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La octava ley educativa de la democracia española, más conocida como la LOMLOE o Ley Celaá, nace envuelta en controversia, algo nada raro en estos tiempos de bronca política perpetua. Frente a una denostada Ley Wert que fue aprobada por el PP en solitario, la Ley Celaá cuenta tanto con defensores como con detractores. ¿Cuáles son los puntos de fricción? ¿Es la ley que necesita el país y la comunidad educativa?
Por 177 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País), 148 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, PRC y la CUP) y 17 abstenciones (PdeCat, JxCat, Bildu, BNG, Nueva Canarias y Teruel Existe), y en medio de un intenso debate, la LOMLOE ha sido aprobada.
Viene a enterrar una nefasta Ley Wert. Un marco educativo que degradaba y elitizaba la educación, que fomentaba la segregación y hacía enormes concesiones a la privada. Que reinstauraba las reválidas en 6º de primaria y 4º de la ESO. Que instauraba unos directores a dedo y restaba capacidad de decisión a los consejos escolares, quedando como meros órganos consultivos.
El fin definitivo de la Ley Wert -aprobada en 2013 «a rodillo», en contra de todos los demás partidos y de la práctica totalidad de toda la comunidad educativa- es una buena noticia. Y se ha conseguido por la fuerza de la movilización ciudadana, de un viento popular que ha mandado al PP a la oposición, y ahora al vertedero a su LOMCE.
Ahora bien, ¿eso hace buena a la Ley Celaá? La respuesta es que tiene claros… y oscuros.
El ruido y lo real sobre la polémica del castellano
La Ley Celaá ha recibido la frontal oposición de PP, Ciudadanos y Vox, que respaldan las movilizaciones de la Plataforma Más Plurales, formada por asociaciones de familias, alumnado, sindicatos y diferentes colectivos de la educación concertada, muchos de ellos vinculados a la Iglesia. Casado recurrirá la LOMLOE ante el Constitucional y Ayuso presentará una «reforma en sentido contrario» en Madrid.
Una de las denuncias que formulan hace referencia a que la nueva ley «discrimina al castellano como lengua vehicular». Pero esto no es exacto. La LOMLOE no hace mención al castellano como lengua oficial y vehicular de la educación -tampoco lo hacían las leyes anteriores a la LOMCE-, sino que dice que la educación se hará de acuerdo con la Constitución y que se garantizará el derecho a recibir educación en castellano.
Es cierto que el Estatut de Cataluña establece solo para el catalán la categoría de lengua vehicular en ese territorio. Pero la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional fija que el catalán no es «la única que goza de tal condición, [sino que es] predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña”.
Resumiendo: la LOMLOE ni quita ni pone nada nuevo en esa pugna. La justa lucha de los padres castellanoparlantes en Cataluña por que sus hijos reciban clases en la lengua de su elección no queda ni debilitada ni reforzada con la Ley Celaá.
¿Qué pasa con la privada?
El verdadero caballo de batalla de la Plataforma Más Plurales no es la lengua, sino la pela. De los ocho millones de alumnos que hay entre primaria y secundaria, algo más de dos millones lo hace en escuela concertada, y de ellos el 70% en centros religiosos. Estos centros han visto aumentar su financiación pública en un 25% en la última década (hasta los 6.179 millones), frente a los recortes o al magro incremento de los colegios públicos.
Los detractores dicen que la LOMLOE arremete contra la concertada. Pero lo cierto es que los Presupuestos Generales del Estado prevén un aumento de su financiación del 5%. Hay que recordar que España es, junto a Polonia, uno de los pocos países de la UE que subvenciona la educación privada. Hasta en la muy católica Italia, la Constitución prohíbe dedicar dinero público a conciertos con los centros privados.
Lo que hace la Ley Celaá con la concertada son cuatro cosas. Una, elimina la expresión de «demanda social» para ampliar plazas en la concertada. Este término de la Ley Wert venía a decir que si las familias lo pedían, había que darles más plazas en escuelas concertadas, no en públicas. Es decir, plazas financiadas con dinero público pero en escuelas privadas. Y así se favorecía a la concertada en los barrios donde no existía escuela pública.
Dos, pone fin a las tasas irregulares. Pese a estar financiadas con fondos públicos, estas escuelas imponen a las familias cuotas que no son voluntarias, debido a la cantidad de consecuencias que conlleva no pagarlas. La LOMLOE prohíbe estas prácticas: ningún centro podrá cobrar por impartir enseñanzas de carácter obligatorio. Y aquí es donde se toca el bolsillo.
Tres, la LOMLOE incorpora medidas para reducir la concentración de alumnado vulnerable en determinados centros, sea por causas económicas o porque tengan necesidades especiales, en uno de los sistemas educativos más segregadores de Europa. Algo que obliga a la concertada a incorporar alumnos que hasta ahora no aceptaba, o lo hacía muy residualmente.
Y cuatro, la Ley Celaá elimina la segregación por sexos -ya en muy pocos colegios concertados- y prohíbe ceder suelo público para la construcción de centros concertados y solo permitirá hacerlo con los públicos. Algo que pincha la burbuja de centros privados, que han proliferado al calor de la Ley Wert.
También hay oscuros
La Ley Celaá apuesta por reforzar la educación pública e introduce avances en la inclusión. Pero tiene puntos controvertidos, decepcionantes o negativos.
Otra de las polémicas hace referencia a la educación especial. La LOMLOE potencia que los alumnos con necesidades especiales -salvo casos muy específicos- sean incorporados a los centros ordinarios, buscando la máxima integración. Sobre si esto es lo idóneo hay un debate no resuelto y anterior a la Ley Celaá. Hay padres que apuestan por esto, y padres que exigen centros donde a sus hijos se les dé una educación especializada que atienda a sus necesidades.
Otro de los eternos debates es la repetición de curso, que con la LOMLOE se convierte en una medida de carácter excepcional, promocionándose los alumnos de forma semiautomática. Este es otro debate en el que hay diferentes posturas en la comunidad educativa. Los críticos dicen que baja aún más el listón, desincentivando aún más la cultura del esfuerzo.
Algunos puntos negativos. Los directores siguen eligiéndose por la Administración, no por el claustro. Se puede contratar a docentes sin máster específico. Las plazas de inspectores ya no se ganarán mediante oposición. Una decisión que no ha gustado en el sector educativo ya que defienden que da paso al ‘enchufismo’.