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La deuda pública crece se ha incrementado en 46.100 millones de euros en el primer cuatrimestre del año pero esto no ha frenado la llamada política de avales públicos, que desde el inicio del año aumenta enormemente. Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado hasta el pasado mes de abril el Estado ha avalado emisiones de deuda de la banca privada por valor de 34.048 millones de euros.
A inicio del año este aval era de 8.051 millones de euros, hoy se ha multilicado por cuatro. La crisis ha forzado a los tesoros nacionales a avalar las emisiones de las entidades privadas para asegurar su colocación en los mercados financieros. Porque de otra manera nadie los compra. La cuestión es que este aval no tiene ninguna garantía, ni beneficio para el Estado; todo lo contrario, entraña extraordinarios riesgos. Si una entidad no puede pagar los intereses de ese título de deuda a su comprador será el aval (los fondos del Estado) quien debe responder con su dinero. En el caso español, los datos ponen de relieve que la banca ha absorbido ya algo más de la tercera parte del tope aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, y que ascendía a 100.000 millones de euros, aunque esta era sólo una cifra de referencia a la que no se tendría por qué llegar. Es más, el gobierno podría tomar la decisión de que por la situación del país y el riesgo que tienen estas operaciones, no se destinarán más recursos a los “avales” de la banca. Para que un banco o caja de ahorros ponga en el mercado títulos de deuda el Estado tiene que avalarlos. Por esto el Tesoro debe cobrar una comisión que anualmente se fija en los Presupuestos Generales. Esta comisión debe reflejar “el riesgo que asuma el Estado en cada operación”, pero con los tiempos que corren el riesgo de estas operaciones se compensa el irrisorio pago de las entidades bancarias. Junto a la política de avales, el otro pilar de la intervención del Estado en el sistema crediticio está en la compra de deuda bancaria: el Tesoro ha adquirido activos por valor de nada menos que 19.300 millones de euros. ¿Pero hay alguna garantía de que estos activos no sean “tóxicos”? ninguna ¿es un buen negocio para el Estado que guarda el dinero de todos los españoles? Por su puesto que no.Estos son los favorcitos de nuestro gobienroa la banca, miestras el país se demorona.Todo este dinero y esfuerzo del Estado a “salvar” la banca como sea, debería dedicarse a la generación de riqueza y empleo fortaleciendo la economía productiva, las pymes y las familias.