Cargando...En una rueda de prensa Denis Racicot, representante en Bolivia de El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presento el informe sobre el estado de los derechos humanos en Bolivia durante 2008. Racicot culpó a los gobernadores autonomista, opositores al presidente Evo Morales, «por la violencia política» en diferentes regiones del país, responsabilizando. de la llamada masacre de Pando, donde hubo choques violentos entre los partidarios de Morales y de las regiones autonomistas, al personal de la Prefectura de Pando, funcionarios del Sedcam (Servicio de Caminos), miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la Prefectura. De acuerdo con la ONU, 11 campesinos fallecieron en esa confrontación.
Racicot aunque señaló "excesos" del gobierno en la alicación del estado de sitio. El documento de la ONU celebra "las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el racismo, la discriminación y la servidumbre, tres de los principales flagelos que afectan a la población indígena del país". Subrayando positivamente las medidas del Gobierno en materia de permanencia escolar, protección a la vejez, alfabetización y lucha contra la desnutrición. La matanza de campesinos bolivianos en septiembre de 2008, ha generado al menos cinco informes tratando de explicar lo que realmente ocurrió entre el 11 y 19 de septiembre en la región amazónica boliviana. de Porvenir y en el río Tahuamanu. Una comisión especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) encabezada por el ex subsecretario de Derechos Humanos argentino, Rodolfo Ma-ttarollo. Concluyó en diciembre que lo ocurrido en Pando fue un "crimen de lesa humanidad" La matanza ocurrió cuando un grupo de campesinos fue interceptado por opositores en una región amazónica. Según el informe fue posible confirmar que hubo colaboración desde sectores del gobierno local con los grupos que atacaron a las diferentes columnas de indígenas que se manifestaban en apoyo al gobierno de Evo Morales, en la localidad de Porvenir y otros sitios del Departamento de Pando. “Aun cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal”, “Resulta de las investigaciones realizadas por la Comisión que las víctimas de ejecuciones sumarias o extralegales constituían población civil que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, en el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos. Una violación de esta naturaleza configura, desde el punto de vista del derecho penal internacional, un crimen de lesa humanidad”, La Comisión también deja abierta la puerta para que los responsables de la masacre sean juzgados por genocidio. Aunque el informe no utiliza esa palabra, la descripción que hace coincide con la definición aprobada en la Convención de Genocidio de Naciones Unidas: “La Comisión dispone de elementos que permiten concluir que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales”, “Los ciudadanos y todos los habitantes de un país deben saber que el Estado no asesina, no tortura, no viola, no roba, no persigue, sino que su función es prevenir la violación de los derechos humanos por medios razonables, y si estos derechos son violados el Estado deben investigar los hechos, juzgar y castigar a los culpables”, “Evo Morales representa a los mayoritarios grupos indígenas de Bolivia, que son los más pobres y marginados, lo cual genera una gran irritación en los tradicionales sectores terratenientes. Para evitarlo, deberán trabajar durante largos años en políticas de igualdad y antidiscriminatorias”.