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Miles de familias están siendo desahuciadas, pierden su vivienda agobiadas por las deudas y se quedan, literalmente, en la calle. ¿Acaso es una «tragedia inevitable», ante la que poco podemos hacer más que lamentarnos? Un informe elaborado por siete jueces de alto nivel, y presentado ante el Consejo General del Poder Judicial, afirma lo contrario. Primero esclarece las causas de la multiplicación de los desahucios, señalando hacia la dictadura de los bancos, que disfrutan de escandalosos privilegios para poder perpetrar el atraco. Y luego apunta una solución: utilizar parte del dinero público comprometido en los rescates bancarios en un plan de choque de ayuda a las familias que no puedan pagar su hipoteca.
El Consejo General del Poder Judicial –máximo órgano judicial- encargó a una comisión de siete magistrados la elaboración de un informe que abordara el drama de los desahucios.
En los últimos cuatro años las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado, alcanzando el triste registro de 350.000 familias desahuciadas.
¿A qué conclusiones ha llegado esta comisión de jueces?
Su informe constituye un estremecedor alegato contra la dictadura financiera impuesta por los grandes bancos al conjunto de la sociedad. Los mismos jueces lo dicen, con una parte del dinero del rescate regalado a los bancos se solucionaría el problema de la vivienda en España
Denuncian que el procedimiento judicial que rige los embargos otorga unos privilegios abusivos a los grandes bancos. Fue creado… en 1.909 –sí, hace más de un siglo-, e impuesto por la presión de una oligarquía financiera que deseaba cobrar las deudas de la forma más rápida posible.
Hasta tal punto privilegia al acreedor –los bancos-, que el deudor –las familias hipotecadas- quedan en una posición de absoluta indefensión, con menos posibilidades de defensa que si se tratara de una sentencia criminal.
Es una distorsión vergonzosa de todo el ordenamiento judicial, respetada durante más d un siglo como una espada que la banca empuña y que pende sobre todas nuestras cabezas.
Como los propios jueces desvelan, el atraco de los bancos no termina al desahuciar a las familias. Gracias a sus privilegios, pueden volver a apropiarse de la vivienda a un precio muy inferior a su valor real –como media, a un 60%-.
Nos estafan, nos roban… y se enriquecen con su crimen.
Pero el informe tiene el valor de no quedarse en la denuncia. Propone soluciones, perfectamente factibles si hubiera voluntad política para ejecutarlas.
Dictamina que “el punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado (…) pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina”.
Que una parte del dinero del rescate bancario –dinero público, es decir, de todos- se utilice para solucionar la tragedia social de los desahucios.
¿Es posible? ¿Hay dinero suficiente para hacerlo?
Según un estudio de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, bastarían 500 millones de euros (¡lo que los 17 principales banqueros tienen en su fondo de pensiones!) para paralizar el millón de desahucios en marcha y que no hubiera ninguno en los próximos tres años.
Los 21.000 millones del Fondo de Garantías comprometidos por el Banco de España para rescatar a la CAM (después de venderla por 1 euro al Sabadell) bastarían para acabar con el problema de los desahucios, que ninguna familia de las especialmente castigadas por la crisis -ese más de medio millón sin ingresos, o los 1,7 millones que tienen todos sus miembros en paro- tuviera que abandonar su vivienda, y devolver su piso a las personas que lo han perdido desde el estallido de la crisis.
¿Hay dinero, o lo que falta es voluntad política para limitar de una vez los escandalosos privilegios de la banca, que utilizan para atracarnos a todos?
El informe de los jueces propone otras medidas, como que los magistrados tengan potestad para imponer a los bancos –de forma obligatoria- una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias en casos extremos –paro, enfermedad…-.
Una propuesta sencilla que –más allá incluso de la aplicación inmediata de la dación en pago- permitiría solucionar el problema de la vivienda, angustioso para miles de familias.
Y que coincide, en su sustancia, con la alternativa de un plan de choque para paralizar los desahucios que hemos presentado en estas páginas.
Ante la radicalidad del informe, el pleno del Consejo General del Poder Judicial no ha querido ni siquiera valorarlo. No podían rechazarlo, pero tampoco aprobarlo.
Esta vez no ha sido el 15-M –cuyo trabajo persistente ha paralizado decenas de desahucios-, tampoco la Plataforma de Afectados por las Hipotecas… Han sido un grupo de jueces de alto rango quienes han denunciado la dictadura de los bancos.
Ha quedado claro que sí se puede, y que el único límite para solucionar el problema de la vivienda son los privilegios de los grandes bancos.