Cargando...
Ha bastado una simple insinuación de la ministra de Economía, Elena Salgado, en el sentido de que el gobierno piensa solventar la oposición de las comunidades autónomas a posibles operaciones de fusión entre cajas de distintos territorios otorgando un poder especial al Banco de España que anule el derecho de veto de los gobiernos autónomos, para que inmediatamente la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña hayan saltado furiosos contra dicha posibilidad. ¡Buenas son las burguesías burocráticas de ambas regiones como para dejarse arrebatar privilegios!
¿Reducir cometencias de los gobiernos autónomos en materia de cajas de ahorro? De eso ni hablar. Para las burguesías burocráticas regionales, el control de las cajas de ahorro es vital. De él depende en gran medida su capacidad de crear la red clientelar de la que se nutren social, política y electoralmente. nada importa que su gestión haya sido desastrosa y haya conducido a numerosas cajas al borde la quiebra y la insolvencia. Nada importa que lo más eficaz y racional para una caja pueda ser la fusión con otra caja de fuera de su territorio. Perder el control de las cajas para las burguesías burocráticas regionales es cuestión de vida o muerte. Y por eso están dispuestas a dar la batalla hasta el final para no perder ni una sola de sus competencias, es decir, de su capacidad de controlarlas. Ese es el tema que analiza en diario El País en una de sus crónicas de hoy. A raíz del diseño y la aprobación inminente del nuevo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, los 100.000 millones que el gobierno va a volver a poner a disposición del sistema financiero para proceder a su reestructuración, todo el mundo da por hecho que las fusiones entre algunas de las cajas más afectadas por la crisis va a ser inevitable. Y que la lógica económica dictará que muchas de estas fusiones sean entre cajas de distintas autonomías. Y ahí es donde aparece el problema. La actual Ley de Cajas otorga a los gobiernos autónomos la capacidad de vetar cualquier fusión. Derogar –o suspender temporalmente como sugirió la ministra– esa potestad es imprescindible para acometer una reforma que, según los expertos, debería para ser eficaz llevarse por delante al 50% de las cajas actualmente existentes. Y a eso es a lo que no están dispuestos los máximos representantes de las burguesías burocráticas regionales, que han convertido el enorme poder financiero de las cajas (el 48% del ahorro nacional) en la prolongación de su poder político y en un coto vedado para sus privilegios de casta. Quitarles ese poder y esos privilegios, además de necesario para salir de la crisis, empieza a ser una condición de existencia para la democracia española. Crónica. El País ANDALUCÍA Y CATALUÑA SE OPONEN A PERDER PODER EN LAS CAJAS L. Lucio/A. Mars Todavía no ha nacido, pero ya está en el centro de la polémica. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha despertado todas las antipatías en la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña y tiene riesgos para los grandes bancos españoles. Las dos comunidades rechazan perder el poder de veto a las fusiones de las cajas de ahorro y aseguran que los estatutos de autonomía las amparan. La Junta de Andalucía anunció ayer que se opondrá a la merma de competencias autonómicas exclusivas sobre las cajas. "No estaríamos de acuerdo con eso", dijo ayer el consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, sobre lo que, por el momento, considera una "reflexión genérica" del Gobierno central. De cumplirse esa medida, significaría, por ejemplo, que la Junta no podría impedir una fusión como la que intentó la cordobesa Cajasur, controlada por la Iglesia católica, con Cajamurcia. El Gobierno andaluz dijo que el Fondo podría vulnerar el Estatuto y señaló que Andalucía "no ha sido consultada" por el Ejecutivo central. Desde Cataluña la postura es similar. "La Generalitat está en contra de toda modificación legislativa que reduzca sus competencias en materia de cajas", señalaron fuentes de Economía y Finanzas, recalcando que falta conocer el texto final del Fondo. Para el Gobierno catalán, "siempre ha sido cuestión de principio la buena relación con el Banco de España. Cualquier proceso de reestructuración o recapitalización de una caja sólo será eficaz y viable si se hace en buena sintonía con el Gobierno del Estado, el autónomo y el Banco de España", añadieron. Tanto el Banco Popular como el Santander advirtieron que hay que evitar que el Fondo "dañe la competencia", según Ángel Ron, presidente del Popular, informa Íñigo de Barrón. Ron solicitó que las ayudas públicas que reciban las entidades vayan acompañadas de un plan de reestructuración. "El Gobierno tendrá que afinar mucho en su regulación para que se respete la competencia", comentó en el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Y Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, apoyó la puesta en marcha "si es para salvar a entidades con futuro". Según anunció el lunes la vicepresidenta Elena Salgado, el Fondo concederá ayudas temporales a entidades que "tengan problemas pero viabilidad a medio plazo". En las cajas, será con cuotas participativas con derechos políticos y se suspenderán los artículos de la Ley de Cajas que permiten vetar fusiones a las comunidades. El vicepresidente del Santander, Matías Rodríguez Inciarte, dijo estar a favor del instrumento, pero con condiciones. Sin nombrarlo, enumeró varias. En primer lugar dijo que "sólo se debe ayudar a los que sean viables", pidió que no se elevara la ratio de capital de las socorridas "de forma artificial" y afirmó que la inyección de dinero "debería hacerse a precios de mercado. Es decir, para una entidad con problemas de solvencia debe pagar más". Asimismo exige que "se expliquen con transparencia las estrategias de salida" del Estado, "que debe estar poco tiempo". Y sugirió que las ayudas "no eviten que quienes han gestionado mal paguen un precio". Por último, Inciarte pidió que se utilizara el dinero "para acabar con la capacidad ociosa de la entidad rescatada". Tanto Ignacio Fernández Toxo como Cándido Méndez, secretarios generales de CC OO y UGT respectivamente, coincidieron en que se debe contar con ellos para el Fondo y se opusieron a las cuotas con derechos "si va a ser un camino para que entren los bancos". Méndez pidió que el Estado se quede en las cajas para favorecer la banca pública. EL PAÍS. 17-6-2009 Opinión. El Confidencial EL MAYOR ESCÁNDALO FISCAL DE LA DÉCADA Carlos Sánchez (…) sorprende todavía más una decisión del Consejo de Ministros aprobada el pasado viernes y que ha pasado un tanto desapercibida. De manera absolutamente irracional -y que roza el escándalo político- el Ejecutivo ha decidido entregar 1.800 millones de euros a las comunidades autónomas como ‘compensación’ por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Toma del frasco, Carrasco, que diría un castizo. Resulta que un impuesto que antes pagaban los más acaudalados va a ser ahora sufragado por todos los ciudadanos, sin tener cuenta su nivel de renta y riqueza. Todo un ejercicio de equidad fiscal. A lo mejor es verdad aquella frase que se le atribuye a la ex ministra Carmen Calvo cuando dijo aquello de que el dinero público no era de nadie. No estamos ante un juicio de valor, sino ante la contundencia de los datos. El 6,5% de los declarantes del difunto Impuesto del Patrimonio, es decir aquellos que contaban con un patrimonio neto superior al millón de euros (sin incluir deudas) aportaba nada menos que el 41,6% de la base liquidable del impuesto, por lo que parece evidente que ese segmento de contribuyentes ha sido el más beneficiado por su supresión. Dicho en otros términos. Los contribuyentes con un patrimonio situado entre 110.000 y 200.000 euros pagaban al Fisco entre 84 y 155 euros cada año. Por el contrario, quienes contaban con un patrimonio superior a un millón de euros e inferior a dos millones, abonaban a sus respectivas haciendas autonómicas entre 8.136 euros y 22.163 euros. Pero es que quienes tenían un patrimonio superior a los 10 millones de euros se veían obligados a ingresar una cuota media de 111.205 euros. Es decir, que el impuesto discriminaba en función del nivel de riqueza de cada individuo y hacía efectivo ese principio constitucional que habla de pagar impuestos en función de la capacidad económica de cada contribuyente. Pues bien, el Gobierno ha decidido hacer tabla rasa, y ahora esos 1.800 millones de euros que recaudaban las regiones los van a pagar todos los ciudadanos a través de sus impuestos. Lo más curioso del caso -y por razones obvias- es que ninguna comunidad autónoma -ni siquiera las más beligerantes en favor de la supresión del impuesto- ha puesto el grito en el cielo por esa decisión. Ni siquiera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, bandera de la lucha contra el Impuesto del Patrimonio. Los gobiernos regionales se han tapado la nariz y aquí paz y después gloria. Money is Money, que dice el saber popular. Lo que ha sucedido con este tributo es, en realidad, coherente con la política fiscal que sigue este Gobierno desde que tomara posesión. Bajó el Impuesto sobre la Renta cuando menos se necesitaba, lo que tuvo un comportamiento procíclico sobre la actividad económica; y como consecuencia de aquel desatino, ahora se encuentra que cuando realmente la economía necesita aligerar la carga fiscal de los contribuyentes, Hacienda no tiene apenas margen de maniobra. Claro está, salvo que haga un duro ajuste desde el lado del gasto público, lo cual echaría todavía más leña al fuego de la recesión. El problema de la economía española desde el punto de vista fiscal es de tal envergadura que desde luego no se arregla con soluciones de emergencia como la subida los impuestos especiales, que sólo servirá para recaudar unos 2.600 millones de euros adicionales, apenas el 0,2% del PIB. Se ha hablado de elevar la tributación de las rentas del capital, pero tampoco parece que por esta vía haya mucho que rascar. Las retenciones del capital mobiliario ascendieron el año pasado a 6.169 millones de euros, lo que desde luego no es suficiente para equilibrar las cuentas públicas. Y tampoco parece que subir el tipo marginal máximo del IRPF para los más ricos sea una solución por su escaso impacto recaudatorio, al margen de su indiscutible equidad tributaria. Como tampoco parece razonable elevar la carga fiscal de las empresas en unos momentos en los que los beneficios están en caída libre, muchos analistas han puesto sus ojos en el IVA, un impuesto con gran potencia recaudatoria. Y aquí surge la propuesta más razonable de todas las que se han puesto hasta ahora sobre la mesa. Subir el IVA en dos o tres puntos, pero a cambio de rebajar las cotizaciones sociales, lo que aliviaría las cargas fiscales para las empresas y los trabajadores, que de esta manera compensarían el hecho de que los bienes de consumo sean más caros. Es una idea que han planteado ya un montón de expertos y que merece ser atendida, o al menos escuchada. De lo contrario el derrumbe de la recaudación se perpetuará como una maldición bíblica. EL CONFIDENCIAL. 17-6-2009 Editorial. Expansión LA HOJA DE RUTA DEL BANCO DE ESPAÑA Desde que la crisis empezó a ofrecer su peor cara, y al presidente Zapatero no le quedó otro remedio que admitir su existencia, las respuestas del Gobierno para combatirla han sido improvisadas, deslavazadas y populistas. En ese mosaico de medidas ha habido prácticamente de todo. Pero si hubiera que buscarle un denominador común, ese sería el imprudente aumento del gasto como el gran salvavidas. Una táctica cortoplacista fundamentalmente destinada a contener el descontento social para ganar tiempo a la espera de que la recuperación mundial revitalice la economía española. El resultado será un colosal déficit público del 10% este año. Pero lo que no ha habido hasta ahora, ni siquiera algo parecido, es una hoja de ruta coherente, con medidas de calado, que transmita a la opinión pública el mensaje creíble de que el Gobierno está realmente gestionando la salida de la crisis, un requisito indispensable para devolver la confianza en la economía. En estas circunstancias, el discurso de Fernández Ordóñez ante el Consejo del Banco de España podría entenderse como el guión de esa necesaria hoja de ruta, aún en blanco. El gobernador afirma que lo peor del proceso de contracción de la economía ya habría pasado, pero se corre el riesgo de que el perfil de la recesión adopte en España la figura de una L, en la que el brazo horizontal se alargue durante un periodo muy dilatado en el tiempo si no se hacen bien los deberes. La excesiva apelación al gasto público sólo puede sostenerse bien con una elevación de la deuda, que podría exceder el umbral del 60%, o bien optando por el recurso fácil, pero nada deseable, del aumento de impuestos. El Gobierno ya ha empezado por elevar la fiscalidad del tabaco y de los hidrocarburos, y no se oculta en reconocer que revisará al alza otras figuras tributarias, incluido el IRPF. Justo lo contrario de lo que recomienda el Banco de España, para evitar que las subidas de impuestos acaben por “esterilizar” los efectos expansivos de las medidas adoptadas. Sería lo peor que podría ocurrir. Esto es, que el vaciado de las arcas públicas no haya servido para nada. De ahí que Fernández Ordóñez acierte al considerar “prioritaria la pronta definición de un estrategia creíble que contemple la reducción del déficit”. Esto exige que el Gobierno abandone las veleidades fiscales y aplique una política de austeridad. Pero eso es sólo una parte de la necesaria hoja de ruta para aumentar la productividad, y que el Banco de España considera que debe contemplar reformas en el mercado laboral y en la educación, mejorar el entorno competitivo de las empresas, profundizar en la innovación, y dar un impulso liberalizador a los servicios, a las telecomunicaciones, a la energía y al transporte ferroviario. Como advierte el gobernador, estos son requisitos para lograr un nuevo patrón productivo que permita tasas de crecimiento potencial elevadas. EXPANSIÓN. 17-6-2009