Esta línea impulsa desde varios frentes medidas que socaven lo público a favor de lo privado. Uno de ellos es el jurídico. Por ello la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatiación, CAS-Madrid y la Plataforma Matusalén han recogido y entregado en el Congreso 400 mil firmas parar pedir la derogación de la Ley 15/97.
Estas organizaciones denuncias que esta ley “ermite entrar las empresas con ánimo de lucro en la sanidad pública y, por tanto, privatizarla”. El portavoz de estas asociaciones, Ángel Navarro, señaló cómo la privatización en Madrid “Se ha comenzado con los hospitales, están en fase los laboratorios y la salud mental y se va a seguir con la atención primaria”. Las organizaciones no sólo acusan al PP –que dije la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento- sino también al PSOE de "cómplice" por permitir esta situación. De hecho la ley que buscan derogar estas organizaciones fue aprobada en 1997 con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP, PSOE, PNV, CiU y CC.