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Acorralado por las críticas por la masacre de indígenas amazónicos ocurrida el viernes en la selvática localidad de Bagua, que ha dejado más de 50 muertos, entre nativos y policías, el gobierno del sátrapa. Alan García ha endurecido su discurso represivo y se defiende acusando a los indígenas por la violencia. Las comunidades selváticas están en pie de lucha contra el gobierno desde hace dos meses, exigiendo la derogación de una serie de leyes que promueven el ingreso a la Amazonía de empresas multinacionales para explotar hidrocarburos, madera y biocombustibles sin consultarles a las comunidades indígenas, cuyas tierras se verían afectadas por el saqueo y contaminación. Tratando de justificar la represión, el gobierno ha denunciado que la protesta indígena formaba parte de una supuesta «conspiración internacional» para derrocarlo.
En un discurso ante un auditorio formado or militares, García habló de un «complot contra la democracia», el cual, según su versión de la realidad, estaría promovido por sus opositores internos y por «intereses extranjeros», que, señaló, «han manipulado a los indígenas y los han azuzado a la violencia». García no identificó los «intereses extranjeros» de los que habló, pero el portavoz parlamentario del partido de García el APRA, Aurelio Pastor, fue más explícito y acusó directamente a los gobiernos de Venezuela y Bolivia de promover las protestas indígenas. El líder de la protesta indígena, Alberto Pizango, a quien el gobierno pretende responsabilizar de la muerte de los 24 policías fallecidos en los enfrentamientos con los nativos, pidió ayer asilo en la embajada de Nicaragua. El gobierno había desatado una cacería policial contra Pizango, acusado de rebelión, ataque a las fuerzas armadas y homicidio, entre otros delitos. El anuncio del pedido de asilo lo hizo el primer ministro, Yehude Simon, durante una larga y accidentada presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, marcada por las acusaciones a gritos entre el gobierno y la oposición.Simon acudió al Congreso acompañado de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. Ambos repitieron el discurso oficial de culpar de la violencia a los indígenas y a supuestos «agitadores», tanto internos como externos. La oposición, encabezada por el Partido Nacionalista (PN), del ex candidato presidencial Ollanta Humala, acusó al gobierno de tener las manos manchadas de sangre y exigió las renuncias de Simon y Cabanillas, que respondieron apuntando el dedo acusador contra el PN, al que responsabilizaron de «haber azuzado la violencia» al respaldar las reclamaciones de los indígenas.»Ignorantes», «salvajes», «cobardes», «asesinos de policías», «terroristas» son algunos de los epítetos que los principales portavoces del gobierno han disparado contra los indígenas en los días siguientes a la masacre de Bagua. En la Amazonía, que ha sido militarizada, los nativos han comenzado a replegarse a sus comunidades en la zona de la masacre amedrentados por el toque de queda del ejército y las detenciones y desapariciones de un centenar de indígenas, pero en otras localidades de la Amazonía, como Yurimaguas, mantienen bloqueadas algunas vías. Los indígenas han acusado a las fuerzas de seguridad de estar desapareciendo los cadáveres de nativos caídos en la represión policial, arrojándolos al río o cremándolos, y aseguran que hay cerca de un centenar de desaparecidos. El gobierno insiste en reconocer solamente la muerte de nueve nativos, cifra desmentida por todas las versiones que llegan de la zona de la matanza y que coinciden en que los nativos muertos son alrededor de treinta.A pesar de la increíble matanza de los nativos y las bajas policiales, el problema de origen de la violencia en la amazonía subsiste. Y no será con toques de queda y más violencia el final de la confrontación entre el gobierno y los pueblos originarios amazónicos, tratados como ciudadanos de tercera categoría. Los dirigentes indígenas de las etnias shawis, chayawitas, candoshi, cocama-cocamilla y shipibos, continúan en pie de lucha en respaldo a Alberto Pizango, ellos tienen bloqueada la carretera Tarapoto-Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas. Otros líderes nativos, de las diferentes regiones de la selva, han asegurado continuar la lucha hasta que los decretos legislativos ilegales sean derogados; además, todos en su conjunto luego de constatar la feroz agresión militar y policial en Bagua y el genocidio perpetrado por el gobierno con la desaparición de cadáveres y el maltrato a los heridos, tratando de meterlos presos a pesar de su condición de víctimas, vienen exigiendo la renuncia de Alan García y su enjuiciamiento inmediato. «Alberto Pizango tiene el respaldo de todas las comunidades indígenas y le pedimos que no dé un paso atrás» es una voz unánime en la Amazonía. Y ha hecho muy bien Pizango con pasar a la clandestinidad ante la falta de garantías de un poder judicial títere del gobierno.El gobierno ha señalado que la derogación de estas normas legales pondría en riesgo el TLC con Estados Unidos y ha decidido mantenerlas a sangre y fuego. La negativa del gobierno a derogar estas leyes hizo imposible el diálogo con los indígenas, y el conflicto fue escalando hasta que el viernes se desencadenó la masacre, luego de que el gobierno ordenara a la policía reprimir a los nativos a sangre y fuego.La estrategia de el gobierno del sátrapa Alan García, llevar a la mesa de negociación a los dirigentes indígenas, sin tener ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo. El gobierno trataba de tomar tiempo en su lucha por defender los derechos adquiridos por los monopolios y la oligarquía fiel al imperialismo en su objetivo de convertir la selva peruana en un inmenso erial, fruto de la explotación de la madera, el petróleo y los prósperos cultivos de soja transgénica para producir biocombustibles. De tal forma que ante la opinión publica hacia parecer a los intransigentes y egoístas indígenas, que no luchan por el «bien común» y el desarrollo de la nación. Dividiendo y enfrentado al pueblo entre si. Preparando el terreno para sacar su verdadera cara fascista y genocida, dando la orden al ejército y la policía de entrar en la selva a sangre y fuego. El siguiente paso es tildar a los indigenas de subversivos «senderistas», perseguir a sus lideres, utilizar la escusa de la guerra contrainsurgente, para tener al ejercito en la selva y sus comandos de aniquilamiento. La orden del satrapa Alan García y su partido es clara, acabar de la forma que sea con el movimiento indígena. El presidente peruano y su partido tiene un largo historial como genocidas en la defensa de los intereses del imperialismo y sus monopolios. En la memoria de los peruanos está la matanza de los penales de Lima o el infame comando «Rodrigo Franco», un escuadrón de la muerte formado por el gobierno de Alan García en su anterior gobierno, que utilizo la escusa de la guerra antisubversiva, para hacer desaparecer a dirigentes sindicales, estudiantiles en la década de los ochenta. Fujimori no es el único genocida que queda por juzgar en Perú. A la hora de defender los derechos de los monopolios y la oligarquía vendepatrias de Perú, Alan García Pérez y su partido el APRA, desvelan su autentica cara genocida y fascista.