Cargando...El Ministerio de Defensa boliviano publicó este miércoles una resolución en la que abrirán los archivos de las Fuerzas Armadas para ubicar a las personas desaparecidas en dictaduras como Hugo Bánzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981). Los titulares de Defensa y de Justicia, Walker San Miguel y Celima Torrico, respectivamente, presentaron la disposición que cumple con lo exigido por tres mujeres que desde hace dos semanas están en huelga de hambre en solicitud de abrir los archivos.
En los rimeros días, la huelga de las familiares pasó desapercibida. La atención mediática estuvo centrada en el desmantelamiento de una célula terrorista internacional que intentaba asesinar al presidente boliviano para avanzar la causa del secesionismo en la prefectura de Santa Cruz de la Sierra.Pero con el pasar de las semanas y la falta de respuestas la huelga de hambre se convirtió en un tema de debate en todo el país. Hace días, consultado por la prensa, Morales dijo que «he hablado con el Alto Mando Militar y no hay nada que desclasificar en las Fuerzas Armadas. Y eso lo conoce la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos».Según San Miguel, los familiares de los desaparecidos podrán solicitar los documentos clasificados con la asistencia de miembros de la Asamblea de Derechos Humanos, notarios y funcionarios del Gobierno. Agregó que el mandatario Evo Morales, mostró su interés en el esclarecimiento de las desapariciones efectuadas durante el Plan Cóndor, dictadura aliada a los Gobiernos de facto. El funcionario de Defensa declaró que parte de esa información desapareció o fue destruida, por lo que la resolución emitida por el Ministerio pretende abrir los archivos existentes en busca de aclarar los hechos de Gobiernos militares.Las tres mujeres que se mantienen en huelga son la chilena Marta Montiel, cuyo padre, Tirso Montiel Martínez, fue miembro de una guerrilla boliviana en la década de los setenta, abatida por el Ejército en el trópico del departamento de La Paz. Una de las bolivianas en ayuno es Olga Flores, cuyo hermano, Juan Carlos Flores, desapareció en 1980 durante el asalto de bandas paramilitares a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).La otra es Hortensia Gutiérrez, esposa de Rodolfo Flores, que desapareció en 1968 durante el Gobierno militar de René Barrientos. Desde el año 2006, el jefe de Estado boliviano ha solicitado la entrega por parte de los militares de la información que explique el paradero de los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado en 1980, durante el golpe de García Meza. Quiroga representa un ejemplo en la carrera política de Evo Morales y en la lucha contra la corrupción.En las organizaciones de derechos humanos son escépticos. «Una resolución ministerial no es tan fuerte. Un decreto o una ley serían mejor. Hay que ver cuál será la reacción de los militares, pero creo que no se va a avanzar mucho», indicó la titular de la Asofamd.»Es insuficiente esta resolución. La clasificación ha sido hecha por ley. Según la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, para desclasificar archivos hace falta una orden judicial o una solicitud del Congreso. Hemos tenido estos elementos y ni así han acatado la orden. Por eso creemos que la resolución ministerial por orden jerárquico es insuficiente», dijo a este diario Olga Flores, que lleva dos semanas de ayuno.»Somos víctimas de un pacto de silencio que comenzó con el gobierno espurio de (el ex dictador entre 1971-1977) Banzer. Este pacto se mantuvo en estos 25 años de democracia manejada por Banzer y el banzerismo. Entendemos que el gobierno de Morales tiene las manos limpias, pero en estos tres años de su presidencia hemos realizado varios esfuerzos para pedir algo elemental: que se cumpla la ley. Como no tuvimos resultados, hemos recurrido a la huelga de hambre», dijo la hermana de Carlos Flores.»No somos de palo y lo hemos comprobado en estos días de huelga. Nos gratifica que la sociedad sea solidaria. Somos tres mujeres que hemos logrado insertar en la agenda nacional un tema que se tenía olvidado. Aunque somos familiares creemos que esta lucha no es personal. Se trata de una causa nacional para terminar con la impunidad», afirmó Flores.