a nuevo personal o pedir material inesperado -una silla que se rompe- puede llevar meses, necesitando la intervención y aprobación de dos ministerios -el de Economía y el de Hacienda- por las obligaciones de austeridad presupuestaria y control del déficit impuestas a Madrid desde Bruselas. El día a día de los investigadores está plagado de trabas legales y de la pelea cotidiana con el interventor de Hacienda que fiscaliza cada centro: unas barreras que en los hechos buscan que no lleguen a gastarse los fondos asignados a la I+D+i. Así el año pasado, mientras se despedía a personal o se cerraban líneas de investigación, el Gobierno dejaba sin gastar el 62% del presupuesto nacional asignado a ciencia.
La creación de la Agencia Estatal de la Investigación es fruto de una reclamación histórica de los científicos españoles, para que la financiación del I+D+i no dependa del ciclo político y tenga unos presupuestos previsibles y estables. Una de sus facultades es poder conservar los fondos no gastados para usarlos al año siguiente, algo hasta hace poco imposible. Sin embargo funciona «a medias» según la COSCE, que agrupa a 40.000 científicos de toda España, que también reclaman que esté dirigida de forma independiente por un científico.
Y sin embargo, en medio de este desalentador panorama, la mejor generación de científicos de la Historia de España hace maravillas con lo que tiene. La producción -en cantidad y en calidad- científica en nuestro país ha crecido, y somos la octava potencia científica mundial en niveles de impacto de I+D+i. Parafraseando al Cid y su «que buenos vasallos si tuvieran buen señor», es hora de negar la mayor -afirmando que España sí es un país para científicos- y luchar por enterrar los recortes en I+D+i y las nefastas políticas científicas de las últimas décadas.