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El govern de Torra solo ha aprobado una ley nueva en el año largo transcurrido desde su formación. Ahora que conocemos el contenido de la que pretenden aprobar el próximo otoño, los catalanes prefieren que continúe su inactividad.
Se trata de la conocida como “Ley Aragonés”, impulsada por el vicepresident y conseller de Economia i Hisenda, el hombre fuerte de ERC, Pere Aragonés. Amparándose en la transposición de una normativa europea, regula los contratos “a terceros” en sanidad, educación y servicios sociales, de forma que se abre la puerta a una “externalización” masiva -eufemismo para referirse a privatización- de más servicios públicos.
El articulado de la ley dedica seis páginas a una pormenorizada relación de todos los servicios públicos que se pueden “externalizar”… y cero a señalar sectores donde pueden revertirse privatizaciones. Toda una declaración de intenciones.
No tienen suficiente con los recortes ya ejecutados, y ahora quieren privatizar más servicios públicos
Entre los servicios cuya gestión puede pasar a manos privadas están ámbitos educativos (preescolar, educación especial, tutoría o comedor escolar), sanitarios (pediatría, ginecología, cirugía o personal médico) o servicios sociales (atención a ancianos, ayuda a la infancia, cuidados).
El anuncio de la tramitación de la “Ley Aragonés” ha provocado una oleada de rechazo.
La CUP ha denunciado que “conforma un ataque muy grave hacia los servicios públicos, ya que provocará la privatización de los que no lo estaban y la consolidación de privatizaciones ya existentes, que han provocado la degradación de la calidad”.
El secretario general de Metges de Catalunya, sindicato que impulsó las recientes movilizaciones contra los recortes en atención primaria, ha señalado que “es un paso más hacia la privatización de servicios básicos de los hospitales, como las urgencias o las cirugías. Externalizar es una forma moderna de decir privatizar”.
Mientras que la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac) ha declarado que “esta ley crea el marco juíridico para poder externalizar”. Y el sindicato CGT concluye rotundamente que “han abierto la puerta a la privatización total, que implica precarización de los trabajadores y beneficios para grandes empresas a costa de las arcas públicas, mercadean con nuestros derechos”.
Como “brazo izquierdo” del govern de Torra, ERC sigue la pauta marcada por las élites del procés, que se han convertido en el ejecutivo autonómico que más recortes sociales ha ejecutado. Ahora parece que no tienen suficiente, y se proponen privatizar más servicios públicos.
Cada vez está más claro que las élites del procés son perjudiciales para la salud y la educación de todos los catalanes.