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El proceso de monopolización avanza en España y pretende abarcar todos los ámbitos de la información. Si ya hemos asistido a la culminación del proceso de fusión televisiva acaparando casi un 60% de la audiencia y un 90% de la publicidad (con la desaparición de la publicidad en TVE) entre los dos gigantes resultantes de la doble fusión de las grandes cadenas, ahora le toca el turno a la radio. Más de 3.000 emisoras de radio emiten de forma ilegal en España y el Gobierno a decidido resolverlo.
La bandera de nuevo es el daño que se causa or la crisis “publicitaria” que sufre el sector. Pero a parte del reparto del parné, como ha pasado en televisión, lo determinante es la capacidad de controlar la información, no solo a nivel nacional respecto a los grandes grupos, sino también respecto al control que las burguesías burocráticas de los medios informativos locales.Según los últimos estudios hay en España 20 millones 700 mil radioyentes y de acuerdo con el ranking publicado en diciembre, el 90% de la audiencia está monopolizada por los principales grupos. Aunque se hable de 49 emisoras, 19 son públicas y dependen del Estado, las otras 30 son privadas, nacionales y locales. Y entre ellas están las nueve que se reparten ese 90% (Ser, Onda Cero, Cope, Punto Radio, 40 Principales, Cadena Dial, Cadena Cien, Kiss Fm y Europa Fm). Pero, ¿son en realidad nueve?La Ser, los 40 Principales y Cadena Dial pertenecen al Grupo Prisa; Onda Cero y Europa Fm al Grupo Planeta; Punto Radio al Grupo Vocento; y la Cope y Cadena 100 a la Conferencia Episcopal. Pero debemos tener en cuenta además un par de detalles. El primero es que tanto el Grupo Vocento como Planeta participaron en su momento de la Cope y Cadena 100, y todavía conservan capacidad de influencia. Y el segundo es que Kiss Fm fue fundada por Blas Herrero, empresario del círculo de Felipe González vinculado al Partido Socialista asturiano. Fue un hombre clave en la distribución de licencias radiofónicas monopolizando más del 30% de ellas a mediados de los 80. Y tras fundar Kiss Fm vendió los derechos de explotación a Telefónica y el Grupo Planeta.En definitiva, esas 49 emisoras están en lo fundamental en manos de tres grupos mediáticos: Prisa, Vocento y Planeta, que participan a su vez en Telecinco, Cuatro, Antena 3 y La Sexta, El País, El Mundo, ABC, La Razón, Público, Avui… estos gigantes mediáticos acaparan el 90% de la audiencia radiofónica. Todo y que ya hace tiempo que el Grupo Vocento juega un papel secundario en el reparto del poder.Vocento tiene como accionistas de referencia a la familia Luca de Tena (una histórica familia de la oligarquía española), a Víctor Urrutia, vicepresidente de Iberdrola y a la familia Ybarra. Es fácil recordar como Emilio Ybarra, ex presidente del BBVA, fue desplazado de la dirección de la entidad por Francisco González gracias a la intervención del gobierno de Aznar con el famoso caso de las cuentas en Florida.Ese movimiento, en última instancia, auspiciado por Emilio Botín, fue solo un aperitivo de la preeminencia que el Banco Santander ha alcanzado con el gobierno de Zapatero.Después de la doble fusión de las grandes cadenas de televisión, Prisa y Planeta controlan el 60% de la audiencia televisiva y el 75% de la radiofónica.¿Y el otro 10%?Aún teniendo en cuenta que la audiencia es en parte compartida localmente (los mismos oyentes escuchan una emisora nacional y una local), el trozo del pastel que queda se reparte entre las burguesías autonómicas asentadas sobre las estructuras de los principales partidos, nacionales, regionalistas o nacionalistas. No en vano es desde Coalición Canaria, ERC o Convergencia i Unió que se ha presionado para que se persiga a las emisoras “piratas”. Teniendo en cuenta que estos grupos regionales de poder viven del dinero del Estado y del reparto del botín autonómico, no es de extrañar que salten como sanguijuelas exigiendo la desaparición de las radios “piratas” que son el último escollo después de que RTVE haya prescindido de la publicidad.Y el Gobierno ha respondido como lo ha hecho en el caso de TVE. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que se constituirá antes del próximo 1 de junio, será el organismo encargado de controlar el espacio radioeléctrico. La puesta en marcha de esta agencia figura en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), que la semana pasada fue aprobada por la Comisión Constitucional del Congreso y en febrero emprenderá su andadura en el Senado.El Gobierno se propone identificar a los ilegales, algo que no parece que le vaya a costar mucho. En el 2004 la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) que agrupa a loas grandes emisoras, elaboró un minucioso informe con una radiografía de estas actividades “ilegales”. Se calcula que existen 3.000 emisoras “ilegales”: Canarias (482), Andalucía (387), la Comunidad Valenciana (318), Cataluña (183), Madrid (144) y País Vasco (143).En total, se identificaban a las 2.279 emisoras comerciales que se habían instalado en las ondas al margen de la ley, además de otras 504 emisoras municipales que incumplían la ley reguladora.Está el pastel publicitario pero, sobretodo, está el control de la información, como decíamos al principio, tanto a nivel nacional como en las necesarias estructuras autonómicas de propaganda construidas y mantenidas con el dinero de nuestros impuestos.