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Durante décadas la cultura de la subvención ha servido de sistema centralizador de la producción de Cultura. Determinando la creación artística y de contenidos y somtiéndola a los intereses del poder y los gestores de turno.
Esto es algo que ya nadie puede negar. El dicho de que “quien paga manda” se ha redimensionado extraordinariamente mientras veíamos a los grandes bancos condonar todo tipo de deudas a los principales partidos políticos. Ésta es una realidad ya denunciada hasta por la mayoría de aquellos que todavía trabajan a golpe de financiación pública en el ámbito cultural, y hacen esfuerzos por preservar criterios propios.
Ahora los recortes asfixian a la Cultura y liquidan un sector que ha crecido en España, demostrándose capaz de generar riqueza y puestos de trabajo. Todos los males han venido siempre tanto de la “intervención pública” como de la presión de los monopolios culturales (majors norteamericanas, grandes distribuidoras, discográficas…). Por lo que presentar la contradicción en términos de público o privado, una vez más, nos impide comprender la verdadera naturaleza del proceso de concentración de poder en pocas manos que también está produciéndose en el mundo de la Cultura.
De la misma manera que hemos visto, con un gobierno o con otro, cómo la deuda privada se trasvasaba a las arcas públicas, y al Estado actuar como garante de los intereses de la gran banca española y extranjera, vamos a ver al Estado (si la Ley de Mecenazgo finalmente sale adelante) entregar el control directo de la producción cultural a los grandes bancos y monopolios, costeando los gastos con nuestro dinero a través de exenciones fiscales.
No es que hasta ahora no ejercieran ningún control sobre ella, sino que al tener que pasar por las estancias del Estado y el “control público” cabían espacios de escape y rincones de libertad que serán barridos en cuanto se legalicen las pretensiones del ministro Wert.
La consecuencia será, además, que el Estado ingresará aún menos, por lo que los recursos serán aún más limitados.
La conclusión no debe ser ni que desaparezcan las subvenciones, ni la iniciativa privada. Más bien al contrario. Lo que debe cambiar es la naturaleza del proceso, que debe ser popular. Evidentemente el Estado tendría que redistribuir los recursos para salvaguardar la Cultura, incentivar una industria privada competitiva y en desarrollo, y someter toda la actividad a la supervisión profesional y ciudadana. Implementando tanto políticas subvencionadas, como exenciones fiscales y mecanismos de supervisión independientes. Pero si no lo hace el Estado, hagámoslo los ciudadanos y los profesionales, al mismo tiempo que se lo exigimos a las administraciones.
Durante el 2012 hemos podido asistir al surgimiento de multitud de alternativas culturales independientes de enorme creatividad. Desde la financiación popular y la colaboración de las pymes del sector, a la multitud de iniciativas sorprendentemente audaces que buscan el apoyo del público como único sostén económico. Y este debe ser el camino, el mecenazgo popular.
Visto lo visto se hacen actuales las palabras de Marx en Crítica del Programa de Gotha: “…nombrar al Estado educador del pueblo! Lo que hay que hacer es más bien substraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno y de la Iglesia. Sobre todo en el imperio prusiano-alemán […] donde es, por el contrario, el Estado el que necesita recibir del pueblo una educación muy severa”.