Multitudinarias marchas contra el genocidio

La represión contra los nativos amazónicos ha despertado un amplio movimiento de solidaridad con los indí­genas y de repudio al gobierno de Garcí­a, que ayer se expresó en multitudinarias marchas de protesta en ciudades de todo el paí­s. Organizaciones sociales, partidos polí­ticos opositores, sindicatos, gremios agrarios y campesinos, estudiantes, maestros, intelectuales salieron ayer a las calles para marchar en contra del gobierno, en lo que ha sido el movimiento social más grande desde las protestas que precedieron la caí­da del régimen de Alberto Fujimori, en el año 2000. A las protestas internas se han sumado las condenas internacionales por la matanza de la Amazoní­a.

Según todos los informes que llegan, los nativos muertos en su mayorí­a no son encontrados, otros son hallados incinerados, al más uro estilo fascista hitleriano. Un verdadero holocausto. que entre nativos y policí­as superarí­a el medio centenar según medios oficiales y según las cifras de las organizaciones indí­genas, organizaciones no gubernamentales y la misma Iglesia, son más de trescientos los desaparecidos, el ocultamiento de los cadáveres por el ejercito y la policí­a, quemándolos, echándolos al rí­o o en fosas comunes, hace imposible un recuento oficial de los muertos. Pobladores de la zona aseguran haber visto helicópteros arrojando cadáveres a los rí­os. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han condenado la violencia contra los indí­genas y exigido una investigación de lo ocurrido. Las Naciones Unidas expresaron su «profunda preocupación» por los violentos sucesos en la Amazonia peruana. El gobierno hasta el dí­a de hoy solo reconoce nueve indí­genas muertos y veinticuatro policí­as.Unas treinta mil personas marcharon por las principales calles del centro de Lima, que habí­a sido cercado por la policí­a. «Alan genocida», «Alan asesino, igual que el chino (Fujimori)», eran algunas de las consignas que se podí­an leer en los cartelones que llevaban los manifestantes. Las protestas se repitieron en las principales ciudades del paí­s, casi sin excepción. En todas las marchas fue unánime la condena a la matanza de los indí­genas y la exigencia de la renuncia del gabinete ministerial que preside Yehude Simon, quien en los últimos dí­as se ha dedicado a tiempo completo a justificar la represión policial y a satanizar el movimiento indí­gena, que busca parar las intenciones del gobierno de privatizar la Amazonia, como parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cuando los manifestantes que marchaban pací­ficamente por las calles de Lima se acercaron al Congreso, la policí­a los atacó con bombas lacrimógenas. La multitud retrocedió, pero no se dispersó. Poco después volvió a avanzar y la policí­a lanzó más gases lacrimógenos y arremetió con la policí­a montada. El enfrentamiento se prolongó por un largo rato.El gobierno, más aislado que nunca, ha respondido a las protestas endureciendo un discurso desafiante, fascista, refugiándose en medidas que ajustan las tuercas del autoritarismo. Los principales portavoces del gobierno, encabezados por el sátrapa Garcí­a, han reaccionado satanizando a los indí­genas y a quienes apoyan sus demandas, a los que ha acusado de «complotar contra la democracia» y de ser «antisistemas enemigos de la modernidad y el desarrollo», y ha llamado a combatirlos. El gobierno insiste en culpar de la violencia a los indí­genas, lo que ha exacerbado más los ánimos. Unos indí­genas» insolidarios» que no piensan el en «bien común» intentando dividir al pueblo frente a los indigenas. Pero esta estrategia fascista, se le esta volviendo encontra, cada vez más los apristas, la derecha y los medios de comunicación oligárquicos, temen que este movimiento se convierta en su tumba. Como paso en Bolivia hace unos años en la represión genocida del gobierno de derechas que provoco un camino imparable para que las organizaciones antihegemonistas, con Evo Morales ganaran las elecciones.Mientras la policí­a reprimí­a a los miles de manifestantes que expresaban su solidaridad con los indí­genas para evitar que lleguen al Congreso, dentro del hemiciclo parlamentario la mayorí­a oficialista, que incluyó al fujimorismo y a la derechista Unidad Nacional, imponí­a, sin debate y en pocos minutos, una sanción de 120 dí­as de suspensión a siete congresistas del opositor Partido Nacionalista (PN), que el dí­a anterior habí­an protestado tomando el recinto parlamentario contra la decisión del oficialismo de suspender en lugar de derogar las llamadas «leyes de la selva». Aprobada la suspensión de las leyes sobre la Amazoní­a, se desató el escándalo. Los congresistas del PN protestaron indignados y tomaron el centro del hemiciclo con cartelones y gritos en apoyo a los indí­genas y exigiendo la derogatoria de las cuestionadas leyes, que ya han sido calificadas como inconstitucionales por dos comisiones del propio Congreso y por la Defensorí­a del Pueblo, opiniones que la mayorí­a no quiso tomar en cuenta. Varios parlamentarios levantaron frente a la mesa de la presidencia del Congreso una gran banderola en la que se podí­a leer «Tierra y agua no se venden. Escuchen a los pueblos andinos y amazónicos».Las congresistas Hilaria Supa y Marí­a Sumire, representantes de los pueblos indí­genas andinos, se sentaron, vestidas con trajes tí­picos de sus comunidades, en medio del hemiciclo exhibiendo carteles escritos a mano en los que se pedí­a «por la vida, la paz y la democracia. No más muertos por nuestros recursos». Los parlamentarios nacionalistas colocaron en medio del recinto una corona de plumas de un Apu (jefe) indí­gena y encendieron velas, en señal simbólica de apoyo a los nativos amazónicos. Los congresistas decidieron pasar toda la tarde y la noche en el Congreso, en una vigilia de protesta contra el gobierno. «La selva no se vende, la selva se defiende», era una de las consignas más escuchadas que salí­an desde el hemiciclo parlamentario. De esta manera, el gobierno deja fuera del Parlamento a una parte fundamental de la oposición parlamentaria. «Se ha sancionado principalmente a los congresistas vinculados con los sectores indí­genas. Esta suspensión es un gran atropello a la democracia. Estamos ante una dictadura cí­vico-militar», señaló Freddy Otárola, portavoz de la bancada parlamentaria del PN.Después de la masacre de los indí­genas ocurrida hace una semana y la respuesta del gobierno, que ha pretendido negar los hechos, cada vez con más claridad se borra el maquillaje democrático del APRA para dejarnos ver en toda su crudeza su esencia prohegemonista y fascista. En el ambiente polí­tico comienza a imponerse la sensación de un peligroso deterioro de la democracia. El gobierno está más debilitado que nunca y ha perdido legitimidad. Ya ha demostrado de lo que es capaz, ahora esta como una alimaña herida y se vuelve más peligroso por momentos.