Cargando...
En EEUU, señalado como cuna del «capitalismo salvaje», cuando un trabajador no puede pagar la hipoteca entrega las llaves del piso y su deuda con el banco queda zanjada. En España no. Aquí no basta con perder el piso. Los bancos pueden reclamar al embargado la diferencia entre el valor del piso cuando se suscribió la hipoteca -firmada en pleno boom inmobiliario- y el valor actual -cuando la crisis ha hecho descender drásticamente los precios de la vivienda-. Una diferencia que puede alcanzar varias decenas de miles de euros, y que literalmente embarga, no sólo el piso, sino también la vida del ciudadano hipotecado.
Stalin Pérez es un trabajador ecuatoriano que ha acabado engrosando las listas del aro. Compró hace tres años en Vallecas un piso por 244.000 euros. Ya no puede pagar la hipoteca, y el banco le ha embargado el piso. Pero, para su sorpresa, el banco le ha comunicado que el valor actual de la vivienda es sólo de 150.000 euros, y que él debe abonar la diferencia.Ha perdido el piso… y todavía debe al banco 94.000 euros, el salario íntegro de nueve años de trabajo.Esta es la realidad a la que se enfrentan muchos trabajadores que son víctimas de un embargo hipotecario.Gracias a una ley aprobada precisamente por Pedro Solbes en 1996 -año del inicio de la gran expansión oligárquica-, cuando el valor de la vivienda se devalúa más de un 20% respecto al tasado en la hipoteca, el comprador debe responder de la diferencia con todas sus propiedades, y cuando éstas no sean suficientes, con las de los avalistas.Una draconiana cláusula -que sólo está vigente en España-, cuyo objetivo era blindar los intereses de los bancos en los créditos hipotecarios -la parte del león de los préstamos al consumo- ante un previsible descenso -como así ha sucedido- del valor de la vivienda. A costa de la vida de los hipotecados.En pleno boom inmobiliario, nos impusieron precios desorbitados, muy por encima del valor real, si queríamos acceder a una vivienda. Ahora, cuando el crack ha demostrado que el precio real era un 40%, 50% ó 60% inferior al que nos obligaron a pagar, no se persigue a quien es responsable de la estafa -los bancos-, sino que se obliga a la víctima -el hipotecado- a correr con los gastos para que los estafadores no pierdan dinero.Y las tasadoras que antes certificaron que el valor del piso era 250.000 euros, y ahora dicen que es 150.000 son las mismas, y están estrechamente vinculadas a los bancos, cuando no son de su propiedad.La estafa es total. Pero es legal. Gracias a la ley aprobada por Solbes.Esta es sólo una de las cláusulas abusivas que la banca nos impone para mantener sus beneficios, en plena crisis, a costa de elevar el saqueo y la usura a límites desconocidos.Cláusulas como las del "suelo" -que nos obliga a pagar un interés mínimo, a pesar de que el tipo de interés oficial haya caído muy por debajo del fijado al firmar la hipoteca-, estipuladas en la letra pequeña de los contratos, que pasaron inadvertidas en los años de bonanza, pero que se han activado con toda su ferocidad cuando la crisis ha amenazado los beneficios e intereses de los bancos.Ante estos ataques, los hipotecados comienzan a organizarse y movilizarse. Un grupo de familias barcelonesas se ha agrupado en la asociación Afectados por la Hipoteca, y exige al gobierno que obligue a la banca a renunciar a parte de la hipoteca para que el afectado pueda quedarse con el piso a precio de vivienda protegida.Pero Zapatero está demasiado ocupado rescatando a los bancos como para dedicar su tiempo a las reivindicaciones de los trabajadores.