El "chollo" de la ley de Dependencia

Más financiación para los caciques regionales

Los retrasos y las irregularidades dominan la aplicación de la ley de dependencia desde su inicio. Son muchas las organizaciones que han denunciado las deficiencias de la ley y numerosas las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Pero como «entre bomberos no se pisan las mangueras», el gobierno central interesadamente, concilia con que los gobierno regionales destinen el dinero de estos fondos no se sabe en qué asuntos; permite que las comunidades autónomas no cumplan con el 50% de la financiación que les corresponde y, por tanto, que muchos dependientes incluso mueran antes de recibir la ayuda que necesitan.

El eriódico El País ha tenido acceso a un informe oficial de la Agencia de Evaluación y Calidad sobre el funcionamiento durante el último año de la ley de dependencia. En dicho informe, previo análisis de la situación, se recomienda hasta llevar ante los tribunales a algunas autonomías por el grado de irregularidades y retrasos en la aplicación de la ley. Sin embrago, el informe ni se ha hecho público seis meses después de entregado, ni se ha hecho ninguna reunión con los responsables de algunas comunidades autónomas para hacer los ajustes necesarios. ¿De qué tipo de “irregularidades” estamos hablando? Uno, el mencionado informe duda sobre las aportaciones que están haciendo algunas autonomías a la financiación de la ley y, al mismo tiempo, sobre el destino final en los que se emplean los fondos que da el gobierno en este rubro a las administraciones regionales. Dos, dado que el gobierno otorga a las autonomías un dinero fijo por cada dependiente en función de su grado de minusvalía, sin tener en cuenta el coste final del servicio, las administraciones regionales tienden a dar más ayudas que les sean favorables financieramente en lugar de, por ejemplo, una plaza en un geriátrico. La ley dice que las ayudas económicas deben darse sólo en casos excepcionales, pero son cada vez más frecuentes las ayudas -porque son más rentables- para las Administraciones. Tres, la ley dictamina que las comunidades autónomas reciban más dinero en proporción al grado de dependencia. Por tanto, para obtener más financiación algunas administraciones tienden a aumentar el grado de dependencia de los solicitantes. Según el informe, dos autonomías y una diputación foral han utilizado inexplicablemente un baremo propio para establecer el grado de dependencia, aunque existe un baremo único para todas. Cuatro, algunas comunidades han creado una normativa específica que alarga aún más los plazos a los que se deben someter los dependientes antes de obtener una ayuda, como en Valencia o Madrid. Según los criterios establecidos para el reparto de fondos de la ley, una parte de los que aporta el gobierno de otorgan en función no del número de personas atendidas, sino de la población potencialmente dependiente. Aunque se ha corregido esta desviación recientemente, el informe señala cómo este tipo de criterio favorece a las administraciones que menos dependientes hayan dado de alta (como Madrid, Valencia, Canarias…). Además se con este reparto de fondos se favorece que haya muchos dependientes evaluados y pocos atendidos, algo que ocurre con frecuencia en diversas administraciones. Finalmente, lo que podría ser una herramienta de cohesión para el país, se ha convertido en todo lo contrario: un elemento de reproducción de la insolidaridad y la disgregación, un motivo de debate entre regiones. Mientras nueve comunidades transmiten sus datos directamente al ordenador central del Gobierno, las otras siete vuelcan sus cifras desde sistemas informáticos propios. Lo que genera todo tipo de tensiones entre comunidades ante la posibilidad de falsear datos. La voluntad política en la aplicación de esta ley trasluce en las acusadas diferencias que existen entre unas y otras comunidades en su implantación. Son grandes las diferencias entre comunidades no sólo en las cifras de personas evaluadas sino también en el número de personas evaluadas que reciben efectivamente la ayuda. Para la muestra un botón, mientras en Andalucía hay 268 mil solicitudes registradas (un 3,2% de la población) y, sobre esta cifra, un 81% de dictámenes favorables, en Valencia hay sólo 36 mil solicitudes registradas (un 0,72% de la población) y un 92% de dictámenes favorables, muchos de ellos de dependientes que ya tenían la ayuda antes de la entrada en vigor de la ley. O en Madrid donde sólo hay 39 mil solicitudes registradas (un 0.62%) de la población. ¿Es que los dependientes de España se concentran en Andalucía? Imposible. Las castas políticas regionales y las principales fuerzas políticas de nuestro país han encontrado otro terreno -de fondos y de disputas- mientras cientos de miles de dependientes se pudren esperando una solución.

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