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La orden de excarcelación dictada por el juez federal Favreto ha desencadenado una pugna judicial por la libertad de Lula da Silva.
El juez de apelación Favreto ordenó que “se cumpla con urgencia” la excarcelación de Lula de Silva. La liberación de Lula ha sido decidida por el Tribunal Regional Federal-4, una corte de segunda instancia, inferior a la Suprema Corte. El magistrado aceptó un recurso de hábeas corpus presentado por los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, del PT, quienes adujeron que no habría fundamento jurídico para su arresto.
Horas después el juez Sergio Moro, enemigo número uno de Lula, cuestionaba la potestad del juez Favreto para ordenar la puesta en libertad del expresidente revocando la decisión y manteniendole en prisión.
El encarcelamiento desde abril de Lula tras un juicio escandalosamente fraudulento e irregular no ha disminuído ni un ápice su popularidad. Lacondena buscaba impedir la candidatura de Lula para las elecciones de 2018, c claro favorito, con una intención de voto de casi el 40%. El juicio de Moro es un cúmulo de irregularidades y prevaricaciones flagrantes, un ejemplo puro de lo que en el campo el Derecho se conoce como ‘lawfare’: la mala utilización y el abuso de las leyes del procedimiento jurídico con fines políticos. Moro y la Fiscalía han hecho uso de los medios de comunicación para filtrar informaciones no contrastadas, acusaciones infundadas que no se sostienen, en mentiras que repetidas mil veces se convierten en una montaña de fango, en un clima de opinión asfixiante que busca desprestigiar al presidente más popular de la historia de Brasil, y que a pesar de todo se ha mantenido como claro favorito en las encuestas para las presidenciales de 2018.
La defensa de Lula pedía su excarcelación cautelar, alegando que la ejecución anticipada de la pena (es decir, antes de que sean analizados todos los recursos ante las instancias judiciales superiores) es inconstitucional. De haber prosperado este recurso, Lula habría quedado provisionalmente libre y habilitado para hacer campaña, aumentando enormente sus ya abultadas posibilidades de victoria.Lula da Silva, preso desde el pasado 7 de abril tras ser condenado a doce años y un mes acusado de delitos de corrupción, ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales —el Supremo y el Constitucional— para revertir la condena que le inhabilita para presentarse a unas elecciones presidenciales en las que parte como favorito.