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Desde 2011, las partidas dedicadas a la Ley de Dependencia se han recortado en 4.600 millones de euros. Y este año, el gobierno se ha comprometido en aumentar las partidas en tan solo 46 millones, el 1% escaso de todo lo que se ha recortado. Una partida completamente raquítica que impide que las ayudas de la dependencia lleguen a todos los que la necesitan
El gobierno llama a los presupuestos que ha presentado este año como “los más sociales”. Sin embargo, en el caso de la ayuda a las personas dependientes, lo que nos encontramos al ver los números concretos es todo lo contrario.
46 millones de euros, comparados con todo lo que se ha recortado en Dependencia, es una auténtica broma. Y se convierte en un insulto cuando se recuerda como el gobierno se comprometió el año pasado en aumentar el presupuesto a Dependencia en 100 millones de euros, pero sólo lo hizo en 56 millones. Es decir, que hubo 44 millones de euros que se deberían haberse aplicado en Dependencia el año pasado y no se hizo. En otras palabras, el gobierno está prometiendo ahora el mismo dinero que había prometido para el año pasado y que no pagó.
Según el XVIII Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia, presentado públicamente este marzo, en la actualidad hay 1’26 millones de personas dependientes reconocidas, el 3% de la población española, de los cuales dos tercios son mujeres. Y existen 120.000 personas más pendientes de valoración.
Uno de cada cuatro dependientes, 310.120 personas, se encuentra en lista de espera, sin haber recibido aún la prestación que les corresponde por ley. Y de ellos, más de un tercio pertenecen al grado II y III de dependencia, los casos de mayor gravedad.
Según el mismo informe, el año pasado murieron 38.000 personas con dependencia reconocida sin recibir la prestación que les tocaba. Eso es el equivalente a 104 personas por día, o lo que es lo mismo, una persona cada quince minutos.
La elevada lista de espera muestra lo infrafinanciada que está las ayudas a la Dependencia. Y de esta situación, el principal responsable es el gobierno estatal. Según la Ley de Dependencia, el gobierno estatal debe hacerse cargo del 50% de los gastos en dependencia, mientras que los gobiernos autonómicos deben aportar el otro 50%. Pero la realidad es que en todo este tiempo, el Estado central sólo se ha hecho cargo del 20% del gasto, obligando a las CCAA a encargarse del 80% restante. Lo cual tiene como consecuencia, aparte de la escasa financiación, una gran disparidad en cobertura según el territorio en que se encuentre la persona dependiente.
El dinero para las ayudas a la Dependencia existe. Con una moratoria en el pago principal de la deuda pública y los intereses de la misma hasta que la economía crezca de forma sostenible por encima del 3% y el paro descienda por debajo del 10%, y con una auditoría ciudadana independiente que determine que parte de ella es ilegítima y exenta de pago, el Estado recaudaría 113.000 millones de euros en cuatro años. Suficientes para revertir todos los recortes en Sanidad, Educación, Ciencia, Cultura y Dependencia e invertir en un plan nacional que los impulse todavía más.
Sin embargo, no se hace. Porque el objetivo de los presupuestos “más sociales” del gobierno es completamente distinto. Su tarea es la de cronificar los recortes en todos los niveles, para mantener el mismo ritmo de saqueo al 90% de la población. Y la dependencia no es una excepción.