Macron esta decidido a implementar una reforma laboral draconiana, más agresiva y ambiciosa que la anterior. Otra cosa es que el potente y combativo movimiento sindical francés se lo vayan a permitir.
La verdadera faz del gobierno Macron se muestra al fin. Después de que el nuevo presidente francés, delfín de la oligarquía financiera francesa, tomara posesión del Eliseo en unas elecciones marcadas por el rechazo al Frente Nacional de Le Pen, era cuestión de tiempo que abordara las medidas estrella de su programa: una reforma laboral de idéntico corte a las impulsadas por el anterior gobierno -de las que él mismo, como ministro de Hollande, fue uno de sus grandes diseñadores- y una política fiscal que beneficia a grandes fortunas y monopolios y que recorta gravemente el gasto público. Mientras Macron impone estas políticas a golpe de decretos y ordenanzas, la izquierda y el movimiento sindical empiezan a calentar los motores de la contestación.
Emmanuel Macron es todo un ‘enarca’: un producto perfectamente destilado de la más prestigiosa escuela de formación de la élite política gala, la École Nationale d’Administration (ENA). El mismo Macron es uno de sus alumnos más aventajados y sus conexiones con el corazón de la clase dominante francesa son tupidas. Ha sido ejecutivo de la Banca Rothschild, y como ministro ‘estrella’ de Economía del gobierno Hollande, es uno de los máximos arquitectos de la reforma laboral del anterior gobierno, que fuera contestada con una intensa y combativa movilización social y que dejó al Partido Socialista condenado al hundimiento electoral. Algo que olfateó Macron para escapar a tiempo del Eliseo y formar su propio partido. Pero se llevó consigo sus diseños económicos y laborales.
Macron esta decidido a implementar una reforma laboral draconiana, más agresiva y ambiciosa que la anterior, aprobádola por la figura legal de la ‘ordenanza’, que permite esquivar el debate parlamentario. Otra cosa es que el potente y combativo movimiento sindical francés, junto a una izquierda liderada por la Francia Insumisa de Melénchon se lo vayan a permitir.
El nuevo marco laboral facilita el despido -limitando las indemnizaciones por cese improcedente- y flexibiliza el mercado laboral con nuevas y más precarias modalidades de contrato. Acaba de hecho (aunque no formalmente y nunca en la Administración) con la jornada de 35 horas semanales. La nueva ley permite a las multinacionales hacer EREs y despidos masivos teniendo en cuenta las «dificultades económicas» de las empresas a nivel nacional, facilitando así el despido de asalariados de una filial francesa, incluso si el grupo tienen beneficios a escala mundial.
Pero sobretodo, la reforma embiste contra la capacidad de negociación de los sindicatos, verdadero quebradero de cabeza para los gobiernos anteriores. Fusiona las instancias de representación sindicales -delegados de personal, del comité de empresa y del comité de seguridad y condiciones de trabajo- y permite a las pequeñas empresas desprovistas de delegado sindical de negociar con un representante ajeno a los sindicatos.
La reforma del código laboral es una parte fundamental del programa macronista y el primer asalto para una revisión más general del modelo social de Francia, que incluirá otras medidas en las prestaciones de desempleo y las pensiones.
Redistribución a la inversa: pagan menos quienes tienen más.
Un sustancial recorte de impuestos de hasta 10.000 millones de euros a las rentas más altas y un importante tijeretazo al gasto público, de hasta 16.000 millones. Esa es la esencia del “presupuesto de transformación” para Francia en 2018, el primero de la era Macron.
Una de las medidas más polémicas es la fuerte reducción en el impuesto sobre la fortuna (ISF). A partir de ahora, solo deberán pagarlo quienes tengan un patrimonio inmobiliario superior a los 1,3 millones de euros. Los que tengan patrimonio financiero y otros activos -que antes también pagaban este impuesto- quedan exentos, beneficiando a las grandes familias de la oligarquía financiera gala. También se reducirá progresivamente el Impuesto de Sociedades del actual 33% a un 25%. Estas medidas pretende estimular la inversión empresarial y atraer parte del negocio financiero que abandone Londres como consecuencia del Brexit.
La rebaja del ISF permitirá un ahorro de 4.500 millones de euros exclusivamente para los más ricos. Se estima que Bernard Arnault, primera fortuna de Francia y apoyo de Macron, dejará de pagar 532 millones al fisco. La medida “permitirá a los más ricos del país economizar 15.000 euros por cada millón de euros de patrimonio”, dice un estudio de Oxfam.
Pero otro gallo canta para las clases populares. El incremento de la Contribución Social Generalizada (CSG) recae sobre todos los asalariados, empleados públicos y privados, funcionarios, autónomos y jubilados. No es de extrañar que el 65% de los franceses se opongan a estas medidas, según afirman las encuestas.
Además de esta política impositiva, Macron pretende recortar severamente el gasto público francés, con tijeretazos en prácticamente todos los ministerios, especialmente el de empleo y el de vivienda. Sin embargo, cumpliendo con los compromisos adquiridos con Washington y la OTAN -y su exigencia de que todos sus miembros alcancen el 2% del PIB en gasto militar- Macron incrementará los presupuestos de Defensa, con 1.800 millones más.
Con esta política, el Eliseo pretende enviar una señal a Bruselas (y sobretodo a la reelegida Merkel), comprometiéndose a embridar el déficit público por debajo del 3%. Una pista de que París puede recomponer en cierto grado una alianza francoalemana para reactivar las exigencias de «austeridad» para el resto de Europa, un tanto relajadas tras las intensas turbulencias de la UE. “La transformación económica de Francia tiene que verse acompañada de una transformación europea”, ha dicho el ministro galo de Economía, Bruno Le Maire.