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El exconseller Jordi Turull es la nueva apuesta del independentismo para intentar formar gobierno. Las dos primeras, Puigdemont y el exlíder de la ANC, Jordi Sánchez, se han abandonado por su absoluta inviabilidad. La tercera puede incluso correr el mismo riesgo. El juez Llarena amenaza con una inhabilitación que obligaría a Turull a abandonar la presidencia aun tras haber sido investido.
Fuentes cercanas al mundo independentista ya hablan de un “plan D”, en caso de que la apuesta Turull revele su corto recorrido.
A pesar de los múltiples retrocesos y concesiones, las élites independentistas no pueden encontrar la cuadratura del círculo: necesitan urgentemente formar un gobierno que les devuelva el control de la Generalitat, pero se resisten a aceptar explícitamente la completa derrota necesaria para recuperar el poder autonómico.
El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha convocado una ronda de consultas que pueda concluir en un pleno para investir al nuevo president de la Generalitat.
Es la tercera vez que sucede. Las dos anteriores se saldaron con un absoluto fracaso y una sonora suspensión.
Puigdemont tuvo que renunciar a su candidatura. Su pretensión de tomar posesión de la presidencia y gobernar desde Bruselas se enfrentó al muro de la realidad.
Su sustituto, Jordi Sánchez, excabeza de la Assemblea Nacional de Catalunya, y todavía preso en la cárcel de Soto del Real, ha renunciado públicamente, anunciando incluso que abandonaría su acta de diputado y se retiraría de la política para volver a ser profesor en un instituto.
Por dos veces, las élites independentistas se han visto obligadas a retroceder. Ya no están, como hicieron el 1-O, en condiciones de lanzar un desafío abierto al Estado.
La nueva opción es la del exconseller Jordi Turull. Cumpliría las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional y podría ser investido. Pero su legislatura podría ser demasiado corta.
El juez Llarena ha citado ya a los investigados por los episodios relacionados con la convocatoria del 1-O, entre los que se encuentra Jordi Turull, y en los próximos días emitirá un auto de procesamiento en el que dictaminará qué medidas se le aplican, entre ellas la de una inhabilitación que obligaría a abandonar su cargo al nuevo president.
Las élites independentistas necesitan formar gobierno a toda costa. Haber perdido el control sobre la Generalitat, que no recuperarán hasta que se nombre a un president que acepte los límites constitucionales, es para ellos una dolorosa sangría.
Puigdemont ha llegado a afirmar desde Ginebra que “la independencia no es la única salida para Cataluña”, reivindicando el modelo federal suizo. Una aceptación de que ya asumen con naturalidad que la república catalana está fuera de cualquier horizonte posible.
Esto no quiere decir que vayan a cejar en su empeño. La nueva hoja de ruta será necesariamente muy diferente de la que quisieron implantar tras el 1-O. Pero dejar abierta la herida es una premisa para poder volver a cargar contra la unidad en un futuro.
Para ello necesitan, a nivel interno, nombrar a cualquier precio y en el plazo más breve posible un gobierno independentista. Las presiones sobre la CUP para que lo permita ya se están redoblando.
Y en el plano internacional continuar explotando, en los foros mundiales a que tengan acceso, la victimista imagen de un pueblo arrollado por un Estado español opresor.
Está por ver cómo va a resolverse este nuevo episodio del caso catalán. Si habrá o no por fin gobierno en Semana Santa.
Pero, a pesar del evidente retroceso del independentismo, que ni siquiera ellos pueden negar, la batalla por la defensa de la unidad ni mucho menos va a quedar resuelta. Habrá que seguir dándola en unas nuevas condiciones, con un gobierno independentista que va a utilizar el poder autonómico, (que a nadie le quepa duda de ello) para sus propios intereses. Y trabajando para que juegue el papel que le corresponde la mayoría social de izquierdas que defiende la unidad, el auténtico protagonista político en Cataluña.