Cargando...Las detenciones de 28 funcionarios públicos -10 alcaldes, 17 funcionarios del gobierno estatal y un juez- efectuadas en Michoacán el pasado martes, en el contexto de una supuesta acción en contra del grupo delictivo conocido como La Familia, han puesto en evidencia una serie de irregularidades cometidas al amparo de la política de seguridad del gobierno federal y han contribuido a enrarecer aún más el ambiente político en vísperas de los comicios federales de julio próximo.
Diez alcaldes y otros dieciocho funcionarios úblicos, incluyendo a un juez de primera instancia y a una asesora del gobernador de Michoacán, el izquierdista Leonel Godoy, fueron detenidos en el transcurso del martes en un operativo realizado por autoridades federales y el ejército. Por la noche fueron presentados en la Procuraduría General de la República (PGR), en la capital del país.Otros cuatro funcionarios enfrentan órdenes de presentación, entre ellos el procurador de Justicia, Miguel García Hurtado, y el subprocurador Ignacio Mendoza. Según la PGR, los detenidos forman parte de una red de protección del cartel de «La Familia», que opera en ese estado, pero eso «no puede interpretarse como una cuestión de narcopolítica, se trata de conductas personales que podrían derivar en acusaciones individuales», dijo un portavoz. Anteayer, la policía federal detuvo a once sicarios de «La Familia» en Michoacán y el estado de México, relacionados con al menos veinte ejecuciones.Los diez alcaldes detenidos provienen de tres partidos: seis de las filas del PRI, dos del PRD y dos más del oficialista PAN. Se destacan las detenciones de Citlalli Fernández González, asesora del gobernador de Michoacán y ex secretaria de Seguridad Pública Estatal; Ramón Ponce Ponce, coordinador de asesores del procurador de justicia del estado y ex subprocurador, y Jaime Liera Alvarez, juez de primera instancia en el municipio de La Piedad y también exsubprocurador.Según la PGR, el operativo -del que no dio aviso al gobernador del estado- responde a una investigación de seis meses que atribuyó a los veintiocho detenidos vínculos con la delincuencia organizada. Contra todos ellos fue girada una orden de localización y presentación por el Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.La investigación no incluye al gobernador Leonel Godoy, ex senador y ex dirigente nacional del PRD, ni al ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cádenas Solórzano, fundador histórico del PRD, quien gobernó este mismo estado entre 1983 y 1988, cuando dejó las filas del PRI para contender por primera vez por la presidencia de la república. Luego se postularía nuevamente en 1994 y 2000. Godoy fue secretario general de gobierno tanto de Cuauhtémoc como de Lázaro Cárdenas y también fue secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.El gobernador Leonel Godoy denunció que el operativo federal fue «abolutamente ilegal», pues fuerzas federales ingresaron violentamente al palacio de gobierno en busca de algunos funcionarios. «Llegaron encapuchados, sin exhibir orden de aprehensión, y sometieron a la guardia armada de la sede del Poder Ejecutivo estatal», acusó. Lo más grave, dijo, es que no se siguieron los procedimientos que existen para el ingreso de fuerzas federales al palacio de gobierno estatal.Por si fuera poco, el gobernador no fue notificado del operativo, sino que se enteró por mensajes de sus funcionarios. La mañana del martes, Godoy se comunicó con el secretario particular del presidente Felipe Calderón para preguntarle qué pasaba. Alrededor de mediodía, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamó al gobernador para confirmar que el operativo era real y proporcionarle algunos detalles.Godoy reclamó al gobierno de Calderón por no recibir el mismo trato que el gobernador de Morelos, a quien sí le avisaron hace meses sobre un operativo para detener a funcionarios policíacos de su estado.El golpe ocurre en pleno proceso electoral para renovar el Congreso mexicano. Michoacán es gobernado por el PRD desde 2002 y ahí ganó López Obrador ampliamente en la elección presidencial de 2006. Godoy se reunió ayer en la capital del país con la comisión política nacional del PRD para evaluar los daños. El PAN, por su parte, se deslindó de sus alcaldes detenidos, mientras el PRI ha guardado silencio.El gobernador Leonel Godoy, un reputado abogado penalista, anunció que iniciaría una protesta formal por violación a la soberanía del estado.Esta no es la primera vez que ocurre algo así en el estado. En 1985, cuando Cuauhtémoc Cárdenas -hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río- era gobernador de Michoacán, todavía como militante del PRI, fuerzas federales irrumpieron en un rancho propiedad de un ex diputado local, por una supuesta denuncia anónima que ubicaba ahí a Enrique Camarena, agente de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), secuestrado por el entonces poderoso cartel de Guadalajara. Los policías federales asesinaron a toda la familia del ex diputado. Camarena fue encontrado muerto poco después en otro lugar, junto con su piloto.En represalia, la DEA detuvo en Los Angeles, California, a Rubén Zuno Arce, cuñado del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, para someterlo a jucio en Estados Unidos, acusado de proporcionar la casa en Guadalajara donde había sido secuestrado, torturado y asesinado el agente de la DEA. Zuno Arce fue condenado a dos cadenas perpetuas más veinte años de prisión por esos cargos, aunque el cadáver de Camarena había sido localizado en Michoacán. El presidente Felipe Calderón, del derechista PAN, inició su guerra contra el narcotráfico precisamente en Michoacán, su propia tierra natal, lanzando a las calles al ejército a unos días de asumir el poder. La guerra continúa.La patente desconfianza y descoordinación entre los poderes los ejecutivos regional y federal, así como la sospechosa oportunidad política y electoral de una operación policial-militar de la magnitud de la que se realizó el martes pasado en diversas ciudades de aquella entidad, constituyen otros tantos puntos débiles de la estrategia en curso contra la delincuencia organizada y, en esa medida, pueden terminar por lograr un efecto contrario al deseado: erosionar aún más la autoridad del Estado y abrir nuevos espacios para el desarrollo y el avance de los grupos criminales.