Lucha abierta por la renovación del CGPJ

El CGPJ decide todos los nombramientos importantes de la carrera judicial, desde el presidente y los jueces del Tribunal Supremo a los presidentes de Tribunales y Salas, y propone la elección de dos magistrados del Tribunal Constitucional. A nadie se le escapa que las mayorías parlamentarias que eligen a sus miembros pueden proponer a jueces ideológicamente más afines. Pero sobre todo la renovación de una institución crucial del Estado de Derecho es, más allá de “los cambalaches entre partidos”, un Pacto de Estado.

Desde hace dos años está pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, una de las más altas instancias del Estado.

Es importante recordar todo esto para tratar de responder a la pregunta del millón, ¿por qué después de dos años se ha desatado esta batalla a campo abierto por la renovación del CGPJ?

Pedro Sánchez declaraba  el pasado 25 de septiembre, el mismo día que se celebraba la apertura del año judicial, que en agosto PP y PSOE tenían pactado”un acuerdo al 99%” para la renovación del CGPJ. Un acuerdo que Pablo Casado rompió “inexplicablemente” según Sánchez. Y que Casado atribuye a las críticas de Pablo Iglesias a la monarquía, tras la salida del rey emérito de España el pasado cuatro de agosto, apenas dos meses después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumiera la investigación a Juan Carlos I por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales por las comisiones del AVE a la meca.

No es la primera vez que un pacto de este tipo salta por los aires de la forma más insospechada.

El 12 de noviembre de 2018, PSOE y PP anunciaron otro acuerdo para la renovación del CGPJ, un mes antes de que caducara su mandato, que incluía la elección como presidente del juez Manuel Marchena, en ese momento presidente de la Sala Penal del Supremo, la Sala Segunda, la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del gobierno. La designación de Marchena como presidente del CGPJ obligaría a modificar la composición del Tribunal Supremo que iba a juzgar a los responsables del procés acusados de rebelión, de forma que las funciones de Marchena -ponente también de la sentencia- pasarían a ser asumidas por el magistrado “progresista” Martínez Arrieta.

Un whatsapp enviado por el portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, al grupo de senadores del PP hizo saltar el acuerdo por los aires. En el mensaje, Cosidó justificaba el pacto con el PSOE: “Controlando la Sala Segunda desde detrás. (…) Con otras palabras… ponemos un Presidente excepcional…”, en clara referencia a situar a Manuel Marchena como presidente del CGPJ. Y añadía: “(…) En cualquier caso sacar a De Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP”. José Ricardo de Prada era el juez que había juzgado la Gürtel y condenado al PP como beneficiario de la trama corrupta, sentencia que dio pie a la moción de censura contra Rajoy.

En un artículo publicado en deverdaddigital.com, titulado “Mucho más que un problema judicial”, Joan Arnau señalaba cómo: “La renovación del CGPJ era un “pacto de Estado” {Además de implicar a PP y PSOE incluía también a Podemos, entonces fuera del gobierno, a quien los socialistas le habían cedido una plaza} (…), suponía un “cortafuegos” al desprestigio de la justicia, tras la infausta maniobra en el Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. Permitía una mayor flexibilidad en el juicio a los dirigentes del procés, al cambiar la composición de la sala que lleva el caso. Y contribuía a generar estabilidad en un clima político enrarecido”. Y se preguntaba si lo único que hay que buscar es la injerencia de los políticos en la Justicia “¿O existen factores y actores más poderosos que se nos ocultan?”

Entre otras consecuencias la voladura de aquel acuerdo generó más inestabilidad y contribuyó a los intereses de quienes buscaban la no aprobación de los presupuestos, acortar la legislatura y adelantar las elecciones.

¿Por qué ahora se ha vuelto a dinamitar un acuerdo que según Pedro Sánchez parecía hecho?

A cuenta del la renovación del Poder Judicial la crispación que envenena la política española ha subido los decibelios.

PSOE y Unidas Podemos han puesto en marcha un atajo para sortear el bloqueo del PP presentando una proposición de ley para reformar la ley orgánica por la que se rige la elección de los vocales del CGPJ en el Parlamento, de forma que puedan ser elegidos por mayoría absoluta en vez de la mayoría reforzada de 3/5 que se requieren actualmente.

El PP (y Vox) redobla el pulso, presenta una contrarreforma y mantiene sus condiciones para sentarse a negociar una posible renovación: que el PSOE retire la reforma de la ley y que Pablo Iglesias y Podemos se queden fuera de las negociaciones. Tanto por sus declaraciones sobre la monarquía, como por la “imputación” de Pablo Iglesias en el “caso Dina” por el juez García Castellón, que pide al Tribunal Supremo que le investigue.

Y como no podía ser menos también la Unión Europea ha aparecido en la escena. Por una lado reclama la renovación urgente del Poder Judicial. Y por otro avisa al gobierno de que la reforma que propone puede vulnerar las reglas comunitarias.

El estallido del acuerdo que tenían PSOE y PP para renovar el CGPJ ahonda la situación de inestabilidad y confrontación al servicio de quienes buscan sacar beneficio de la situación que vive el país bajo la doble pandemia sanitaria y económica.

Debajo de esta lucha abierta hay en juego intereses judiciales, como la investigación de la presunta corrupción del rey emérito en el Tribunal Supremo, o qué va a pasar con la imputación de Pablo Iglesias… Pero sobre todo está en juego en qué marco de estabilidad o crispación se van a negociar los Presupuestos, la distribución de los fondos europeos y las medidas que puedan impedir que los costes y recortes de esta doble crisis recaigan otra vez sobre las clases populares. En última instancia, en qué condiciones y con qué límites podrá o no gobernar el gobierno de coalición bajo la influencia del viento popular.