Cargando...Miembros de Colombianos por la Paz exigieron al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y a las FARC el esclarecimiento de masacres contra indígenas de la étnia Awa para que se aplique justicia en el caso.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que diez miembros del ueblo Awá, del sur del país, fueron asesinados con armas blancas, en la misma zona donde hace una semana habrían muerto otros 17.La primera matanza fue denunciada por la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).Ambos hechos, según el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade, se atribuyen a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Miembros de Colombianos por la Paz exigieron ayer jueves al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y a las FARC el esclarecimiento de masacres contra indígenas de la étnia Awa para que se aplique justicia en el caso. Además, exigieron al Gobierno «el esclarecimiento total de los hechos, al mismo tiempo que solicita al Secretariado de las FARC un pronunciamiento público respecto de ese vergonzoso suceso». La presidenta de Colombianos por la Paz, Piedad Córdoba, encabeza el documento con un total de 125 mil rúbricas que exigen justicia. Instituciones internacionales de derechos humanos y organizaciones locales han pedido al gobierno el esclarecimiento de los hechos y la protección de esa comunidad indígena.Hasta ahora no se ha podido verificar la información ni llegado al sitio debido a que la región es muy conflictiva porque actúan distintos grupos armados como las guerrilleras (FARC, ELN), la banda de traficantes «Los Rastrojos» y también hay presencia del ejército, paramilitares y mercenarios en operaciones encubiertas de la CIA .Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las guerrillas responsabilizan a las comunidades awá de facilitar la entrada del ejército a sus territorios. Además, «miembros del ejército cometen violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario», indican ambas organizaciones, y denuncian que la ocupación militar de los territorios ancestrales y el desconocimiento de las autoridades indígenas violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La Unipa y la ONIC acusaron a los militares de entrar «de manera abusiva a las viviendas» y obligar «mediante diferentes maltratos a miembros de la comunidad, a dar información sobre la ubicación de los guerrilleros» de las FARC, «exponiendo a la comunidad a una situación de impotencia y miedo». Desde 1998, el pueblo awá contabiliza cuatro masacres además de la actual, unos 200 asesinatos, 50 afectados por minas antipersonal, cinco desplazamientos masivos, desplazamiento forzado individual hacia dentro y fuera del territorio indígena y emigración hacia Ecuador. En 10 años, ese pueblo ha sufrido también secuestros, detenciones arbitrarias, acusaciones, amenazas, reclutamiento forzado, bloqueo de alimentos y medicamentos, utilización de bienes civiles por parte de todos los combatientes y presión a los civiles para que sirvan de informantes. Nariño, de 33.265 kilómetros cuadrados de ariscas montañas andinas y rica biodiversidad y de 1,6 millones de habitantes, registra el mayor desplazamiento forzado de civiles causado por grupos irregulares, así como la mayor concentración de campos minados de este país. Por ser fronterizo con Ecuador y tener costas sobre el océano Pacífico, es un corredor estratégico para el narcotráfico y el abastecimiento militar clandestino. El terror se aplica contra los Awá, por diferentes actores armados desde hace varios años. Es el modelo de desterritorialización y despojo en zonas de megaproyectos y grandes inversiones. La región será cruzada por el megaproyecto IIRSA que une el río Amazonas, el Putumayo, Pasto y Tumaco, un eje vial multimodal que va de Belem de Pará en el Atlántico hasta el Pacífico.Al mismo tiempo las transnacionales demandan concesiones para explotar oro y otros minerales y se extienden las plantaciones de la palma aceitera. El conflicto armado, al tiempo que los enfrentamientos mafiosos por el control del tráfico de cocaína y las fumigaciones y la llamada guerra contra las drogas, se vuelven todos instrumentos de desplazamiento del pueblo Awá y las demás comunidades rurales.