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El 5 de junio, el gobierno de Alan García ordenó un salvaje operativo militar contra las movilizaciones indígenas que paralizaban las carreteras en protesta por los decretos que anulaban el derecho de consulta y propiedad sobre sus tierras. Las cifras oficiales son de 9 indígenas y 21 policías muertos. Las organizaciones indígenas hablan ya de más de un centenar de muertos y cientos de heridos. Una movilización social ha estallado en Perú encabezada por un movimiento indígena organizado y combativo. Adda Chuecas es directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, y ha concedido una entrevista a De Verdad digital en su visita a España. El CAAAP fue creado en 1974 por nueve obispos de la Amazonía Peruana. Trabaja actualmente con cuatro de los principales pueblos indígenas: Asháninka, Aguaruna, Shipibo-konibo, y Kechwa-Lamista, en las zonas de San Martín, Selva Central, Ucayali y Loreto, pero, al mismo tiempo proyectan su trabajo con el objetivo de incidir a escala nacional.
La información sobre los hechos de Bagua es muy contradictoria. Hay incluso datos sobre las víctimas que están or encima de los datos oficiales, ¿de qué datos disponen?. En principio tendríamos que manejarnos con los datos oficiales. No hay todavía ninguna relación de desaparecidos, porque no han sido denunciados. Pero espero que todo ese esclarecimiento de la verdad sea a través de la comisión investigadora que se ha formado, y que incluso el propio relator de Naciones Unidas está proponiendo dentro de sus recomendaciones, que el Estado peruano debe realizar una investigación sobre los hechos de Bagua para que se establezca la verdad y se asuma las responsabilidades tanto políticas como penales, que se sepa lo que desencadenó estas muertes, tanto de policías como de indígenas. ¿Cuál es ahora la situación del país? El Gobierno derogó esos decretos legislativos que estaban en el paquete de decretos que estaban pidiendo los indígenas que se derogaran, el 1094 y el 1090. A raíz de esto también se instaló una mesa de diálogo que está compuesta por cuatro grupos: una comisión de la verdad que investiga los hechos de Bagua, uno que tiene que ver con la revisión de los decretos legislativos para establecer un nuevo marco jurídico, un tercer grupo que tiene que ver con el Convenio 169 de la OIT, para establecer los mecanismos de consulta para los pueblos indígenas, y el cuarto grupo es el de desarrollo amazónico. Si bien es cierto que esto ya se instaló, el compromiso del nuevo gabinete es seguir manteniendo la mesa de diálogo. El diálogo tiene que ser el único instrumento para solucionar el conflicto. La sociedad peruana ha respondido con movilizaciones en todo el país… El movimiento de pueblos indígenas tiene una larga historia de organización en la Amazonía peruana. Y vienen años demandando reivindicaciones sobre los derechos de los indígenas. A esto se ha ido sumando cada vez más organizaciones sociales, que en principio era de apoyo a los indígenas pero solicitando también el cambio de modelo de desarrollo que está imponiendo el Gobierno, y que viene de atrás; un modelo económico basado en la inversión privada en vez de promover el desarrollo. Las protestas sociales han ido creciendo y ahora han salido con lo de Bagua. ¿Ha tenido consecuencias políticas, cambios en el Gobierno o en otras fuerzas? La mesa de diálogo es el principal cambio, porque es aceptar que llegar a una solución no se puede hacer imponiendo la fuerza. Esto ha significado una crisis en el propio Gobierno. Esto debe servir para que el Perú se vea de manera diferente y el Gobierno atienda las demandas populares con consultas a la población. Además ahora la sociedad en su conjunto asume que cualquier modificación o propuesta legislativa que tenga que ver con los indígenas, el Estado tiene la obligación de consultar antes de establecerla o iniciar cualquier proyecto de explotación o exploración. Es la gran lección que han dado los indígenas al país, que sus protestas están basadas en la defensa de su derecho a ser consultado antes de que se promueva cualquier proceso de desarrollo en su territorio. ¿Por qué razones el Gobierno suprimió este derecho a consulta? Es que no está establecido constitucionalmente. Está dentro del Convenio 169 de la OIT, pero que al haber sido ratificado por el Estado peruano tiene carácter vinculante y rango constitucional. Lo que ha pasado es que el Gobierno sacó estos decretos legislativos para el implementar el TLC. Diez de estos decretos afectaban a los pueblos indígenas, que no fueron consultados. Este fue el inicio del toda la protesta. ¿Tiene su base en el crecimiento exponencial de la explotación minera y energética de la región, y los nuevos yacimientos encontrados? En los últimos años la Amazonía ha quedado registrada en un 78% por contratos de explotación y exploración. Y en este proceso tienen que ser consultados los indígenas. Si se sigue haciendo este procedimiento a espaldas de la población indígena que se encuentra donde están los recursos naturales, volverán a producirse sucesos como estos. Esto es lo que tiene que aprender el Gobierno, que tiene que haber una consulta previa, libre e informada. Si no se cumple con esto volverán las protestas sociales y se producirá una crisis mayor que la que puede estar atravesando ahora.