Cargando...El PSOE propone que la edad mínima para decidir libremente sobre la interrupción del embarazo sea de 16 años y se fijará un límite para abortar entre las 14 y las 16 semanas. El PP califica de «barbaridad» la propuesta, que llevará al Tribunal Constitucional, e IU y ERC piden más de 20 semanas.
Pero lo que está sustraído de este debate es el auténtico corazón del roblema: el aborto debe ser gratis y estar en manos de la sanidad pública. Para poder abortar una mujer tiene que pagar entre 400 y 1600 euros. Primero, ¿por qué tiene que pagar? Segundo, ¿y si no tiene dinero?Debe ser un derecho de las mujeres y un deber de nuestra sanidad ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita.Es una demanda sanitaria de primer orden en la sociedad española. El número de abortos practicados en España ascendió en el 2008 a 113.000. El doble que hace una década. ¿No son suficientes estas cifras para considerarlo una demanda sanitaria pública de primer orden? Sin embargo la sanidad sólo practica el aborto cuando considera que hay “riesgo para la salud física o psíquica para la madre”. Como ha manifestado el ministro de Sanidad, Bernat Soria, hay quienes están en contra del aborto para denegarlo a mujeres que acuden a la sanidad pública, para que aquellas que tengan dinero acudan a un centro privado, y el mismo médico u otro colega le practique el aborto, previo pago. Si la sanidad pública no practica el aborto a las mujeres no les queda más remedio que acudir a las clínicas privadas. De las 113 mil intervenciones practicadas en año pasado, 97.969 se realizaron en clínicas privadas. Dejando el negocio aparte ¿quién garantiza la seguridad, la higiene y la calidad de las clínicas privadas? No es suficiente que el aborto deje de ser un delito tipificado en nuestro Código Penal, es necesario que las mujeres tengamos la posibilidad “material” de llevarlo adelante. Al igual que con la Ley de violencia de género, no es suficiente “enunciar” una ley. Hay que dotarla de los medios y métodos para hacerla efectiva. En el caso del aborto, el principal escollo está en que se le dote de “materialidad” a través de la sanidad pública.