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Hace ya demasiado tiempo que los «economistas» del gran capital financiero amenazan con la quiebra de las pensiones públicas. Y ninguna de las veces, sus catastrofistas predicciones se han cumplido. Todo lo contrario, la Seguridad Social en España disfruta de un superávit de 62.000 millones de euros, el mayor de los países de nuestro entorno.
El royecto de Washington y Berlín, que exige la imposición de drásticos recortes sociales en España, ha disparado la difusión de sus mentiras contra las pensiones. A través de estadísticas falseadas, medias verdades o números vueltos del revés, pretenden justificar sus recortes y hacer tragar a la población con una drástica rebaja de las pensiones. ¡Pero no es verdad! ¡Mienten y nos engañan para intentar robarnos lo que es nuestro! No es cierto que el envejecimiento de la población en España haga insostenibles las pensiones y obligue a ampliar hasta los 67 años la edad de jubilación. No es verdad que el incremento en en número de jubilados conduzca al colapso de las pensiones y haga necesario recortarlas hoy para asegurarlas en el futuro. En España existen recursos más que sobrados para asegurar unas pensiones dignas para todos. El problema es quien los gestiona y con que objetivos. En realidad, el objetivo de su propaganda y de la propia reforma es doble: recortar el gasto social (a la par que se dedican ingentes cantidades de dinero público a salvar la banca o se les bajan los impuestos a los empresarios) y empujarnos a los trabajadores a suscribir fondos privados de pensiones, para que así los bancos se lleven una parte todavía mayor de nuestros salarios, como si no nos robasen ya bastante con las hipotecas, las comisiones, etc. Para los trabajadores proponen la amplicación a veinte años del cálculo para tener derecho a una pensión mínima. Pero a los señores diputados y senadores les basta con cotizar siete años,para una vez llegados a los 65 años, independientemente de los años cotizados,cobrar el máximo de pensión. A nosotros pretenden obligarnos a trabajar dos años más, hasta los 67 años, mientras el vicepresidente del Santander, Afredo Sáez, disfruta de una pensión de 91 millones de euros, o el presidente del BBVA, Francisco González, de 79,7 millones. Elevar hasta 650 euros mensuales la pensión a cuatro millones y medios de pensionistas que cobran por debajo de esta cantidad, supondría un gasto anual total de 6.286 millones de euros. ¿Cómo que esto es un gasto inasumible para el Estado? ¿Quién lo ha dicho? ¿Los banqueros de aquí y de fuera que se están llevando decenas de miles de millones cada año subiéndonos los intereses de la deuda? Además de perfectamente posible, la elevación progresiva de las pensiones es una exigencia de justicia y un factor para la reactivación y el crecimiento de la economía nacional. No es cierto que el envejecimiento de la población obligue a recortar las pensiones La mentira demográfica Utilizan la evolución demográfica para justificar el recorte de las pensiones. En el sistema español es la población activa quien sostiene la jubilación de los mayores. Pero nos amenazan con que el envejecimiento de la población, provocado por la ampliación de la esperanza de vida, está a punto de romper el equilibrio. A este ritmo, afirman, pronto no habrán suficientes trabajadores menores de 65 años para mantener la jubilación de todos los pensionistas. La única forma de “arreglar” el entuerto sería alargar la edad de jubilación hasta los 67 años y recortar unas pensiones insostenibles. ¡Mienten! Contrariamente a lo que difunden los grandes medios, el problema principal no está en la relación entre mayores y menores de 65 años, sino en la cantidad de población que trabaja y cotiza a la Seguridad Social. A mediados de los noventa -para justificar el aumento del periodo de cálculo de las pensiones de ocho a quince años- los gabinetes de estudios de los principales bancos ya predecían el colapso de las pensiones utilizando las proyecciones demográficas. Desde entonces, la inmigración ha hecho aumentar la natalidad un 23,8%, e incrementado en 6,4 millones la población española. Esta inyección demográfica, junto a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ha duplicado el número de cotizantes a la Seguridad Social. No sólo se han sorteado todas las predicciones catastrofistas, sino que el fondo de pensiones disfruta hoy de un multimillonario superávit. Mientras en los países nórdicos el porcentaje de la población activa es del 72%, en España es de sólo un 52%. Una política de creación de riqueza y empleo, no sólo podría crear cientos de miles de puestos de trabajo, sino también garantizar las pensiones futuras. No es cierto que para asegurar las pensiones futuras haya que recortar las actuales Lo que es insostenible son sus recortes “Es imprescindible reformar las pensiones actuales para garantizar las de los jubilados futuros”. Esta es una de las mentiras más repetidas por los principales medios. La Comisión Europea ha publicado un informe donde se advierte que, de seguir la actual evolución, el porcentaje del PIB que España dedica a sufragar las pensiones subirá desde el actual 8,4% hasta el 15,1% en el año 2060. Se vuelve a utilizar la trampa demográfica para predecir que el número de jubilados se duplicará, mientras los ocupados crecerán mucho menos, bajando hasta la mitad la ratio entre población activa y pensionistas. El único resultado posible sería la quiebra del sistema, y para evitarlo será necesario un drástico recorte de las pensiones. Pero llevan ya mucho tiempo utilizando este argumento, y la realidad se ha encargado de desmentirlo. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble. En los últimos treinta años el número de trabajadores activos por cada pensionista se ha reducido a la mitad, mientras que la cantidad de jubilados se ha triplicado. Sin embargo, a pesar de las catastrofistas predicciones de grandes bancos, FMI o la Comisión Europea, la Seguridad Social no sólo no ha quebrado sino que disfrutó el año pasado de un superávit de 8.500 millones, y el fondo de reserva asciende ya a 62.500 millones de euros, más de diez billones de las antiguas pesetas. Es verdad que entre 1976 y 2008 la proporción entre población activa y pensionistas disminuyó a la mitad, porque los jubilados se multiplicaron por 3 mientras los ocupados sólo lo hicieron por 1,5. Pero el incremento de la productividad significó que la riqueza creada por el trabajo de los ocupados aumentase más, en concreto, el PIB se multiplicó por 2,5 en ese período. Es decir, que la cantidad de recursos a repartir se ha multiplicado más deprisa que el crecimiento de los pensionistas. Hace cuarenta años las pensiones suponían el 3% del PIB; hoy suponen el 8% y no pasó nada precisamente porque el aumento de la riqueza implica que hay más recursos. Por la misma razón, aunque en los próximos treinta años se dupliquen tanto el número de jubilados como el peso de las pensiones en el PIB, el sistema tampoco peligrará, sin necesidad de tener que aceptar recortes en la cuantía de la pensión o el aplazamiento hasta los 67 años de la edad de jubilación. Jubilación a los 67, un ataque a los más débiles ¿Pagándole la pensión a Botín? Las proyecciones demográficas esconden que los años de vida también están determinados por la clase a la que perteneces. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años. Al ampliar la edad de jubilación a los 67 años se está golpeando especialmente al grueso de trabajadores. Y beneficiando a las clases de mayores rentes que viven más años. Los planes de pensiones privados Un negocio demasiado redondo A mediados de la década de los noventa ya proliferaron los estudios que auguraban la quiebra de los sistemas públicos de pensiones y exigían recortes inmediatos o privatizar las pensiones. Los lanzaron instituciones como el Banco Mundial o el FMI, y los servicios de estudios de los grandes bancos, los principales interesadas en el desarrollo de los fondos privados. La resultante fue que entre 1995 y 2000, coincidiendo con esta primera concatenación de informes, los fondos privados vivieron un auge excepcional: pasaron de gestionar 4,9 billones de euros a 11,5 billones en sólo cinco años. Hoy, los fondos de pensiones privados manejan en los mercados mundiales 12,7 billones de euros, el equivalente a 12 veces el PIB de España y el 27% del PIB mundial. Es un negocio demasiado redondo como para que las principales oligarquías del planeta lo dejen escapar. Pero en España, la excelente salud de las pensiones públicas ha impedido al gran capital financiero explotar este fabuloso nicho de beneficios. En EEUU, el capital de los fondos de pensiones privados acumula siete billones de euros, un 72% del PIB. En Reino Unido concentran 1,1 billones de euros, una cantidad equivalente al PIB español. Holanda, con un PIB que apenas representa el 80% del español, acumula en sus fondos de pensiones privados 800.000 millones de euros, diez veces más de lo que sucede en España, donde apenas alcanzan una capitalización de 85.000 millones. Con estas cifras empezamos a vislumbrar el gigantesco negocio que puede suponer la extensión de las pensiones privadas en nuestro país. Cuanto más recorten las pensiones públicas, más crecerán las privadas. Es el botín que el gran capital financiero espera conquistar, propiciando con ello un nuevo y gigantesco trasvase de riqueza desde nuestros bolsillos a los suyos. Ninguna pensión por debajo de 1.000 euros ¿Cómo que no se puede? Frente a la reforma de las pensiones que prepara Zapatero, no sólo debemos exigir un referéndum para que el pueblo decida, sino levantar al mismo tiempo la bandera de la redistribución de la riqueza para conseguir unas pensiones dignas. ¡Ningún jubilado por debajo de una pensión digna de 1.000 euros al mes en 2015! O lo que es lo mismo, un plan progresivo de revalorización de las pensiones cuyo objetivo es conseguir, en el plazo de 5 años y a razón de una subida lineal de 100 euros al mes cada año, que no haya ninguna pensión por debajo de los mil euros mensuales. Y cuya primera etapa, para este mismo año que comienza, debería ser una elevación de las pensiones más bajas hasta un mínimo de 650 euros al mes. Lo que significa, para muchos de nuestros mayores, una revalorización de un 50, un 70 o incluso un 100% de sus actuales pensiones. De hecho, hoy las pensiones de la mayoría son de miseria. Los datos de la Seguridad Social española confirman que el 71,75% de los pensionistas obtiene nóminas por debajo de los mil euros y el 58,5% percibe nóminas inferiores a 600 euros al mes, lo que supone estar en los niveles de pobreza después de haber estado décadas cotizando a la Seguridad Social. La pensión media contributiva en el Estado español es sólo el 68% de la media de la UE-15 y la pensión no contributiva es «sólo el 46% del promedio de la UE-15». Este tema no es motivo de preocupación para los altos ejecutivos de los bancos Santander y BBVA, aunque son los que están impulsando la privatización de las pensiones. Seis ejecutivos del Santander percibieron 251 millones en pensiones en 2009, mientras que el presidente de BBVA acumula ya un fondo privado de pensiones por valor de 79,7 millones. Estos millonarios se benefician de la normativa de la Seguridad Social que fija un tope de cotización por salario, por encima del cual no se cotiza. De esa manera, los banqueros cotizan a la Seguridad Social igual que un empleado cualificado. Una medida eficaz sería eliminar esos topes, para que quien más tiene cotice más.