Cargando...La Xunta, el Gobierno gallego, presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP) aprobó el pasado martes su nueva estructura en la que se recorta un 47% el número de altos cargos y se eliminan 66 de los 125 órganos de dirección existentes en el anterior gobierno bipartito formado por el PSdeG y el BNG. Se recorta el número de consejerías (de 13 a 10), y el de directores y secretarios generales, de 73 a 61 y se sustituyen las delegaciones provinciales por cinco únicos superdelegados (uno por provincia y un quinto para Vigo, la ciudad más poblada de Galicia). Todo ello, para ahorrar unos 100 millones de euros en el presupuesto autonómico, según el presidente Núñez Feijóo, en nombre de «la austeridad» y «la disminución» del gasto de la Xunta. Está muy bien la reducción drástica de los gastos innecesarios, superfluos y suntuosos en los presupuestos del Estado a nivel central, autonómico y local. Pero es necesario redistribuir la riqueza, mejorar el gasto social e invertir en impulsar la economía productiva.
El nuevo gobierno del PP va a oner en marcha una reforma fiscal en el IRPF, en sucesiones y donaciones, y en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Lo que supondrá una disminución de ingresos de unos 200 millones. No estamos de acuerdo. Lo correcto es redistribuir la riqueza. Respecto a los impuestos de debería establecerse 10 niveles de impuestos sobre rentas individuales. Arrancando la escala impositiva, por abajo, con el 0% de impuestos, o una cifra ultrareducida, para quien no dispone de rentas. Y, por arriba, que las grandes fortunas tengan un nivel impositivo del 90%. A más renta, más impuestos. Un cambio drástico al sistema fiscal tan radicalmente injusto y éticamente reprobable como el que existe en la actualidad.