Los españoles volverán a las urnas el próximo 26 de junio. Ayer se cerró la ronda de consultas promovida por el Rey, que ha tenido el resultado que ya se esperaba: la falta de acuerdo para construir una mayoría parlamentaria. Los líderes de los cuatro grandes partidos comunicaron a Felipe VI que la única opción es volver a votar. Ello aboca inevitablemente a la disolución de las Cámaras el próximo 3 de mayo y a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales.
Los españoles volverán a las urnas el próximo 26 de junio. Ayer se cerró la ronda de consultas promovida por el Rey, que ha tenido el resultado que ya se esperaba: la falta de acuerdo para construir una mayoría parlamentaria. Los líderes de los cuatro grandes partidos comunicaron a Felipe VI que la única opción es volver a votar. Ello aboca inevitablemente a la disolución de las Cámaras el próximo 3 de mayo y a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales.
Nadie era optimista ante la posibilidad de un pacto en el último momento, pero durante unas pocas horas flotó en el ambiente la remota posibilidad de que una propuesta de Compromís pudiera acercar al PSOE y Podemos para alcanzar un acuerdo que evitara las urnas.
El PSOE había aceptado 27 de los 30 puntos de una oferta de Compromís y Sánchez proponía presidir un Gobierno con independientes y someterse a una cuestión de confianza en el plazo de dos años. Pero Podemos rechazó el planteamiento de Sánchez, acusándole de torpedear todos los intentos de entendimiento entre las dos formaciones, mientras el líder socialista hacía responsable a Iglesias del fracaso de un Gobierno para desalojar a Rajoy del poder.
Ya no hay tiempo ni voluntad para seguir negociando, por lo que no es exagerado decir que comienza de nuevo una larga campaña electoral que durará dos meses, un plazo en el que seguirá el actual Gobierno en funciones sin poder tomar decisiones.
Es la primera vez desde la aprobación de la Constitución en 1978 que se tienen que celebrar unas nuevas elecciones porque los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Ello supone un fracaso de gran magnitud porque la obligación de los líderes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos era plasmar en un pacto la voluntad expresada en las urnas por los votantes.
Han sido incapaces de ello porque desde la noche del 20 de diciembre sembraron el camino de líneas rojas, obstáculos y vetos personales que, al final, han impedido formar un Gobierno estable.
Todos tienen la culpa de este fracaso, pero especialmente la responsabilidad recae sobre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, ya que la única alternativa para solucionar los problemas de España era un acuerdo entre ambos. El líder socialista se negó desde el primer momento y Rajoy ha carecido de iniciativa política para salir del ‘impasse’. También Pablo Iglesias se ha comportado con una soberbia incompatible con la búsqueda de pactos.
Dijimos hace cuatro meses -y lo volvemos a repetir- que la mejor solución para los intereses generales hubiera sido un Gobierno formado por PP, PSOE y Ciudadanos con una agenda de reformas pactada y una política para consolidar el crecimiento económico.
No ha sido posible, pero mucho nos tememos que los resultados de las próximas elecciones vuelvan a reproducir un escenario político similar y, por tanto, la necesidad de un pacto de esas características. Pero de momento es mejor no adelantar acontecimientos.
Lo que sí supone ya un daño irreparable es la imagen de discordia y falta de voluntad de consenso, que han transmitido la impresión de que este país es ingobernable y de que sus fuerzas políticas son incapaces de anteponer sus intereses particulares a la necesidad de responder a los importantes retos del momento.
Nadie puede ser tan ingenuo de creer que los siete meses que España se dispone a estar sin Gobierno -hasta finales de julio es técnicamente imposible que haya un nuevo presidente- no van a generar un alto coste político y económico para el país.
En este último aspecto, la Comisión Europea ya ha formulado las exigencias de un recorte adicional de gasto público, que podría situarse en unos 4.000 millones, según la Airef. Ello va a colocar entre la espada y la pared al nuevo Gabinete.
Y mientras, el Gobierno que preside Carles Puigdemont sigue avanzando en la hoja de ruta hacia el soberanismo mediante la aprobación de leyes e iniciativas que debilitan al Estado.
El mundo se mueve mientras en nuestro país seguimos mirando hacia el ombligo y discutiendo si hay que modificar el nombre de las calles. Ya no es posible evitar la vuelta a las urnas, pero sería deseable un cambio de actitud de los líderes políticos para encontrar las soluciones que necesita España a partir del respeto de la voluntad expresada en las urnas.