Cargando...En 1981 se destapó el escándalo del Hospital San Ramón de Madrid. Calificado como la casa de los horrores, cuantiosa información salió a la luz por los nuevos canales abiertos por la democracia. Un episodio oscuro aparentemente solo posible en la opacidad social y administrativa del régimen franquista:
Decenas de niños eran dados en adoción, especialmente a familias relativamente acomodadas de la zona de levante, en una proporción más que sospechosa para cualquier hospital. Muchas fueron las barbaridades cometidas de las que se hablaron, desde jóvenes solteras y prostitutas presionadas para dar en adopción a sus hijos, hasta otras madres engañadas, con el mismo propósito, para que creyeran a sus hijos muertos en el parto. Hoy en día muchos de aquellos niños se han reunido para buscar a sus verdaderos padres. El tráfico habitual de bebes era tan ostensible que en un pueblo cercano a Valencia se encuentran hasta nueve niños adoptados provenientes del Hospital San Ramón. 27 años después parece imposible pensar que un episodio así pueda ocurrir en España. Y es verdad. Aquel grupo de desalmados criminales, encabezados por el doctor Vela, son meros traficantes al lado del proceso de mercantilización masiva que desde hace 20 años se viene desarrollando en la red de centros de acogida y rehabilitación penitenciaria. Con las semanas el Informe del Defensor del Pueblo parece perder eco. Algunas administraciones se han apresurado a rasgarse las vestiduras y declararse más papistas que el Papa. Si Andalucía habla de la necesidad de al menos una inspección al año, Madrid lo hace de inspecciones constantes, y Cataluña añade que “por sorpresa”; pero lo que hace falta es luz y taquígrafos. Como explicaba José Luis Calvo de Prodeni : “Hemos tenido contacto con inspectores que nos alertaban de que las autoridades superiores les presionaban para que relajaran las inspecciones negativas. Si no se cumplía incluso eran objeto de algún tipo de represalia como no renovarles el contrato. ¿Qué hacen?, van a inspeccionar avisando ocho o diez días antes.” Estos jóvenes tutelados por el Estado son convertidos en mera mercancía a la que, en todo caso, hay que cuidar mejor para que no se “deteriore”, no vaya a ser que se prescinda de los servicios dados por las mencionadas fundaciones. Y esto seguirá siendo así porque de lo único que se habla es de mayor control y de que éste sea ejercido por los mismos que son “señalados” por el Defensor del Pueblo. A parte de depurar responsabilidades, a parte de la exigencia del tratamiento pedagógico que especialmente necesitan estos jóvenes, a parte de las indignantes condiciones laborales a las que son sometidos los trabajadores y personal docente cuando lo hay – 600€ mensuales y un máximo de tres meses de trabajo continuado en el mismo centro -, y a parte del constante ahorro en las condiciones de vida en estos centros… la pregunta que no se responde es por qué entidades como Grupo Norte – de las más importantes en una escala financiera media-alta en España – y fundaciones como O´Belén, fundada y presidida por Manuel Pizarro – ex presidente de Endesa – y ambas participadas por diversas Cajas de Ahorros – Ibercaja o Caja Burgos entre ellas -, gestionan este tipo de servicios. Teniendo en cuenta que de los 58 centros de acogida que existen en España, 55 son de gestión privada, y que también lo son el 70% de los centros de internamiento y rehabilitación penitenciaria – los antiguos reformatorios – es de suponer que el negocio directo sea la única razón, aunque estén inscritas como organizaciones sin ánimo de lucro, visto lo visto. Pero si una plaza en un centro público cuesta unos 300€ diarios, en uno privado son 127€. Según estos datos del Informe del Defensor del Pueblo, la red de centros de acogida debe mover al año unos 80 millones de euros. Dos de estas fundaciones – las más importantes y también las más señaladas por el Informe -, O´Belén y Dianova, gestionan 12 centros percibiendo el 20% del monto total – 17 millones de uros -; un buen “pellizco” para entidades como Grupo Norte que facturan 160 millones de euros al año. Aun suponiendo menos de la mitad de los costes que declaran los centros públicos, 127€ al día es el 1200% de lo que cualquier familia se gasta al mes en un niño de 0 a 12 años. Teniendo en cuenta que la investigación del Defensor del Pueblo ha sido con los jóvenes, no de las cuentas y sus movimientos, hay que aclarar que pasa con ese dinero y con los canales por el que circula y, al mismo tiempo, que pasa con el que la Administración se ahorra contratando servicios privados. Desde luego entre las 39 organizaciones que gestionan estos centros hay hasta órdenes religiosas o asociaciones que no son ni consideradas por el Defensor del Pueblo. Pero debe ser una exigencia que se auditoríe con luz y taquígrafos hasta el último euro de las fundaciones, porque al parecer no solo el oscurantismo franquista ha propiciado el “buen negocio” con la vida de los seres más desprotegidos.