El congreso de Perú interpela a el gobierno por la masacre

Los sátrapas contra las cuerdas

El primer ministro peruano, Yehude Simon y la ministra del Interior, Mercedes «doverman» Cabanillas, serán interpelados este jueves en el Congreso de este paí­s, por los violentos hechos ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio, donde murió un número indeterminado de personas tras la represión policial contra una protesta indí­gena que demandaban la derogatoria de unos decretos que atentan contra las tierras de los indí­genas.

Se esera que el la interpelación inicie aproximadamente en una hora, y para que Simon sea censurado tiene que haber 61 votos a favor de la resolución, de un total de 120 congresistas, «pero creemos que esto no se va a dar, puesto que hay seis parlamentarios del Partido Nacionalista suspendidos desde la pasada semana». Los indí­genas amazónicos llevaban más de un mes en protestas por el rechazo a un paquete de leyes que consideraban perjudiciales a sus derechos ancestrales, por lo que exigí­an su derogatoria. Las normas derogadas formaban parte de un paquete elaborado por el Ejecutivo para adecuar su legislación a los pedidos de Estados Unidos, tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones.Después de las violentas protestas, Simon anunció su intención de dejar el cargo en las próximas semanas, aunque luego el presidente peruano, Alan Garcí­a, lo ratificó en su cargo. El efecto de esta crisis se vio reflejado en una caí­da en la popularidad de Garcí­a, quien perdió nueve puntos en su aprobación a nivel nacional desde mayo pasado y bajó a 21 por ciento este mes. En medio del conflicto, también se presentó la renuncia de Carmen Vildoso al ministerio de la Mujer, en rechazo el tratamiento dado por el Gobierno a los nativos.El conflicto nativo se ha visto agravado por una serie de protestas de campesinos, que en los últimos dí­as se alzaron en pie de lucha en rechazo a una serie de decretos gubernamentales, que obligaron al ministro Simon a visitar las zonas afectadas, para llegar a un acuerdo que levantara la protesta. En dí­as pasados, el premier peruano habí­a admitido que su paí­s «todaví­a sigue siendo ajeno a los movimientos nativos y a los pueblos andinos», mientras agregó que «hay que poner el hombro» para involucrarse «más con ellos».El Congreso decidió ampliar la segunda legislatura ordinaria, que debí­a concluir el 30 de junio, hasta el 3 de julio para poder debatir las mociones de censura que se presenten después de la interpelación. Acorralados por la masiva protesta popular contra la masacre, los sátrapas del gobierno intentan culpar a la oposición y a la intervención foránea, de instigar la violencia. Su estrategia después de la derogación de las leyes, es la misma de antes dividir al pueblo para volver a implantar el saqueo de la selva más tarde.Preocupados por el prestido que el partido de Humala ha adquirido al apoyar a los indí­genas y sus dirigentes, sus ataques no se han hecho esperar. Ante una posible interpelación ya se han encargado de crear una comisión de investigación, contra los congresistas del partido Nacionalista, que fuero apartados de sus cargos, con el apoyo de los partidos de la derecha y el partido de el convicto genocida Fujimori. Dicha comisión se encargara de endilgarle la culpa de los muertos a la Oposición, los perseguirán por «chapistas» y agentes de intereses extranjeros contra el progreso de PerúSimon acusó a Humala por los «actos de violencia» en Bagua en el que los originarios protestaban pací­ficamente por una serie de decretos aprobados por el Ejecutivo sobre la propiedad de las tierras. «Que no se sienta el señor Humala como un vencedor porque también tiene responsabilidad. Y cuando salga una comisión investigadora, veremos la responsabilidad del señor Humala, quien se siente ufano de que ahora quiere tomar el nombre de los nativos», manifestó.En respuesta Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia y recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo. El presidente Alan Garcí­a acusó a los indios de «terroristas» y habló de una «conspiración internacional», en la que según sus ministros estarí­an involucrados Bolivia y Venezuela..

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