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Negligencia y saqueo en la banca valenciana

En un discurso a directivos de cajas de ahorros en Navidad de 2009, el entonces presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alabó la iniciativa de la CAM a la hora de emitir en bolsa cuotas participativas durante julio de 2008. El mandatario animó al resto de cajas a emularla en hacer lo propio. Muchos directivos, conscientes de que la CAM era un muerto viviente -definida por el inefable MAFO como “lo peor de lo peor”- se frotaban los ojos ante la idiótica afirmación del entonces mandatario de la CNMV.

Esta anécdota ilustra bien cómo los ‘cervantinos’ Rinconete y Cortadillo siguen vivos en nuestra institucional España, mostrando con todo descaro los burdos elementos que harían reír a mucha gente por lo grotesco de su dimensión. Sólo que no se puede uno reír porque entre tan ‘buñuelesco’ comportamiento se han estafado miles de millones de euros a ahorradores (los 50.000 clientes de la CAM que compraron las cuotas perdieron un 80%) y a ciudadanos (la factura del rescate bancario español saldrá a más de 2.000 euros por contribuyente).

El caso de Valencia ilustra bien la trágica dimensión de lo aquí apuntado. A pesar de sus locuras inmobiliarias y a la inutilidad del honorable Camps, el empresariado valenciano, sin estar sometido a históricos clichés o a mentalidades obtusas, ha sido sin duda uno de los más dinámicos de la economía española. Sin embargo, dicho dinamismo no fue compartido por su sistema bancario. El sistema financiero valenciano estaba compuesto por Bancaja, el Banco de Valencia (propiedad de Bancaja) y por la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Veamos en tres ejemplos la degeneración de un mal gobierno sometido a influencia política en una entidad financiera.

Primero: tras brillantes inversiones crediticias como Terra Mítica, la CAM sacó a bolsa sus cuotas participativas con un balance dudoso, con el beneplácito de su auditor y regulador. La crisis financiera había comenzado en julio de 2007 y los precios inmobiliarios estaban en caída libre, pero ni la CAM, ni su auditor, ni su supervisor, ni su regulador intervinieron para parar la emisión de títulos valores sin derechos políticos, pero con derechos económicos basados en cuentas trampa. Con este precedente, no son de extrañar las execrables consecuencias de los imitadores que llegaron vía preferentes y vía salidas a bolsa entre 2008 y 2011. Ante la crisis de la entidad, y el saqueo al que fue sometida por alguno de sus directivos, el honorable Camps nombró a un amigo suyo, con experiencia en concesionarios de coches como presidente de la entidad (Modesto Crespo). El resultado es tristemente conocido. En marzo de 2011 la CAM comunicó beneficios de 38 millones de euros, para tres meses después reconocer pérdidas de 1.100 millones, lo que provocó la inyección de fondos públicos (FROB) de 2.800 millones (se ha perdido la totalidad de dicho dinero). Cinco exdirectivos, encabezados por Crespo, están imputados con una fianza de 35 millones de euros, aunque hay que reconocer que López-Abad, su antiguo director general, es el principal responsable del engendro aquí descrito.

Segundo: ante el procesamiento de Jaume Matas, expresidente balear, por corrupción, el juez le impuso una fianza de tres millones de euros. Matas consiguió el dinero mediante un aval del Banco de Valencia, a la sazón cuestionablemente dirigido por un amigo personal. La garantía consistió entre otras, en el palacio que Matas había adquirido en su época de político. Como el exministro incumplió los pagos de los vencimientos (desde el primero), el palacete pasó a manos del banco. Como todos sabemos, el Banco de Valencia, insolvente, fue intervenido, con una inyección pública de 4.500 millones de euros, hoy perdidos (la entidad fue vendida por 1 euro a La Caixa). Todos hemos indirectamente contribuido sin saberlo al pago de la fianza de Matas, quien fue finalmente condenado por delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y tráfico de influencias. La antigua cúpula del banco, encabezada por Domingo Parra, se enfrenta a siete querellas presentadas por el FROB.

Tercero: ante la crisis financiera del Valencia Club de Fútbol, provocada por las pérdidas acumuladas, el club amplió capital para evitar la bancarrota en 2009. Sólo consiguió un total de 19 millones de euros de los 92 que buscaba. ¿La solución? La fundación del Valencia CF suscribió los otros 73 mediante un préstamo de Bancaja con la aquiescencia del poder político autonómico (el honorable Camps), por lo que el instituto valenciano de finanzas (el brazo financiero de la Generalitat) avaló dicho préstamo. Bancaja prestó un total de 305 millones de euros al club de fútbol, para construir un nuevo estadio (200 millones), e incluso para financiar circulante y ¡hasta fichajes! (los 105 restantes). A fecha de hoy, el Valencia sólo ha podido devolver 90 millones de los 305 adeudados. Como todos sabemos, Bancaja, “que nunca dio pérdidas” en palabras de su expresidente (porque mantenía valores falsos de sus activos), se integró con Caja Madrid en Bankia (gran decisión de los políticos que controlaban la primera), y los fondos públicos han aportado un total de 22.000 millones de euros en el rescate de la entidad combinada. Por lo tanto, del bolsillo de los contribuyentes acabaremos pagando retrospectivamente los fichajes y las inversiones ruinosas del fútbol valenciano, con la bendición de un sistema político cancerígeno y la aquiescencia de genuflexos directivos. Los inspectores del Banco de España sí dieron la talla y avisaron, ya en 2009, de semejante esperpento. José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat de Valencia y expresidente de Bancaja, se enfrenta a una querella del FROB por su “gestión” en Bancaja, junto a otros “directivos”.

Como resultado de tan nefanda gestión, Valencia se quedó en dos años sin un sistema financiero construido durante más de un siglo por verdaderos financieros (Caja de Alcoy, germen de la CAM, fundada en 1875, Bancaja en 1878, Banco de Valencia, en 1900). Como se ha visto, no basta una economía emprendedora como la valenciana para generar crecimiento económico: hace falta el apoyo de un sistema financiero. La negligencia y el saqueo de dicho sistema por parte de ciertos políticos y de pseudofinancieros será un pesado lastre para el futuro de la comunidad. El pago de tanto desmán, como en tantas otras ocasiones, corresponderá a sufridos empleados (muchos han perdido o perderán su empleo, en el caso del Banco de Valencia el 90% de las sucursales han sido cerradas), a los contribuyentes y, de nuevo, a nuestros hijos, que pagarán durante décadas la deuda asumida para las intervenciones.

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