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Los desahucios en el alquiler son el nuevo problema al que se enfrentan miles de familias. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo, se han producido 15.090 desahucios. Esto es el equivalente a 160 desahucios diarios, o entre 6 y 7 desahucios cada hora. La mayoría vienen causados por no poder hacer frente al pago del alquiler.
En concreto, 9.719 familias fueron expulsadas de su vivienda de alquiler a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), frente a 5.371 familias víctimas de una ejecución hipotecaria de vivienda comprada.
Con respecto a las ejecuciones hipotecarias, el número de desahucios es menor que el año pasado. Se ha pasado de 6.732 familias desahuciadas a “solo” 5.371, un 20% menos. Sin embargo, la PAH (Plataforma Antidesahucios) alerta que no podemos cantar victoria todavía. Si hay menos ejecuciones de hipotecas, es “fruto de la paralización temporal de cientos de miles de estos procedimientos en los juzgados, que se encuentran pendientes de la resolución que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la cláusula de vencimiento anticipado y que se reactivarán como tales ejecuciones o como procedimientos ordinarios, (…) lo que volverá a elevar la cifra de estos desahucios.”
Pero sobre todo es en alquiler donde se está experimentando un mayor crecimiento de los desahucios con respecto a los últimos años. Solo durante 2017 han sido desalojadas de sus viviendas en alquiler 35.666 familias, el equivalente a 100 desahucios diarios de pisos en alquiler.
Todo ello se debe a un continuo aumento de los precios del alquiler. Desde 2014 a 2017, los precios de los alquileres han subido un 25%. Y mucho más en algunas comunidades autónomas, como las Islas Baleares (50%) o en ciudades como Madrid (33%) o Barcelona (54%).
Asociaciones como la PAH denuncian que se está formando una nueva burbuja inmobiliaria en los alquileres provocada por los fondos buitre. Estos fondos adquieren pisos alquilados cuyos contratos están cercanos a expirar. Después presionan a las familias con nuevos contratos con precios abusivos para echarlas de sus casas y poder especular con sus viviendas. También se hacen con el control de los alquileres turísticos, viviendas que solo se alquilan en periodo vacacional a unos precios muy elevados. El 85% de este tipo de alquileres se encuentra en manos de fondos privados.
Antes de la crisis, con precios por las nubes e hipotecas de hasta cincuenta años de duración, se recomendaba pasarse al alquiler como alternativa para tener una vivienda. Sin embargo, a la vista está que ante la subida espectacular de los alquileres, los inquilinos se encuentran en una situación de indefensión.
Gracias a la lucha de asociaciones por los derechos de la vivienda y contra los desahucios, se logró que el TJUE prohibiera en 2013 que se produjeran desahucios si había incluidas cláusulas abusivas dentro del contrato (como la cláusula suelo, o la cláusula de vencimiento anticipado, todavía en discusión). Pero hasta ahí queda la cosa. Se denuncia también que ningún organismo jurídico, español o europeo, impida que se produzca un desahucio si hay práctica desleal por parte del banco propietario, mientras no haya una cláusula reconocida como abusiva institucionalmente de por medio. Y esto es así con independencia de que sea a través del desalojo de un alquiler o tras una ejecución hipotecaria. La ley sigue estando al servicio de los bancos.
No es justo. Mientras a los bancos se les entrega 100.000 millones de euros en concepto de rescate bancario, y se les regalan cajas de ahorros por un euro (como la CAM), al mismo tiempo se echa de sus casas a familias enteras cada hora para que estos bancos puedan seguir haciendo negocio con sus viviendas. Hay que paralizar los desahucios, tomar medidas contra la especulación, los fondos buitre y la escalada de los precios del alquiler, y poner las viviendas que acumula la banca por los desahucios y el FROB al servicio de alquileres sociales que además contribuyan a regular el mercado con precios asequibles a la mayoría de las familias.