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A la creciente monopolización de los medios, se une ahora la caza de brujas emprendida por el gobierno. No es nueva, pero si más agresiva
No es la primera vez que hemos denunciado desde estas páginas la olla común del negocio audiovisual en la que se ha convertido RTVE.
Como un donante permanente, el ente público ha sido parasitado por los grandes grupos mediáticos, actuando como “continente legal” que alimenta el sector. De los 1.200 millones de euros presupuestados, 800 millones, el 80%, va a parar a manos privadas.
Meses antes del cambio de gobierno asistimos a las primeras dentelladas de los grandes grupos, Telecinco y Telefónica, por hacerse con más parte del suculento pastel. Y al mismo tiempo el forcejeo incluso de algunos sectores del PSOE (Mediapro) por evitarlo, es decir, por no perder la parte fagocitada durante 8 años. La financiación de las grandes productoras y una parte importante del cine español depende de este millonario presupuesto.
La caza de brujas emprendida ahora por el PP es tan solo un episodio más coherente con el cambio de gestores, que no de amos. No olvidemos que durante los gobiernos del PSOE fueron despedidos o prejubilados 4.500 trabajadores, ¡el 50% de la plantilla!, durante el mandato de Carmen Caffarel; que Luis Fernández, directivo formado en Sogecable, fue el encargado de la “externalización” y la contratación, con cuantiosos bonus, de ejecutivos provenientes de otras cadenas; y que mientras la mayoría de programas salían de la gestión de TVE hacia productoras privadas, especialmente Mediapro, las unidades móviles de Prado del Rey permanecían paradas y su personal inactivo.
El argumento utilizado para esto último fue que el personal propio resultaba más caro que la subcontratación a una productora para hacer el mismo trabajo. Pero trabajadores de TVE ya han denunciado que en el Consejo de Administración y con la aprobación del Parlamento “se ha ideado una contabilidad perversa” que “deja a los trabajadores parados asignándoles únicamente unas pocas horas de programas a la semana y entonces se dividen sus sueldos mensuales por el número de horas de programa que han hecho durante el mes y no por el número de horas de jornada laboral completa”. De manera que se ha obligado a los trabajadores a estar parados para encarecer las horas y justificar la “externalización”. Otro tanto se hizo con los trabajadores de edición, trasladados a otras secciones para justificar que TVE no disponía de editores y entregar los programas a otras empresas.
La operación se completó con la infraestructura, invirtiendo dinero público en la compra de varias Unidades Terrenas para hacer reportajes en directo, para luego tenerlas paradas, pues es Overón, la productora vinculada a Mediapro, la encargada de cubrir este servicio.
Otro tanto ha ocurrido en RNE, con la contratación de «colaboradores» ajenos a la empresa para la mayor parte de la programación. «La caza de brujas es un episodio más del cambio de gestores, que no de amos»
El mismo perro con distinto collar
Fue el PSOE quien selló legalmente la operación. Por una parte legalizando la “externalización” a través de la ley aprobada en el 2006. Y por otra eliminando la publicidad de la televisión y la radio pública. El negocio de la publicidad en España ronda los 3.600 millones de euros; gracias a ésta decisión las cadenas privadas han visto crecer sus ingresos un 20%.
RTVE es un enorme conglomerado que representa la cara mediática de España, y controlar sus altavoces es fundamental. Pero con las diferentes plataformas que se han ido consolidando, más gracias a la TDT, lo que realmente subyace en todo esto es asegurar la financiación monopolista mediante las arcas públicas. En 8 años de gobierno socialista, RTVE ha sido despedazada sin rubor ninguno y repartida a los comensales según la posición privilegiada de cada uno. Apellidos como Roures, Barroso o Contreras, vinculados incluso familiarmente al PSOE, han sido claves en toda la operación. Ahora, los nuevos gestores del PP toman posiciones para asegurarse el pastel, y el control de la información.
Leopoldo González-Echenique, nombrado presidente de RTVE ha puesto en marcha una caza de brujas implacable. En muy pocos meses ha procedido ha suprimir a todo el equipo directivo anterior, y a eliminar a una parte de los mejores profesionales que, en algunos casos, se habían destacado por ser implacables con los recortes, de éste y del anterior gobierno: Ana Pastor, Xavier Fortes, José Ramón Lucas, Pepa Fernández, Toni Garrido, Javier Gallego y muchos más, así como a gran número de cargos intermedios de TVE y RNE.
Asegurar el monopolio
Pero la noticia que ha recibido menos atención es la del cambio de las condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a la fusión de Antena 3 y La Sexta para facilitar la unión entre la cadena de Lara y Roures, supuestamente por «razones de interés general y el mantenimiento de pluralismo informativo».
En lo fundamental, con esta decisión, el gobierno resuelve los problemas puestos por la CNC a la fusión en abril, facilitando lo contrario de lo que argumenta, la mayor concentración de poder mediático, el control del pastel publicitario, acumulando en pocas manos, al mismo tiempo, la capacidad de fagocitar los presupuestos públicos de RTVE, multiplicando los efectos de las medidas tomadas ya por el PSOE.
El panorama mediático español está cerca de convertirse en un mundo bipolar mantenido con los impuestos de todos.
Medidas del Gobierno
1.- Elimina la obligación a la entidad resultante de comercializar espacios publicitarios a través de sociedades diferentes.
2.- Aumenta al 22% la limitación de la audiencia semestral media conjunta a las ofertas de publicidad televisiva de la entidad resultante, empaquetando varios canales de televisión.
3.- Se modifican las limitaciones al empaquetamiento, la prohibición de vinculación en la comercialización de espacios publicitarios, y las obligaciones de información a incluir en la oferta publicada de productos publicitarios.
4.- Se eliminan las condiciones sobre el proceso de negociación con anunciantes y agencias de medios, sobre el mantenimiento de determinadas bases de datos y sobre la negociación de las extraprimas.