Máxima dureza para quien roba el pan de todos

El juez Baltasar Garzón, en coordinación con la Fiscalía Anticorrución, ha culminado con siete detenciones una operación contra la corrupción urbanística y las comisiones ilegales en diferentes ayuntamientos madrileños. Los detenidos están acusados de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero, delito fiscal, asociación ilícita, corrupción urbanística y adjudicación de contratos públicos. Una vez más, salen a la luz las tramas de corrupción que horadan las administraciones públicas. En este caso, la extensa red que en muchos municipios anudaba los intereses de constructores con los ayuntamientos y los partidos gobernantes. Los constructores colmaban de comisiones ilegales a alcaldes y concejales, y éstos recalificaban terrenos. Ambos se lucraban, las viviendas incrementaban su precio… y los trabajadores acabábamos pagando el atraco. Para salir de la crisis es necesario un drástico plan de ahorro nacional, que empiece por disminuir drásticamente los gastos superfluos del Estado. Eliminando los derroches en las administraciones públicas. Y castigando con la máxima severidad a los corruptos que meten la mano en la caja, que roban el pan de todos. Ha existido un amplio consenso social para elevar las penas de terroristas y pederastas. ¿Acaso no existe el mismo consenso para aplicar a los corruptos la máxima severidad que la ley permite? ¿O es que hay a quien no le interesa que se haga?