El pasado 30 de octubre se firmaba definitivamente el acuerdo por el que Colombia cede 7 bases militares a EEUU, tanto aéreas como navales, para la instalación y utilización por tropas norteamericanas, así como el derecho de aterrizaje en los aeropuertos civiles internacionales y el control del espacio aéreo y las aguas territoriales de Colombia.
Un acuerdo que ha levantado la alarma en toda Iberoamérica –y en articular en la región andina– por la capacidad de control, injerencia e intervención militar que otorga a EEUU en el continente.Tanto el gobierno colombiano como el norteamericano argumentan que el acuerdo tiene como única intención intensificar la lucha contra el narcotráfico. Pero, en paralelo a la firma del acuerdo en Bogotá, la revista colombiana Semana hacía público un informe del Pentágono que despeja cualquier duda sobre sus verdaderos objetivos.En una sola frase, el documento del Departamento de Defensa de EEUU desvela la sustancia del acuerdo. En ella se dice que poder utilizar la base colombiana de Palanquero es una “oportunidad única” para poder hacer un “completo espectro de operaciones” en una región “crítica” donde la “seguridad y la estabilidad están bajo constante amenaza” no sólo por narcoterroristas, sino –y esto es lo más revelador– por “gobiernos antiestadounidenses”.El documento, remitido por el Pentágono al Congreso para solicitar la aprobación de los 46 millones de dólares que va a invertir en el “desarrollo de la base aérea” de Palanquero, es el primero de carácter oficial donde se menciona explícitamente el interés de Estados Unidos en utilizar las bases colombianas para mantener la “seguridad y estabilidad” frente a regímenes hostiles a Washington.El gobierno colombiano siempre ha negado que con la cesión de la utilización de las bases estuviera dando permiso para que usen contra otros países. Pero la versión del Pentágono desmiente categóricamente esta afirmación y justifica sobradamente tanto la alarma regional desatada como el recrudecimiento de las tensiones con los países vecinos de la región andina, especialmente con Venezuela.Hasta el propio Consejo de Estado colombiano –a quien Uribe encargó un informe para luego hacer caso omiso de sus conclusiones– ha puesto en entredicho la constitucionalidad del acuerdo. En primer lugar porque al ser un pacto que otorga atribuciones nuevas en materia de soberanía nacional debería ser refrendado por el Congreso y el Senado, algo de lo que Uribe ha huido como de la peste. También porque, según el alto Tribunal, se trata de “un acuerdo desbalanceado”, en el que Estados Unidos manda y Colombia figura como cooperante. Por último, duda de su constitucionalidad porque, dados los términos en que está redactado, no queda claro lo que está permitiendo, dejando numerosas puertas abiertas para que su desarrollo cambie el contenido total del mismo.Algo está cambiando, y a peor, en la política norteamericana hacia Iberoamérica tras la llegada de Obama. Los tambores de guerra suenan cada vez con más fuerza a medida que Washington alienta una especie de “guerra fría” no declarada en la región. Romper el frente antihegemonista iberoamericano a cualquier precio parece haberse convertido en una de las prioridades de la política exterior del tándem Obama-Clinton.Hablar de un escenario prebélico en la frontera entre Colombia y Venezuela puede parecer exagerado, pero la dinámica de los acontecimientos es inquietante y la escalada de la tensión –a la que ha venido a echar gasolina la instalación de tropas yanquis– es incesante, agravada porque los gobernadores de los dos principales Estados venezolanos fronterizos (Zulia y Táchira) están en manos de dos furibundos opositores antichavistas.A las buenas maneras diplomáticas desplegadas por Obama en la última Cumbre de las Américas, han seguido una serie de agresivos movimientos político-militares –golpe de Estado en Honduras, instalación de bases militares yanquis en Colombia y próximamente en Panamá,…– que no presagian nada bueno. Reforzar aceleradamente y ampliar al máximo los vínculos de unidad antihegemonista, manteniendo la firmeza ante la injerencia y las presiones de Washington ha pasado a ser uno de los principales retos de los gobiernos progresistas, de izquierdas y antiimperialistas de toda Iberoamérica.