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Los hechos no han hecho sino confirmar la confesión del propio Puigdemont, transmitida al exconseller Toni Comín a través de unos ya archiconocidos mensajes: “El plan Moncloa triunfa. Supongo que tienes claro que esto ha acabado”.
Los círculos más agresivos del independentismo siguen aferrados a la figura de Puigdemont, e intentan maniobras a la desesperada. Pero la realidad ya es otra completamente diferente.
Seguiremos viviendo una grave situación y ataques contra la unidad, pero incluso buena parte de las élites independentistas han asumido ya que el procés -entendido como un proyecto cuyo único fin era forzar un enfrentamiento con el Estado para ejecutar la desconexión con España- no tiene ya recorrido político.
El mismo día que Puigdemont y su núcleo más cercano en Junts per Catalunya anunciaban alternativas para mantener vivo el procés, desde el resto de sectores del independentismo les daban nuevamente la espalda.
En Bruselas, Puigdemont proponía su investidura para crear en Bélgica un Consell de la República que dirigiría al Govern que tomaría posesión efectiva en Barcelona.
Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya, defendía un cambio exprés de la Llei de Presidencia para facilitar la investidura de Puigdemont por el Parlament catalán, asumiendo que su estrategia pasa por desobedecer al Constitucional y poner al Estado contra las cuerdas.«La movilización de la mayoría social en defensa de la unidad, junto a la respuesta desde el Estado, han hecho fracasar el procés»
Mientras eso sucedía se difundían las declaraciones ante el juez de Oriol Junqueras, cabeza de ERC encarcelado, en las que frente a la vía unilateral defendía que “hay recorrido amplio en el marco de la Constitución”.
Y Nuria Gibert, portavoz de la CUP, afirmaba que “el procés no puede quedar condicionado a una sola persona”, abriéndose a la posibilidad de proponer otro candidato a la presidencia que no fuera Puigdemont.
Todo se ha desencadenado a gran velocidad tras la fallida sesión de investidura de Puigdemont el pasado 30 de enero.
Los días previos, Junts per Catalunya se había empeñado en cerrar un acuerdo con ERC y la CUP para impulsar “una asamblea constituyente que materialice la república”.
Pero ERC contestó, a través del presidente de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, aplazando sine die la sesión de investidura.
La comparación entre lo que ocurrió en el Parlament de Catalunya los pasados 6 y 7 de septiembre y lo sucedido el 30 de enero evidencian el cambio en la correlación de fuerzas política en Cataluña, de forma favorable a la defensa de la unidad y desfavorable para el avance de los proyectos de ruptura.
Hace cinco meses todas las fuerzas independentistas actuaron en bloque para desobedecer los mandatos del Tribunal Constitucional, pulverizar el reglamento de la cámara, imponiendo el rodillo de la mayoría parlamentaria independentista frente a todos los diputados de la oposición para aprobar la ley de referéndum, que daba luz verde al referéndum del 1-O, y la ley de transitoriedad y fundacional de la república, que anunciaba la ejecución de la ruptura.
Cuatro meses después, la Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent, de ERC, ha adoptado una posición completamente diferente. Se ha negado a desafiar a la justicia española y ha aceptado los límites y la autoridad del Tribunal Constitucional, presentando alegaciones y fiándolo todo a sus resoluciones.
En el independentismo son cada vez más las voces que apuestan por el “realismo”, asumiendo que ya es imposible persistir en la vía unilateral y en un desafío al Estado que saben perdido de antemano. Colocando como única prioridad la investidura de un gobierno efectivo, que les devuelva el control sobre el aparato de la Generalitat. Un camino incompatible con un Puigdemont al que es necesario “sacrificar”.
La movilización de la mayoría social en defensa de la unidad, junto a la respuesta desde el Estado, han hecho fracasar el procés.
La correlación de fuerzas política es hoy mucho más favorable para la defensa de la unidad, y mucho más desfavorable para los que apuestan por la fragmentación, que la que existía el 1-O.
Pero eso no quiere decir que el problema esté resuelto. A pesar de su retroceso y debilidad, las fuerzas independentistas podrán formar gobierno, aún prescindiendo de Puigdemont o marginándolo a un papel simbólico.
Sigue siendo necesario dar la batalla, en Cataluña y en el resto de España, por la unidad, haciéndolo desde la posición de poner en primer plano los intereses comunes del conjunto del pueblo trabajador.