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Mato engorda el negocio de las clí­nicas privadas

La sanidad privada podría ser la gran beneficiada del Real Decreto que aprobó el Gobierno el pasado viernes para regular la asistencia sanitaria transfronteriza. Así lo ha reconocido el propio Ministerio que dirige Ana Mato, que ha afirmado que como la norma establece el fin de las fronteras sanitarias en Europa, los ciudadanos de la Unión Europea podrán venir a España a tratarse y es más que probable que elijan los centros privados ante las largas listas de espera de la Sanidad pública. La Administración pasará la factura derivada de los gastos de atención a los estados de procedencia del paciente. Según explicó el director general de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, los centros privados “con nombre y prestigio” podrían ver incrementada su clientela con la nueva normativa. Los pacientes de la UE que quieran operarse en España podrán elegir un centro público, pero es bastante improbable que opten por ello ya que pasarán a engrosar las ya abultadas listas de espera en las mismas condiciones que los españoles, por lo que el Gobierno cree casi seguro que se irán a la privada.Sobre todo porque los costes, tanto en la pública como en la privada, son más bajos que en muchos países europeos, y con el nuevo decreto se abre una vía para que el resto de Estados comunitarios gasten menos. “Puede que a los nórdicos les salga más barato enviar a sus pacientes a España”, dijo Rivero según recoge El País.Además, en el Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, con el que se traslada la directiva de la Unión Europea que regula los derechos de los pacientes en lo que se conoce como asistencia sanitaria transfronteriza, el Ministerio de Sanidad afirma que se trata de una medida que pretende la “introducción de una buena dosis de liberalización y de competencia en el sector, lo que conlleva una significativa oportunidad para la sanidad privada y un doble reto para el sector sanitario público”.Aunque no sólo los extranjeros podrán venir a España a operarse. La normativa permitirá también a los españoles viajar al extranjero para tratarse con cargo a la Administración, adelantando el pago de los servicios sanitarios que reciban para solicitar después el reembolso al Gobierno, teniendo en cuenta una serie de criterios. Sobre todo porque la Administración exigirá una autorización previa para las intervenciones o tratamientos muy especializados, muy complejos o muy caros, como diálisis, radiocirugía, radioterapia, reproducción humana asistida o medicación que cueste más de 1.500 euros al mes. Es más, si el tratamiento implica que el paciente tiene que pernoctar en el hospital, aunque sea una noche, también deberá pedir autorización, y serán las comunidades autónomas las encargadas de concederlas o denegarlas atendiendo a unos criterios que serán impuestos por cada región. Por otro lado, quedarán excluidos de esta normativa los cuidados de larga duración, los trasplantes de órganos y los programas de vacunación públicos, según recoge el Real Decreto que entró en vigor el domingo.Ampliación de derechosLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de este decreto a pesar de los ‘obstáculos’ antes mencionados, ya que en su opinión supone “una ampliación de los derechos reconocidos a los pacientes europeos y mejora la capacidad de elección de los consumidores”.No obstante, esta entidad considera “necesario” que para que en la práctica tenga efecto se tramite de una forma ágil. Aún así, dice la OCU, “el efecto será limitado por el alto coste que supone el desplazarse a otro país para recibir asistencia sanitaria”.

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