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El 27 de febrero de 1976, en Bir Lehlu, una pequeña localidad en el noreste del Sahara Occidental, fue proclamada la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Medio siglo más tarde de aquella proclamación, el pueblo saharaui sigue luchando por conseguir realizar aquello a lo que la legalidad internacional le da un derecho inalienable: un referéndum de autodeterminación.
El Sahara Occidental es una excolonia española, un Territorio No Autónomo, pendiente de descolonización, en términos de las Naciones Unidas, y sometido hoy además a la ocupación extranjera de Marruecos.
El último territorio sin descolonizar del continente africano es a día de hoy un país dividido por un muro militar de más de 2.700 kilómetros, una de las zonas con mayor número de minas terrestres antipersonal, que divide el territorio, a las propias familias –separadas cruelmente durante décadas-, y blinda el expolio ilegal de sus recursos naturales no sólo por parte de Marruecos, sino por parte de multinacionales extranjeras, incluídas las europeas.
Cincuenta años después del abandono unilateral de España de sus responsabilidades, tanto la ONU como la mayoría de la comunidad internacional se han desentendido de ejercer la debida presión diplomática para resolver el conflicto y obligar a Marruecos a aceptar un referéndum de autodeterminación garantista y justo.
Durante largas décadas, el Frente Polisario ha tratado paciente y pacíficamente de encontrar una solución dialogada y pactada con el Estado marroquí. Y una y otra vez, el régimen alauita ha burlado las resoluciones de la ONU y ha maniobrado para mantener su ocupación, contando siempre con el aval y la protección -explícita o tácita- de potencias imperialistas como Francia o EEUU.
La grave e injusta situación que atraviesa el pueblo saharaui -que ha reanudado el enfrentamiento bélico con un Marruecos que ha desechado la via diplomática- se recrudeció después de que en 2020 Donald Trump, en los últimos meses de su primer mandato, reconociera la falsa «marroquinidad» del Sáhara Occidental, dentro de los Acuerdos Abraham, que incluían la reanudación de relaciones entre Rabat e Israel.
Trump tomaba esta decisión no sólo para fortalecer a su verdugo sionista, sino para potenciar a Marruecos como “gendarme local” en el Norte de África. Una zona sensible del planeta, flanco sur de la estabilidad europea y todavía agitada por el fracaso de las “primaveras árabes”.
A este revés por parte del Imperio, se le sumó por después la traición del gobierno español de Pedro Sánchez, que aún duele «como una daga en la espalda» al pueblo saharaui. Abandonando la defensa de las resoluciones de la ONU, en 2021 España pasó a alinearse con las tesis de Rabat al considerar el «plan de autonomía marroquí para el Sáhara», como «serio, realista y creíble”.
Con toda la razón, el Polisario le ha exigido ahora a Pedro Sánchez que «encabece sobre el Sáhara la misma defensa del derecho internacional que hace sobre Gaza o sobre Irán».
Nuestro país, que hoy es ejemplo al encabezar las voces que dentro de Europa se oponen al genocidio en Gaza o condenan la agresión criminal contra Irán y la incendiaria escalada militar de EEUU en Oriente Medio, no puede permitirse esta ignominia.
Menos aún cuando la mayoría social progresista -unida por fuertes lazos históricos, culturales, idiomáticos y de afectos con el pueblo saharaui, con los habitantes de la que fue la «provincia 53» de España- lleva al Sáhara en el corazón, y apoya sin fisuras la justa lucha de los saharauis por su derecho a la autodeterminación.