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De un tiempo a esta parte, conforme avanza Vox, el trumpismo y su ultrareaccionaria agenda, derechos conquistados y consolidados para la mujer como el de la interrupción voluntaria de su embarazo se han puesto en cuestión. Ahora, el sector más «trumpista» de los populares -el PP madrileño- se ha sumado a esta ponzoñosa campaña
El pulso político sobre el derecho al aborto se recrudece en España. En el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde López Almeida y el grupo municipal del PP votaban a favor de la propuesta de Vox de establecer la obligatoriedad de informar a las mujeres que van a abortar sobre el inexistente “síndrome post-aborto”.
La respuesta fue rápida. Colectivos y profesionales sanitarios y científicos lanzaron un manifiesto donde explicaban que no había ninguna evidencia científica acerca de la existencia de dicho síndrome. La Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente obliga a ofrecer a las mujeres información clara, veraz y basada en la evidencia. Al pretender atemorizar inculcando el miedo a un síndrome falso, la ultraderecha propone, de facto, saltarse la ley y ejercer violencia informativa.
Lo que sí dicen los estudios es que las mujeres que abortaron no presentaron más problemas de salud mental que las que no lo hicieron. Es más: a las que se les obligó a continuar un embarazo no deseado, sí que presentaron más sufrimiento psicológico en los primeros meses, más dificultades económicas y una mayor permanencia en relaciones violentas. La ciencia subraya que la restricción, no el derecho, es el factor de riesgo.
Lo que sí sabemos es que prohibir el aborto no disminuye el número de abortos, pero sí hace que las mujeres y niñas que decidan abortar, lo hagan en condiciones menos seguras y dignas.
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El camino hacia un aborto seguro, digno y público: el registro de objetores
La Federación de Planificación Familiar-SEDRA, cree que los registros de objetores son “un paso imprescindible” para lograr el objetivo. Los objetores de conciencia son profesionales que se pueden negar a llevar a cabo interrupciones del embarazo. La ley de 2010 estableció que la objeción no puede ser colectiva, debe manifestarse con antelación y por escrito, y no puede estar por encima del derecho de las mujeres.
Los registros nos aportan la información necesaria para poder reorganizar los servicios, formar a los profesionales y lograr que los centros públicos se hagan cargo de las interrupciones voluntarias con total seguridad. La necesidad es acuciante: en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, más del 90% de los abortos se derivan a clínicas concertadas, mostrando el vaciamiento real de la prestación pública.
La presidenta de Madrid, Ayuso, se ha negado a entregar dichos registros, saltándose de nuevo la legalidad –¡qué coincidencia!– y exclama: «¡Váyanse a otro lado a abortar!». El PP, dividido, intenta capear el temporal con declaraciones ambiguas de Feijóo. En este pulso, la sociedad y la ciencia tienen una postura clara. Si el Gobierno quiere la victoria, necesita que el blindaje constitucional consiga más que una mayoría social: necesita los votos para que ‘ni un paso atrás’ sea una realidad legalmente inamovible.
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El blindaje constitucional del aborto.
El pulso político sobre el derecho al aborto se recrudece en España. La propuesta del Gobierno, lanzada el 3 de octubre, de blindar este derecho en la Constitución busca convertir a España en el segundo país del mundo en hacerlo, tras Francia (2024).
En España, la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde hace 40 años, culminando en la actual ley de plazos (2010). Ahora, el blindaje supondría proteger legalmente este derecho y sería prácticamente intocable por otros gobiernos, si logra superar el veto de la oposición en el Congreso. Además, es una herramienta para garantizar que ese derecho se cumpla de manera uniforme y efectiva en todo el sistema público de salud español. Sería una victoria para las mujeres, frente al retroceso sufrido en otros países como EEUU, Hungría, Polonia o Chile. En España, sin embargo, no está decidido quién va a ganar este pulso. El principal partido de la oposición lo ha rechazado rotundamente, sabiendo que el apoyo social es del 83%, y que más de la mitad de sus votantes también apoyan el derecho al aborto.