Cargando...En el contexto de decadencia política y moral, agudizada por los problemas económicos, van tomando cuerpo ideas y propósitos que nos retrotraen a tiempos que creíamos superados. Tiempos de oscuridad y de envilecimiento en los que determinadas naciones con problemas buscaban responsables de los mismos en colectivos raciales o en sectores poco productivos de la sociedad. Sin llegar todavía a los extremos de entonces, se va inoculando un mensaje perverso que busca justificaciones a las penurias e intenta proponer ‘soluciones’ a las demandas crecientes de arreglo. Se dice: la esperanza de vida incrementa las obligaciones con los pensionistas, cuyo número crece, y tener a los colegiales alimentados y educados también es costoso; por eso, hay que buscar el aligeramiento de esas obligaciones públicas disminuyendo las atenciones a ambos colectivos. Mensaje inquietante, que se disfraza con estudios de comités de sabios para eludir la responsabilidad de los políticos que olvidan que su compromiso con el Estado al que sirven es ordenar todos sus ingresos y gastos con justicia y solidaridad. No existen ingresos finalistas ni gastos singulares, todos los ingresos provienen de la nación y deben administrarse en su beneficio; lo contrario, aparte de arcaizante, es introducir el virus de la división en una sociedad que se va metiendo de hoz y coz en el “sálvese quien pueda”. El pasaporte para el Tercer Mundo.
Las pensiones son un gasto más del Estado
El discurso sobre las pensiones parte, en mi opinión, de una premisa falsa al considerarlas no una obligación más del Estado sino el resultado del equilibrio presupuestario entre las cuotas de la población trabajadora y los pagos a los pensionistas, ya que la Seguridad Social tiene presupuesto propio. Técnicamente es así, pero la Seguridad Social también es Estado y esa es la realidad que no se debe escamotear a los ciudadanos. Ya sabemos que si el paro crece significa que la economía general del país va mal y que los ingresos públicos, no solo las cotizaciones sociales, caen, como de hecho viene sucediendo, y que el Estado está obligado a actuar en consecuencia y cito dos cosas fundamentales que podría hacer: la primera estimular la economía, lo contrario de lo que está haciendo, y la segunda ordenar todos los gastos sin buscar atajos a costa de dañar a los que son más débiles. Desde luego, en ningún caso es aceptable poner a las pensiones en un plano inferior al de otras obligaciones estatales como, por ejemplo, el pago de los intereses de la deuda que ha sido sacralizado constitucionalmente en una tarde. En vez de hacer la ineludible renegociación de la deuda, se esquilma a los débiles, miles de los cuales, los preferentistas, han soportado el rescate bancario, 13.000 millones de euros, según información de Javier Ruiz en éstas páginas. Si además resulta que los pensionistas con sus magras pagas están actuando como malla de seguridad ante el persistente deterioro de las condiciones sociales y familiares en España, parece no solo injusto sino estúpido tirar piedras contra el propio tejado, ya resquebrajado, de la estabilidad del país.
Las cotizaciones sociales de los trabajadores son impuestos como los demás y deben formar parte indisoluble del conjunto de los ingresos públicos. La suma de todos los ingresos tiene que ser la referencia para ordenar el gasto con criterios de solidaridad; ahí es donde se tienen que demostrar el genio y la inteligencia de los gobernantes que deberían empezar por tener claras cuáles son las prioridades del servicio público en un país que se define como Estado social y de derecho. Definición que se va vaciando en perjuicio de las clases medias y populares que son, a la postre, las que mueven la economía nacional. Es una trayectoria suicida que avanza inexorablemente, porque la textura social y democrática española es profundamente débil e incapaz de hacer frente a tantas mistificaciones como las que se han adueñado de los discursos políticos y económicos. Una de ellas es que el Estado debe renunciar al papel benefactor e instructor que se reconoce en la propia Constitución, dando paso a otros agentes y dejando actuar a las fuerzas del mercado. Puede que haya naciones donde ese discurso sea aplicable y eficaz; en España no tengo dudas acerca de su carácter disolvente.
Niños malnutridos y devastación social, modelo disolvente
Junto a las amenazas sobre las pensiones va apareciendo otro fenómeno que nos indica que algunas cosas están funcionando malamente: niños malnutridos, apertura de centros escolares en vacaciones para que tengan siquiera una comida decente al día, por no hablar de los comedores sociales de Cáritas y de otras organizaciones de beneficencia. Son síntomas de la abdicación del Estado que, según las doctrinas dominantes, debe dedicarse a recaudar lo que pueda y donde pueda para preservar la estructura hipertrófica y clientelar montada en los años de la burbuja especulativa, recortando todo aquello que lo impida y entregando de paso sectores de la actividad pública, sanidad o educación, a compañías privadas que han visto mermados sus negocios. Parece un sinsentido que, si nos lo contaran, no lo creeríamos, sobre todo los que hemos visto en nuestra niñez los comedores de Auxilio Social -“ningún hogar sin lumbre, ningún español sin pan”- y las misas dominicales de la Doctrina Cristiana en las que sellaban las cartillas de los asistentes para darles un jersey de mezclilla o los paquetes de leche en polvo donados por los católicos americanos. No exagero, a eso conduce el discurso corrosivo lleno de fervor por los despidos, les llaman adelgazamientos, y favorable a toda suerte de devastación social. Nos adentramos en el Tercer Mundo: vean Grecia, ya destruida, y Portugal, y cavilen. El FMI dice que se equivocaron, ¡a buenas horas!
El modelo que se nos propone, rebozado de informes rimbombantes, me parece moralmente reprobable y políticamente disparatado. España necesita refundar el Estado, lo hemos dicho repetidamente, para adecuarlo al país modesto que somos y para que pueda atender con dignidad las obligaciones que le corresponden. Probablemente, las pensiones y muchas otras cosas tendrán que ser objeto de atención o reforma, pero dentro de un proyecto integral político y económico de país en el que todos los ciudadanos sientan que colaboran con su esfuerzo a que ellos y sus descendientes, los niños y los jóvenes, puedan vivir seguros e ilusionados en libertad.