Cierre de Guantánamo

Metiéndolo todo debajo de la Alfombra

Desde el 11-S, EE.UU. ha detenido a 80.000 personas en prisiones dispersas por una veintena de paí­ses. Hoy, 14.500 sospechosos están retenidos sin cargo en nombre de la guerra contra el terrorismo en los llamados «agujeros negros» o prisiones secretas

El residente electo de EEUU, Barack Obama, se propone cerrar la cárcel de Guantánamo y acabar con todo tipo de tortura en EEUU en los dos primeros años de su mandato. Así­ lo manifestó en una entrevista con la revista Time que le designa como «personaje del año».A la pregunta de cómo los electores podrán medir su éxito dentro de dos años, Obama replicó, entre otras cosas, que lo podrán comprobar si se dan esos supuestos: «Si en polí­tica exterior hemos cerrado Guantánamo de forma responsable, hemos acabado inequí­vocamente con la tortura y hemos restaurado un equilibrio entre las exigencias de nuestra seguridad y nuestra Constitución».El cierre de Guantánamo sólo debe ser un primer paso. Los detenidos de Guantánamo no deben ser enviados a alguna otra zona libre de derechos sino que deben disponer finalmente de garantí­as procesales y esto implica enjuiciar o poner en libertad a los presuntos criminales, de acuerdo con las normas internacionales y aplicar los convenios de Ginebra a todos los capturados en el campo de batalla.A pesar de su condición de icono, Guantánamo no es ni mucho menos el peor lugar para un detenido dentro de la «guerra global contra el terrorismo». la Agencia Central de Inteligencia (CIA) gestiona también un archipiélago de centros de detención clandestinos en los que han «desaparecido» los musulmanes cautivos, sin que se informe a sus familias, sin acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja y sin supervisión del trato que reciben, poniéndolos efectivamente fuera del alcance de la leyDesde el 11-S, EE.UU. ha detenido a 80.000 personas en prisiones dispersas por una veintena de paí­ses. Hoy, 14.500 sospechosos están retenidos sin cargo en nombre de la guerra contra el terrorismo en los llamados «agujeros negros» o prisiones secretas. Sinhablar de los desaparecidos, cuya cifra se desconoce y que The Washington Post cifra en un centenar. Ni de las «bajas».En octubre, el Departamento de Defensa norteamericano desclasificó 44 autopsias de prisioneros muertos durante su detención en lugares bajo control americano. Ocho de esas muertes se describen como resultados de interrogatorios (estrangulamientos, asfixias, heridas) llevados a cabo por agentes de la CIA y fuerzas especiales de la Marina. Los otros fallecimientos naturales se atribuyen a «enfermedades cardiovasculares».Afganistán es, probablemente, el eje principal de la red global de centros de detención. Allí­ es fácil hacer desaparecer a la gente y peligroso investigar qué ha sido de ellos. Los periodistas del periódico británico The Guardian que lo intentaron concluyen que «Afganistán se ha convertido en el nuevo Guantánamo».Tampoco se sabe exactamente en qué paí­ses se encuentran los otros centros de detención, aunque hay cárceles documentadas en Pakistán, Uzbekistán, Jordania, Egipto, Tailandia, Malasia, Indonesia y la isla británica de Diego Garcí­a en el océano Índico.Los detenidos son frecuentemente trasladados en vuelos encubiertos, por eso los llaman «detenidos fantasma». Robert Baer, un ex oficial de la CIA en Oriente Medio, explica cómo funciona: «Cogemos a un sospechoso o lo arreglamos para que uno de nuestros paí­ses socio lo haga. Entonces, es enviado en un transporte civil a un tercer paí­s, donde, no nos llevemos las manos a la cabeza, utilizan la tortura. Si quieres un buen interrogatorio, lo enví­as a Jordania. Si quieres que lo maten, a Egipto o Siria. En cualquier caso, EE.UU. no puede ser culpado porque no hace el trabajo sucio».Pero como siempre todo el va ha quedar como una declaración de intenciones vací­a de contenido, metiendo toda la porquerí­a debajo de la alfombra. A no ser que EE UU cierre todas sus «mazmorras clandestinas», nombre a una comisión independiente para investigar el abuso contra detenidos, permitir que un fiscal independiente investigue a los responsables que ordenaron o condonaron la tortura y repudiar, de una vez por todas, el maltrato a los detenidos.

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